Las farmacéuticas de las vacunas contra el covid-19 vulneran los derechos humanos con un reparto no equitativo (24/09/2021).

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Hasta ahora, Pfizer y BioNTech, que producen en alianza, han suministrado a Suecia nueve veces más vacunas que a todos los países de ingresos bajos juntos. Moderna ha suministrado un 0,3% de dosis a países de rentas bajas. AstraZeneca, como el resto, se ha negado a compartir sus conocimientos y se ha opuesto a la exención de patentes propuesta en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Johnson & Johnson, por su parte, no ha concedido una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis más. Estas son algunas de las conclusiones del informe Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la COVID19, de Amnistía Internacional, que insiste en la necesidad de que se entreguen 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medios-bajos antes de que termine el año.

Para esta organización, y tras analizar el papel de estas cinco empresas más los primeros pasos de Novavax cuya vacuna se aprobará de manera inminente, las farmacéuticas “no respetan los derechos humanos” y “están avivando una crisis sin precedentes”. De los 5.760 millones de dosis de vacunas administradas en todo el mundo, solo un 0,3% ha ido hacia los países de bajos ingresos, y más del 79% va a los países de ingresos altos y medianos altos. En este escenario, donde solo un 1% de los habitantes de países con rentas bajas y medias tiene la pauta de vacunación completa, según los datos de Our World in Data, BioNTech, Pfizer y Moderna hacen caja y han previsto ganar 130.000 millones de dólares estadounidenses para finales de 2022, según el informe.

Pfizer/BioNTech y Moderna han asignado el 1% de sus entregas a países de ingresos bajos, Moderna ha destinado solo un 0,3% y AstraZeneca, la vacuna cuya aplicación se suspendió en algunos países de occidente, entrega el 66% de sus dosis

Pero existen diferencias: Pfizer/BioNTech y Moderna han asignado el 1% de sus entregas a países de ingresos bajos, Moderna ha destinado solo un 0,3% y AstraZeneca, la vacuna cuya aplicación se suspendió en algunos países de occidente, entrega el 66% de sus dosis.

“Las grandes empresas desarrolladoras de vacunas han incumplido su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Se han perjudicado los derechos humanos de miles de personas que no han tenido acceso a la vacuna. No han compartido conocimientos, ni tecnología, se han opuesto a exenciones de normas que regulan la propiedad intelectual y han realizado un trabajo bastante agresivo dirigida a los Estados para que tampoco apoyen la exención”, expresa a El Salto Marta Mendiola, responsable del área de derechos económicos, sociales y culturales de la organización.

“Han hecho de lobby desde un inicio. Se han beneficiado de miles de millones de financiación pública y al final han accedido mayoritariamente a las vacunas los estados más ricos”

Si bien es cierto que los países de rentas altas se apresuraron por acaparar dosis incluso con antelación a su producción, Amnistía Internacional señala la responsabilidad de los fabricantes de vacunas “en la obstrucción del acceso equitativo a un producto sanitario que salva vidas”, y todo pese a que han recibido ingentes cantidades de fondos públicos para la investigación. “Han hecho de lobby desde un inicio. Se han beneficiado de miles de millones de financiación pública, de acuerdos de preproducción que aseguraban la cobertura de gastos y al final han accedido mayoritariamente a las vacunas los estados más ricos”, se queja Mendiola.

Así, la alianza People’s Vaccine, una coalición de más de 75 organizaciones que exigen una vacunación universal, recuerda que estas empresas han recibido más de 100 millones de dólares de fondos públicos de Estados Unidos o Alemania. Sin embargo, se queja esta Alianza, el pago de tributos no es su especialidad: los impuestos de sociedades que pagan en cómputo global son exiguos y van del 7% que pagó Moderna al 15% que abonó Pfizer. Porcentajes inferiores a los exigidos en países como Estados Unidos, donde el impuesto es del 21%, o España, donde se sitúa en un 25%.

Precios justos

Hoy comienza la cumbre de Naciones Unidas sobre la crisis del covid-19 y Amnistía Internacional considera que es el momento de pedir dosis suficientes para vacunar a un 40% de la población de países de ingresos bajos en los próximos 100 días, para lo que se requerirían un total de 2.000 millones de vacunas. Por ello es indispensable, consideran, fijar precios justos. 

“Ninguna de las empresas que hemos evaluado han desvelado de forma completa y abierta los costes reales de producción, los gastos, los precios que se han ido aplicando en distintos países ni los descuentos”

“AstraZeneca y Johnson & Johnson se han comprometido a producir las vacunas de forma no lucrativa para usos de emergencia en caso de pandemia, aunque la falta de transparencia sobre los costos reales de producción y las fuentes de financiación externa dificulta la valoración completa de estos compromisos”, avisa esta organización. No obstante sus precios, prosiguen, son los más bajos del sector. “En cambio, Pfizer/BioNTech y Moderna han aplicado precios más elevados por sus vacunas y han obtenido ganancias considerables”, añaden. 

Además, Mendiola incide en la falta de transparencia. “Ninguna de las empresas que hemos evaluado han desvelado de forma completa y abierta los costes reales de producción, los gastos, los precios que se han ido aplicando en distintos países ni los descuentos”, declara.

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