Educación, cortijo ultraconservador en Murcia (19/07/2021)
El protagonismo le duró poco a Murcia. La moción de censura de la Región, en marzo, se vio eclipsada mediáticamente a las pocas horas por la propuesta en la misma dirección en la Comunidad de Madrid. La madrileña no llegó a acometerse, la murciana fracasó. Tres diputados díscolos de Vox aseguraron la continuidad de los populares en el gobierno. Semanas después, la Consejería de Educación quedaba en manos de María Isabel Campuzano, una de las tránsfugas de la formación verde, lo que generó un amplio rechazo entre la comunidad educativa, que se movilizó en contra de que los centros escolares fueran dominio de la extrema derecha y criticó que la educación se hubiera empleado como moneda de cambio para fines partidistas.
No sirvió de mucho: Campuzano accedió a su cargo defendiendo la educación concertada y enarbolando propuestas como el pin parental y el cheque escolar, consistente en dar dinero a las familias para que elijan a qué centro llevar a sus descendientes, una medida importada del modelo neoliberal anglosajón que, además de acentuar las desigualdades, los expertos valoran como inviable presupuestariamente. La situación parecería preocupante si no fuera porque, lamentan sindicatos y colectivos defensores de la educación pública, se produce sobre un panorama ya desolador: la Región de Murcia presenta altos índices de abandono escolar temprano —solo superados por Ceuta, Melilla y Baleares— y fracaso escolar, las instituciones privadas ganan fuerza cada año y el sistema escolar murciano se valora como uno de los más segregadores del Estado.
Tampoco falta quien señala que la nueva consejera solo es solo una pieza puesta sobre el tablero para poder seguir jugando la partida. “Los directores generales siguen siendo los mismos que antes, así que la gestión política la sigue llevando el Partido Popular”, introduce José Manuel Fernández, coportavoz del Sindicato de Trabajadores de la Educación en la Región de Murcia (STERM). “La llegada de esta consejera no va a suponer un gran cambio en las políticas educativas, sino que se van a mantener; pero es que viniendo de donde veníamos, mantenerlo es igual de malo”.
Mercadeo educativo
Para Fernández, el panorama que se dibuja ahora es la suma de las políticas educativas que se han ido encadenando a lo largo de los últimos 20 años, aunque hay un punto de inflexión: los recortes iniciados en 2011. “Mientras en otras comunidades autónomas empezaron a revertirse los recortes, aquí se han cronificado y mantenerlos forma parte de la política educativa”, expone el sindicalista. En la misma dirección apunta Nacho Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO en la Región de Murcia, cuando dice que los recortes de hace una década se han convertido en “dificultades estructurales” en la actualidad.
A esta desinversión se suma, advierte, el “proceso de privatización de los distintos gobiernos del PP en Murcia desde hace más de 20 años”. En 2020, el sector de la educación privada movía en la Región un presupuesto de 259 millones de euros, lo que implicaba un aumento del gasto de cerca del 30% en los últimos diez años frente al 13% del correspondiente al presupuesto global destinado a educación en el mismo periodo. El número de estudiantes matriculados en enseñanza obligatoria y Bachillerato en colegios concertados creció en un 18% entre el curso 2009-2010 y el curso 2019-2020, lo que supone casi el cuádruple con respecto a la enseñanza pública. Según los datos del Ministerio de Educación, en el último curso académico tres de cada diez alumnos murcianos estaban matriculados en centros privados. Incluso los colegios que segregan por sexo salen beneficiados de las políticas autonómicas: en 2019, el Gobierno regional subvencionaba al Colegio de Fomento —directamente vinculado al Opus Dei— Monteagudo-Nelvacon con más de cuatro millones de euros.
La Región mantiene también el dudoso honor, expone Fernández, de ser pionera —junto a la Comunidad de Madrid— en la progresiva privatización de la enseñanza no obligatoria. “Se está destinando cada vez más dinero a los conciertos de una serie de colegios privados, la inmensa mayoría de carácter confesional, y elitistas, desde infantil a bachillerato; y lo que antes se pagaba ahora les sale gratis”, apoya Tornel. Lo ejemplifica con la petición —denegada por cuestiones presupuestarias— del colegio Sanbuenaventura, “santo y seña de la derecha murciana”, el pasado mes de mayo en la Mesa de Educación Concertada, de destinar dinero público a nueve unidades en infantil y seis en bachillerato: “No es concebible que estemos pagándole el colegio concertado a un centro donde van solo familias de nivel socioeconómico alto en Murcia mientras hay una urgencia de fracaso escolar clarísima en los centros públicos”. Fernández coincide en el análisis y es categórico: “El gran éxito de este tipo de políticas es asumir como una cuestión de sentido común algo que se aleja mucho del sentido común”.
En esa misma dirección apunta María Isabel Maldonado, presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA-RM) Juan González, para quien las cuestiones que ocupan titulares como el himno nacional, el retrato del rey o el pin parental no son otra cosa que “cortinas de humo” —en el último caso, “algo mucho más grave porque se quiere privar al acceso de conocimientos necesarios en la sociedad actual”, matiza Maldonado— para evadir el problema real: la necesidad de “poner todos los recursos económicos en que todos los niños tengan éxito escolar y que nadie se descuelgue del sistema”. Para la también integrante de Marea Verde Murcia, el auge de la concertada y la desinversión en los centros públicos se traduce, en esencia, en una escuela cada vez más segregadora.
Segregación escolar
Un concepto que se ha venido repitiendo en el ámbito educativo por parte de la derecha en general, y de la administración murciana en particular, es el de “libertad de elección”. Para Marea Verde, tal libertad no existe: “No todas las familias tenemos esa posibilidad de elegir, y no todos los niños consecuentemente tienen las mismas oportunidades. La libertad no es para todos, solo para las familias que se lo pueden permitir”, defiende Maldonado. Nacho Tornel lo ejemplifica con lo que sucede en el centro Sanbuenaventura, de la orden religiosa Capuchinos: “El colegio está en el centro de Murcia, donde trabajadoras migrantes van a menudo a cuidar a ancianos de clase pudiente. Aunque por ley les pudiera corresponder acceder a ese centro, esas mujeres no pueden llevar a sus hijos ahí porque hay que pagar uniformes, chándal, cuotas ‘voluntarias’...”. Sobre esto último, Fernández subraya que ha habido varias denuncias ganadas judicialmente y que la Consejería no ha ejercido como garante de esas sentencias ni ha obligado a que los centros pagaran esas multas, con lo que han acabado prescribiendo. “Ese es el nivel de connivencia de la Consejería con este tipo de escuelas”, resume.
Aunque el hecho de que las diferencias sociales se reproduzcan en las aulas no es ni exclusivo ni nuevo de la Región de Murcia, quienes defienden la educación pública marcan un aspecto diferencial de esta comunidad autónoma con respecto a otras: la existencia del distrito único, que elimina el criterio de cercanía del domicilio o lugar de trabajo de los progenitores a la hora de matricular al alumnado en un centro u otro, con las diferencias que esto genera entre familias que pueden elegir dónde matricular a sus criaturas y otras que no y favorece la creación de escuelas-gueto.
Para Isabel Cutillas, socióloga e investigadora en la Universidad de Murcia, existe una “huida” de las clases medias hacia la concertada que responde, entre otros motivos, “a la creencia extendida de que el alumnado de origen migrante reduce el nivel educativo del aula y consume unos recursos que son limitados y cada vez más escasos”. Sin embargo, matiza la experta, no son pocos los estudios que han demostrado —cita la explotación de los datos de PISA— que no hay ninguna vinculación entre el porcentaje de alumnado migrante y los resultados académicos del conjunto aula.
El último informe sobre el sistema educativo del Consejo Escolar de la Región de Murcia señala que esta comunidad es la cuarta donde más ha crecido la población extranjera. El texto también indica que la comunidad supera la media española en personas de origen extranjero en edad de escolarización, dos datos que, se afirma en el escrito, “han influido de manera notable en los presupuestos generales de la Comunidad y en el gasto exigido para atender esta especificidad regional, tanto por la exigencia de puestos escolares como por las mayores necesidades de los jóvenes extranjeros”. Cutillas puntualiza que, si bien la escuela murciana es más diversa que hace dos décadas, “algunos datos, como las cifras de abandono escolar entre el alumnado de origen migrante, cuestionan en qué medida, y con qué recursos, la escuela está abordando esta diversidad que ya no es nueva”.
La socióloga se remonta dos décadas atrás: entonces la escuela tenía que asumir alumnado de origen extranjero que en ocasiones no conocía la lengua, que se incorporaba al curso a edades muy diversas o con el curso ya iniciado. Esa realidad, continúa, ha cambiado para dar lugar a la de niños y niñas nacidos en la Región o incorporados a edades muy tempranas: “La función de la escuela, que antes era de acogida, ahora debe ser simplemente la de promover una igualdad de oportunidades entre todo su alumnado”. Por eso, defiende, hay que “dejar de hablar de la escuela multicultural como un reto del futuro y afrontar que una parte significativa de nuestro alumnado está siendo discriminado y expulsado del sistema educativo”.
En la dirección del éxito escolar apunta también Maldonado cuando expone lo que, en su opinión, es el motivo principal por el que muchas familias murcianas deciden llevar a sus hijos e hijas a escuelas concertadas: la situación de abandono por parte de la administración pública que encuentran en los centros cercanos. “Si todos los centros públicos estuvieran cuidados, ninguna familia sacaría del entorno social a su hijo o hija”, expone la presidenta de la FAPA. No obstante, Nacho Tornel sí percibe un componente racista y clasista en el auge de la concertada: “Lo que funciona aquí es que los centros de raza aria son una garantía de que tus hijos no se van a ‘contaminar’”, argumenta, “y si la escuela pública cede ante esa presión, la educación deja de ser un factor para combatir las desigualdades sociales”.
Politizar la educación
Cutillas recuerda que el mercado de trabajo condiciona las trayectorias educativas, y la Región de Murcia, resume, “presenta una estructura laboral muy segmentada étnicamente”. Es algo en lo que profundiza en su investigación Hijos de familias migrantes en espacios rurales agro-industriales de la región de Murcia. Trayectorias, pertenencias y percepciones de discriminación y rechazo, donde la socióloga, junto a otras autoras, concluye que “las condiciones que rodean al trabajo desarrollado por sus padres en campo y almacenes son descritas por sus hijos e hijas como duras, brutales y crueles”, pese a lo cual los y las infantes “entienden el trabajo de sus padres como inevitable, el único trabajo reservado a la población inmigrante”. Percibiendo que ese es el futuro que les espera, los hijos e hijas de migrantes tienden a no continuar sus estudios una vez superada la etapa obligatoria.
Fernández considera que las dinámicas segregadoras, los recortes en la pública y la ausencia de iniciativas destinadas a mitigar esta situación —la mesa sectorial para frenar el absentismo y abandono escolar en la Región lleva sin reunirse, recuerda, cinco años—, hacen que las desigualdades se sigan reproduciendo en la escuela. Y de la escuela se traslada al resto de la sociedad, aunque no se sabe si fue antes el huevo o la gallina: “Todo esto tiene que ver con una ausencia de medidas encaminadas a mejorar la situación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y es el reflejo de un tipo de políticas que al final afectan al ámbito educativo”.
Tornel, de hecho, lo define como un círculo vicioso. La enseñanza, valora, es un negocio muy rentable, y la derecha ha sabido verlo: “Un partido político que invierte el dinero de los contribuyentes en este tipo de educación se está asegurando el futuro, porque esos chavales se van a formar en esa estructura mental de ‘nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos y ellos están allí porque no son dignos de otra cosa’”. El portavoz de CC OO dice sentirse preocupado por el futuro: “Si sumamos la Universidad Católica y los colegios que mantiene bajo su ámbito, tenemos una fuente de la que va a salir una sociedad enmarcada con unos valores éticos, morales, ideológicos y políticos muy claros”. Algo que se agrava con la fuerza de Vox en la Región y con la llegada de una consejera que, define Fernández, “ha demostrado defender valores homófobos, machistas y racistas totalmente contrarios a lo que significa la escuela pública”.
Para los sindicatos y Marea Verde, hay una relación directa entre los dos recientes ataques racistas en la Región y el panorama educativo. Sin embargo, Fernández defiende que, aunque la educación juega un papel relevante, no se puede descargar toda la responsabilidad sobre ella: “A veces parece que la escuela es el único elemento que puede cambiar la sociedad, y se le da unas funciones que exceden sus competencias e incluso sus capacidades”. A esto se suma, dice, que el profesorado ha ido perdiendo margen para trabajar la educación en valores con cada política y cambio legislativo: formar trabajadores se ha supeditado a formar personas.
Hace dos años Vox dijo que debía despolitizarse la educación. Más allá de lo paradójico de que lo afirme una formación que apuesta por la reproducción de símbolos nacionalistas y la exclusión social en las aulas, Tornel rechaza fervientemente el enunciado. Muy al contrario, sostiene, debe politizarse: “La educación es un servicio público.
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