Las familias de la Cañada Real continúan sin luz y mantienen la protesta (01/12/2020).

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El desgaste después de dos meses de protestas parece no hacer mella en la lucha vecinal de las familias del sector V y VI de la Cañada Real. Más ruidosas que nunca, con más unión que nunca, en la mañana de este lunes volvieron a traer su protesta al centro de la ciudad, esta vez frente a la consejería de Vivienda y Administración Local de la comunidad de Madrid, “para que los medios nos escuchan, para que la gente nos vea”.

Son 800 las familias que desde el pasado 2 de octubre se han quedado sin servicio. Unas 4.500 personas, de ellas 1.500 menores de edad, que ven dificultadas las tareas diarias más elementales, la ducha caliente, poder disponer de un ordenador o un móvil con la batería cargada para hacer las tareas y enviarlas a su profesorado. Lavar la ropa o, lo que es peor, que se seque en tiempos de frío y lluvias continuadas, como la semana pasada.

“Llevamos dos meses sin luz, la cosa está en negativo, seguimos sin tener respuesta, en las reuniones que tenemos con la Comunidad de Madrid, con los  comisionados, nos siguen diciendo que ellos no pueden hacer nada”, afirma Cristina Pozas, vecina del sector 5 e integrante de Comisión por la Luz de la Cañada.

Según explica, en los dos meses de protestas no han podido acceder a reunirse con los responsables de la empresa Naturgi, encargada del servicio en la zona afectada por el corte de luz. “Queremos reunirnos con ellos para que nos expliquen si hay una orden por parte de algún ministerio o de alguna administración de acometer esta medida de dejarnos sin luz, pero se niegan. Al menos, según testimonio del Comisionado de la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, que es el interlocutor y quien nos dice que la empresa no quiere estar presente en las reuniones que nosotros estamos teniendo. Así que son reuniones estériles del todo, en las que no llegamos a ningún punto”, lamenta esta vecina.

“Pedimos el restablecimiento de la luz ya, y que se termine la estrategia de que en el nombre de huertas ilícitas corten la luz a 4.500 personas, una población formada por niños, ancianos, enfermos, gente muy sana y trabajadora”

“Entonces nosotras creemos que las administraciones son las responsables últimas de la actuación de la empresa, porque ante el atentado contra la vida que estamos sufriendo, deben ser las administraciones las que respondan. Pedimos el restablecimiento de la luz ya, y que se termine la estrategia de que en el nombre de huertas ilícitas corten la luz a 4.500 personas, una población formada por niños, ancianos, enfermos, gente muy sana y trabajadora. Pero los pocos que estamos sanos vamos a caer enfermos por su culpa”, denuncia.

Para las vecinas no resulta casual que hace cuatro semanas, cuando las protestas vecinales empezaron a llegar a la opinión pública, saltaran en diversos medios de comunicación noticias sobre operaciones contra cultivos ilegales de marihuana.

“La primera justificación fue que quieren terminar con actividades ilícitas, eso ya se está saliendo totalmente de contexto, si hay personas capaces de analizar un poco qué son los cultivos, quién tiene que intervenir y cómo, que intervengan, no sé a qué están esperando para intervenir. La solución de ninguna manera puede ser dejar sin luz a 4.500 personas. Es tan absurda la excusa que a cualquier que la escucha le parece tan mediocre”, Pozas.

Situaciones que se agravan

Entre las vecinas que se acercaron a la manifestación está Fátima, vecina del sector 5, que reclama la urgente restitución del servicio. “Queremos una solución, queremos pagar, de verdad, queremos pagar. Tengo que lavar la ropa a mano. Somos 8 personas en mi familia, tengo 6 hijos, necesitamos una solución. No podemos estar así con este frío”, exclama.

“La niña lo lleva fatal, necesita wifi, hacer deberes, mandarlos al colegio y no tenemos posibilidad. Yo como madre tengo que salir afuera a cargar móviles, el ordenador, para dárselos a ella luego y que al menos pueda hacer algo mientras hay luz del día”

Tiene una niña que va a primero del bachillerato y a quien esta semana no hubiera podido lavar ni secar la ropa si no es por la ayuda de la familia de una compañera de clase. “La niña lo lleva fatal, necesita wifi, hacer deberes, mandarlos al colegio y no tenemos posibilidad. Yo como madre tengo que salir afuera a cargar móviles, el ordenador, para dárselos a ella luego y que al menos pueda hacer algo mientras hay luz del día. Eso hacemos todas”, describe.

Para Faouzia la situación es aún peor, con un niño de 10 años con problemas de autismo no encuentra solución para aliviar lo que está sufriendo su hija. “Lo lleva muy mal sin luz, porque para dormir no puede con la oscuridad, hay que tener por lo menos una bombilla encendida. Está todo el rato llorando y no hay solución, una vez que oscurece no hay solución”, lamenta.

“Todos nuestros hijos lo están pasando fatal, pero un niño con discapacidad es peor, porque no entiende que tengamos que estar sin luz. Te dicen venga, enciende la luz y lo lleva fatal. Los médicos le han subido la medicación porque está más nervioso, más alterado, no puede dormir. Va a un cole especial y los profesores nos han dicho que está muy nervioso con sus compañeritos. Y yo lo sufro el doble al verlo a él y no poder hacer nada. A un niño autista no sabes cómo explicarle lo que pasa y no sabes cómo solucionarlo”, enfatiza.

Denuncia en Fiscalía

Con la extensión del corte de luz, el personal sanitario que forma parte del Equipo de Intervención con Población Excluida (EIPE) —anexo al CS Ensanche de Vallecas—, responsable de la atención de la población que habita el sector VI de la Cañada Real Galiana, ha presentado un escrito ante Fiscalía expresando su “profunda preocupación por las continuas y constantes interrupciones del suministro eléctrico que está sufriendo dicha población”.

“Además de vulnerar numerosos derechos fundamentales y afectar a la actividad económica, la educación, la comunicación, la dignidad y la vida social y cotidiana de las personas y de la comunidad, es bien sabido que la falta de suministro eléctrico tiene un impacto sobre la salud a través del aumento de la mortalidad y de la incidencia de numerosas morbilidades tales como enfermedades cardiovasculares, reumatológicas, infecciones respiratorias, crisis de asma, problemas de salud mental, accidentes domésticos, caídas, o bajo peso al nacer, entre otras”, denuncia en el escrito.

En tal sentido, explica que “las interrupciones del suministro eléctrico dan lugar a temperaturas extremas e impiden el desarrollo de las actividades más elementales tales como iluminación, calefacción, conexión a internet, uso de electrodomésticos, carga de baterías, higiene diaria, lavado —y desinfección— de la ropa, cocina y alimentación, lectura y estudio, lo cual afecta a las actividades básicas de la vida, a la nutrición, a la escolarización —ya obstaculizada en muchos casos—, o implica un aislamiento social aún mayor, por mencionar sólo algunas consecuencias”.

El personal sanitario denuncia la imposibilidad “del uso necesario de oxigenoterapia crónica domiciliaria o la ventilación no invasiva domiciliaria, como es en el caso de al menos dos personas ancianas y una niña de 3 años"

A modo de ejemplo, el grupo de profesionales profundiza en alguna de las situaciones encontradas, como la imposibilidad “del uso necesario de oxigenoterapia crónica domiciliaria (administrada habitualmente durante un mínimo de 15-16 horas al día) o la ventilación no invasiva domiciliaria (CPAP), todos ellos dispositivos electrodependientes, como es en el caso de al menos dos personas ancianas y una niña de 3 años”.

También hace hincapié en que el empleo o el uso de chimeneas como alternativas a la calefacción eléctrica han demostrado aumentar las exacerbaciones y la mortalidad por EPOC. “Aumenta el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono cuando se emplean estufas de butano para el calentamiento de los hogares, además de que contribuyen a un hacinamiento alrededor del fuego que en el contexto epidemiológico actual puede aumentar el riesgo de contagio entre personas no convivientes”, advierte.

El escrito presentado ante la Fiscalía también menciona casos de diabetes mellitus (que se trata con insulina, producto que necesita una conservación entre 2º y 8º, porque disminuye su efecto a temperatura ambiente) o el empeoramiento de condiciones reumáticas en situaciones de frío, como es el caso de la artritis.

Tras enumerar otros perfiles sanitarios que se ven agravados bajo las circunstancias de extrema precariedad a la que condena el vivir en electricidad, los profesionales que integran el EIPE expresan a la Fiscalía su apoyo a la población. “Queremos denunciar esta situación por la vulneración de derechos básicos y alertar a las instituciones y organismos públicos y privados implicados en esta situación, e instamos a que se actúe en la mayor brevedad posible para resolver esta situación”, concluyen.

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