La Seguridad Social obliga a volver al trabajo a un vigilante al que prohibieron usar armas tras un ictus (22/11/2021).
Joaquín tiene 57 años y, a finales de 2019, sufrió un ictus. Desde entonces estuvo de baja porque la enfermedad le dejó muchas secuelas: camina con bastón, le falla la memoria a corto plazo, tiene dificultades para escribir y secuelas neurológicas evidentes.
Era vigilante de seguridad armado en un conocido museo de Madrid. La Comunidad de Madrid le ha reconocido la dependencia en grado uno, tiene informes del Gregorio Marañón en el que se le impide usar maquinaria pesada y armas de fuego y, aun así, la Seguridad Social le ha dado de alta y le obliga a volver a trabajar.
La empresa lo mantiene de vacaciones a la espera de una solución
En su empresa se están portando muy bien, nos dice su hermana Marina, lo mantienen de vacaciones a la espera de que todo se solucione, "pero es que llevamos peleando más de un año y parece que nada es suficiente". El problema es que, si finalmente tiene que ir a juicio, Joaquín puede estar mucho tiempo sin ingresos y no se lo puede permitir.
"La Seguridad Social no atiende a razones y no lo comprendemos. Les hemos llevado informes de la sanidad pública, que no son informes de parte, la Comunidad de Madrid le ha reconocido un 40% de discapacidad y tampoco les llega. La doctora de primaria ya no sabe qué hacer. A simple vista se nota que Joaquín no puede trabajar, pero a ella la ley no le deja volver a dar una baja por el mismo motivo si la Seguridad Social le considera apto para volver al trabajo. De verdad que no sabemos que hacer".
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos dicen "que no pueden entrar en casos individuales y que, si Joaquín considera que la resolución es injusta, que reclame."
"Lo hemos hecho", nos dice Marina, "la primera vez le dieron una prórroga de seis meses, pensábamos que cuando pasara ese tiempo le darían la incapacidad, pero no fue así y le llegó una notificación para que se incorporara a su puesto de trabajo. Volvimos a recurrir aportando, una vez más, todos los informes médicos que teníamos y también la resolución de la comunidad de Madrid en la que le reconocen un 40% de discapacidad. Nos respondieron diciendo que se iniciaba el trámite para declarar la incapacidad pero, finalmente, se la negaron el pasado mes de agosto. Y sí, hemos vuelto a reclamar. Estamos a la espera de que la Seguridad Social nos responda, pero mientras, la mutua ya ha comunicado a Joaquín que le deja de abonar la prestación. Estamos desesperados."
Si a Joaquín no le reconocen la incapacidad permanente va a tener que ir a juicio y, a partir de ahí, los plazos comienzan a alargarse todavía más. "Nos dice el abogado que puede pasar más de un año hasta que haya sentencia y mi hermano no puede estar un año sin ingresos".
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