Las comunidades se preparan para aplicar más restricciones locales ante el fin del estado de alarma (28/04/2021).
El Gobierno confía en poner fin al estado de alarma que acabará el próximo 9 de mayo. Las comunidades autónomas y los socios del Ejecutivo llevan semanas pidiendo que se mantenga durante unas semanas más o que se proponga una alternativa jurídica. El miedo de los diferentes dirigentes autonómicos es volver al caos jurídico que se vivió el año pasado cuando cayó el primer estado de alarma: entre los meses de junio y octubre de 2020 varios tribunales tumbaron restricciones de diferentes comunidades mientras que otros sí las avalaron.
La situación podría ser similar porque cualquier medida que limite derechos fundamentales debe contar con el aval preceptivo de los tribunales, pero la experiencia pasada hace que los dirigentes se preparen para este escenario mediante distintas vías que resuelvan este problema. Con esto, todo apunta a que a partir del 9 de mayo se empezarán a aplicar restricciones por localidades según la incidencia de cada territorio y el Consejo Interterritorial de Salud será aún más determinante para la toma de decisiones.
Pese a esto, hay comunidades que creen que el Gobierno reculará a última hora y mantendrá el estado de alarma. Estos dirigentes opinan que esto se anunciará a última hora y cuando pasen las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Los plazos serían muy justos pero aseguran que habría margen para convocar una sesión extraordinaria en el Congreso para aprobar la prórroga o incluso realizar un nuevo decreto de estado de alarma. Y, según confirman fuentes de la Cámara Baja, daría tiempo de que se hiciera.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, tampoco ha descartado esta opción en rueda de prensa este lunes: "Están todas las opciones sobre la mesa: mantener el estado de alarma, modificar la Ley de Salud Pública... Hay múltiples opciones que están discutiéndose". Sin embargo, cree también que hay posibilidades de que no haga falta y la semana pasada dio la clave sobre cómo se pueden aplicar nuevas restricciones: "El estado de alarma comprende dos estados fundamentales: la movilidad entre comunidades autónomas y el toque de queda. Pero se pueden hacer restricciones de movilidad más locales, perimetrales a pequeñas escalas". Además, como ha insistido también en varias ocasiones la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho hincapié en que "la situación el 9 de mayo será muy diferente a la actual".
Esto también lo comparten la mitad de comunidades autónomas consultadas por Público. Aunque creen que lo ideal sería mantener el estado de alarma al menos hasta que se haya vacunado a más del 50% de la población o a todos los mayores de 65 años, reconocen que la mortalidad de la cuarta ola está siendo mucho menor que en las anteriores olas gracias a las vacunas. Y, además, que se va aumentando el ritmo de inoculaciones que se administran. Este lunes han llegado a España más de dos millones de dosis que se están repartiendo entre las comunidades autónomas y ya el 100% de mayores de 80 años ha recibido al menos una pauta. El porcentaje va cayendo según baja la franja de edad pero muestra igualmente el acelerón que se ha dado en pocas semanas: según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 64% de personas entre los 70 y 79 años ha recibido una dosis y el 45% entre 60 y 69.
Restricciones por localidades y nuevas vías
Sin estado de alarma, se caen en concreto cuatro medidas que afectan a toda España de forma general en la actualidad: el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales autonómicos, la prohibición de reuniones de más de seis personas en espacios públicos y privados y la limitación de aforos en determinados sitios como los lugares de culto.
Para que se vuelvan a aplicar restricciones las comunidades se tienen que apoyar en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que en su artículo 3 habilita a las Administraciones a "adoptar las medidas oportunas" para controlar la propagación de enfermedades transmisibles y a "realizar las acciones preventivas generales". Abogados como Daniel Amelang, de Red Jurídica, han advertido a este medio de que esto igualmente no permite limitar derechos fundamentales. Sin embargo, las comunidades ya han podido limitar la movilidad con cierres perimetrales dentro del territorio autonómico con el aval de los jueces. Es decir, por barrios, distritos, municipios o provincias. La primera localidad que fue confinada fue Igualada en Catalunya.
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Bajo esta ley, las comunidades también podrían limitar las reuniones sociales. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi (TSJPV) no autorizó la limitación a seis personas de los encuentros sociales en lugares públicos y privados al considerar que vulneraba derechos fundamentales y que no tenía cobertura legal. Ante esto, el lehendakari, Iñigo Urkullu, trabaja en un nuevo decreto mediante el que se puedan mantener las restricciones actuales sin cambios en la legislación estatal.
Otras comunidades consultadas, como Catalunya, hacen alusión a medidas autonómicas para adoptar restricciones. El Govern cree que se podrá limitar la actividad y el desplazamiento de las personas bajo la ley catalana de salud pública en ámbitos territoriales menores al autonómico. Por otro lado, Asturias durante los últimos meses ha aplicado cierre por concejos y se prepara ahora para decretarlos por localidades. Otras aún se mantienen a la espera de que en próximas reuniones del Consejo Interterritorial se debata este asunto aunque apuntan que todas las posibilidades están abiertas.
Con el toque de queda aparecen los mismos problemas porque son restricciones de movilidad que solo afectan a una franja horaria. Las comunidades podrían intentar que se aplicaran por localidades o recurrir a otra vía que valoran varias comunidades que creen que tendrá un efecto parecido: cerrar toda actividad comercial a partir de las 23.00 horas. Esto se podría hacer, según las autonomías consultadas de Sanidad, por la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. En este caso no haría falta un aval judicial aunque sí que se podría recurrir la medida en los tribunales, como sucedió en Euskadi cuando un juez reabrió la hostelería.
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Por otro lado, está pendiente que se concrete el papel que asumirá el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno afirma que será clave para la siguiente fase de la pandemia y que allí se podrá llegar a acuerdos que se apliquen a toda España. En verano se tomó una de las decisiones más importantes de la pandemia: la prohibición de fumar en sitios públicos si no había una distancia de más de 1,5 metros de distancia.
Sanidad también defiende que la adopción de medidas a partir de ahora sea por localidades. Según fuentes del departamento de Darias, durante el plan de transición hacia la nueva normalidad tras el fin del primer estado de alarma se esperaba que las restricciones se aplicaran en los territorios más pequeños, es decir, por localidades o municipios. El objetivo es que se tomen las restricciones necesarias pero que afecten al menor número de población que se pueda y, así, que empiece a recuperarse la economía. Es un planteamiento parecido al del verano de 2020, pero la previsión es que ahora funcione gracias a la vacunación.
Enlace relacionado Publico.es (27/04/2021).
