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Diez partidos exigen medidas para que la prohibición de cortes de suministros llegue a las familias que lo necesitan (18/12/2020).

El encontronazo el pasado 16 de diciembre en los pasillos del Congreso entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desvelaba una nueva tensión entre los socios de Gobierno. Las palabras que intercambiaron el mismo día el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago y esta ministra socialista, captadas unas horas después por las cámaras del Congreso, confirman las tensiones en torno a la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional, el alcance del decreto antidesahucios y la prohibición de los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma. Desde que se levantó la moratoria aprobada en marzo, se han producido cerca de 30.000 cortes en todo el Estado.

Para conseguir que la prohibición de los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma se convierta en una realidad y llegue a todas las familias que lo necesitan, este jueves 17 de diciembre, diversas organizaciones ciudadanas convocaron una rueda de prensa frente al Congreso. 

Ante las “medidas insuficientes” que está planteando el Gobierno, la plataforma convocante ha pedido el apoyo de diferentes grupos políticos para garantizar la protección de “las familias en situación de vulnerabilidad que se están enfrentando a cortes de suministro”.

A estos diez partidos con representación parlamentaria y a las organizaciones convocantes no les bastan las promesas de incluir la moratoria de corte de suministros en el decreto antidesahucios que prepara el Gobierno para la siguiente semana

Diez grupos parlamentarios han apoyado las medidas reclamadas por estas organizaciones: Unidas Podemos, ERC, En Comú Podem, JxCat, Más País-Equo, EH Bildu, la CUP, Més Compromís, Coalición Canaria y BNG. Todos ellos exigen al Gobierno y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el fin de los cortes de suministros y “la protección de todas las familias vulnerables”. 

No les bastan las promesas de incluir la moratoria de corte de suministros en el decreto antidesahucios que prepara el Gobierno para la siguiente semana. Desde organizaciones como Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública, exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez “tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables”. 

“El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte de suministros”

Junto con la aprobación del Real Decreto que proteja a las familias vulnerables frente a cortes de suministros, la primera de las medidas respaldadas por estos diez partidos consiste en “impulsar el establecimiento del principio de precaución”, un mecanismo que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales antes de cortar el agua, el gas o la luz. Y que la última palabra nunca la tengan las empresas.

La segunda medida es la promulgación de un “periodo de carencia”, una figura urgente y excepcional que evite cualquier corte mientras se pone en marcha el principio de precaución, una medida imprescindible, dicen las organizaciones en un manifiesto, “si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia”.

La redefinición de la figura del consumidor vulnerable es otra de las necesidades urgentes para que cualquier normativa aprobada por el Gobierno sea efectiva, según esta plataforma de organizaciones sociales. Esta figura debería abarcar los suministros de agua, gas y electricidad, y “que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte”.

“En el pasado se ha visto cómo la mayoría de las medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas”

Las buenas palabras y la intención anunciada el pasado 15 de diciembre de incluir una disposición adicional en el decreto que prevé suspender todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional no son suficientes para estas organizaciones: “En el pasado se ha visto cómo la mayoría de las medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética”. 

Ante esta complejidad, en los que hay que lidiar con la titularidad del suministro, el “desconocimiento” de los mecanismos de protección o las “trampas de las compañías”, el manifiesto pide que se escuche a las “entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas”. También exigen que estas medidas excepcionales se “consoliden y tornen en normales” una vez superado el estado de alarma y la crisis sanitaria. Las organizaciones también reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, “deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad”.

El amplio respaldo político al manifiesto es, para sus impulsores, “una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte de suministros”.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (17/12/2020).

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