Otra derogación pendiente: el Gobierno sigue sin garantizar la sanidad universal (04/12/2021).
El retorno a la sanidad universal ha sido uno de los compromisos desde que el PSOE regresó al poder, tras el ‘apartheid sanitario’ impuesto por Rajoy con el Real Decreto 16/2012. Una reforma sanitaria con la que dificultaba la atención a migrantes en situación irregular, entre otros colectivos. El Real Decreto 7/2018 fue el primer intento, pero, tal y como denunciaron plataformas y entidades sociales, fue infructuoso
En el artículo 3 ter de esta norma se indicaba que las personas sin residencia legal y con “estancia temporal” no podían acceder a la sanidad sin un informe favorable de los servicios sociales de cada Comunidad Autónoma. Esta “estancia temporal” fue interpretada por las comunidades de una manera restrictiva: si se carecía de un empadronamiento de menos de 90 días no se podía acceder al sistema sanitario de manera gratuita sin el visto bueno de servicios sociales.
Dicho informe ha actuado como una barrera y, en la práctica, la plataforma REDER ha documentado desde 2018 5.000 casos, 2.500 en pandemia. Dentro de ellos, al menos 300 niños y niñas y más de 130 embarazadas no pudieron acceder a la atención médica que necesitaban.
La nueva norma sanitaria es hasta más regresiva, ya que la obligación de un empadronamiento de más de 90 días queda explicitada, excluyendo así a un importante número de personas con residencia efectiva en España
El pacto del gobierno de coalición incluía subsanar esta situación. A mediados de noviembre, el nuevo ejecutivo aprobaba un anteproyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Este documento sigue sin dar con la tecla. Es incluso hasta más regresivo, ya que la obligación de un empadronamiento de más de 90 días queda explicitada en la nueva normativa, excluyendo así a un importante número de personas con residencia efectiva en España.
“El texto que propone el ministerio no recupera un sistema de plena igualdad de derechos en todas las personas que viven en España”, expresa a El Salto Pablo Iglesias, portavoz de REDER. “Antes del decreto del PP cualquier persona por el mero hecho de estar empadronada tenía derecho. Eso a día de hoy no es así y el nuevo texto sigue manteniendo exigencias a las personas en situación irregular: demostrar que llevan en España 90 días”, relata.
“Además —añade— a determinadas personas se les exige aportar el certificado de no exportación del derecho, que acredite que la asistencia que reciben en España no se puede cargar al país de origen, un documento que no es fácil de conseguir porque a veces no lo emiten las propias embajada y actúa como barrera”.
Iglesias insiste en que ya han manifestado en varias ocasiones los efectos de la redacción “ambigua” del decreto de 2018, que favoreció una interpretación restrictiva por parte de las Comunidades. “Esto se lo hemos señalado en varias ocasiones. Y ahora el ministerio corrige esta deficiencia desde una perspectiva regresiva porque ahora lo que establece claramente es que deben pasar 90 días salvo que consiga un informe de servicios sociales que no ha sido una vía útil”.
Los reagrupados, los otros que quedan fuera
Además de estas personas en situación irregular, hay otro colectivo que sigue quedando al margen del acceso gratuito a la sanidad. Son los ascendentes reagrupados, madres y padres de migrantes que cuentan con residencia legal y que llegan a España con la sorpresa de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) les exige un seguro médico.
La culpable, una frase que se introdujo con la reforma sanitaria del PP y que se ha perpetuado desde entonces, decreto tras decreto. Así el artículo 3. 2 indica que la asistencia sanitaria será con cargo a los fondos públicos siempre que se cumpla el requisito de “no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía”.
“Las personas ascendentes reagrupadas cuando vienen a España tienen que contratar un seguro privado para conseguir la reagrupación, y les aplican esa obligación el resto del tiempo que están aquí”
“Esta frase es la que ha hecho que el INSS no les reconozca su derecho a la prestación sanitaria porque cuando vienen a España tienen que contratar un seguro privado para conseguir la reagrupación, y les aplican esa obligación el resto del tiempo que están aquí”, explica Celia Sobrino, integrante de Yo Sí Sanidad Universal.
Esta plataforma, que lleva batallando contra la reforma sanitaria del PP desde 2012, aglutinó a un colectivo de personas agraviadas por esta situación, el Grupo de afectadas por el INSS. Un grupo que comenzó a recurrir las denegaciones del INSS ante los juzgados y que han conseguido más de 70 sentencias a su favor en el juzgado de lo social. “El juzgado ha considerado que es un derecho que sí que está contemplado y que no puede ser suprimido por un requerimiento administrativo”, cuenta Sobrino. Una buena racha que ha sido frenada en seco por dos sentencias del Supremo favorables al INSS. Un derecho pues que vuelve a la casilla de salida.
“Nosotros les dijimos que quitaran esa frase porque impide que les den la tarjeta, pero la formulación sigue intacta”, se queja la integrante de Yo Sí Sanidad Universal quien avisa de que habrá muchos afectados. “En el grupo somos unos 40, pero habrá mucha gente que no ha conseguido llegar hasta nosotras. Serán cientos de afectadas, miles”.
Letizia es una de ellas. Cubana de nacimiento, y con la nacionalidad española, decidió traer a sus padres hace cuatro años. “Cuando llegaron aquí no sabían que no iban a tener derecho a la sanidad. "Al hacer los trámites nos piden un seguro privado, vamos al INSS y nos enteramos de que han cambiado la ley en 2012. Me pongo a investigar y doy con Yo Sí Sanidad Universal'”, relata. “Tuvimos la suerte de ir a juicio y ganamos en el tribunal de lo social. En mi caso no me lo han tumbado y mis padres consiguieron asistencia sanitaria”, expresa.
“Hay gente con cáncer, con diabetes, con enfermedades respiratorias. Tuvimos gente que dio positivo en covid que no tenía cobertura”
Pero, cada día, batalla por otros casos. Personas con una edad avanzada que, en ocasiones, ven como se cierran hasta las puertas de los seguros privados. “Hay gente con cáncer, con diabetes, con enfermedades respiratorias. Tuvimos gente que dio positivo en covid que no tenía cobertura”, explica.
Proceso abierto
Y se muestra muy dura con el gobierno de coalición: “Nos hemos reunido en el Congreso y se lo hemos dicho. Lo incluyeron en el pacto gobierno, y ahora, sacan una ley igual. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué dentro de dos años gane la ultraderecha? Si tenemos un gobierno progresista y no hacen lo que tienen que hacer ¿Qué nos queda?”.
Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Carolina Daria, festejaba la aprobación de la nueva ley. “Hemos eliminado el copago y hemos devuelto la universalidad a la sanidad”, declaraba con un tono triunfalista que puede empañar la letra pequeña.
“Nos hemos reunido en el Congreso y se lo hemos dicho. Lo incluyeron en el pacto gobierno, y ahora, sacan una ley igual. Si tenemos un gobierno progresista y no hacen lo que tienen que hacer ¿Qué nos queda?”
El portavoz de REDER asegura que todavía hay tiempo de enmienda ya que el texto debe de pasar una segunda ronda hasta volver al Consejo Ministerial. “Esto es un proceso que todavía está abierto. Estamos trabajando en una propuesta de enmienda al ministerio y esperamos que se puedan incluir correcciones al texto. Nos gustaría creer que la nueva normal será mejor que la actual pero a día de hoy la valoración que podemos dar es que la propuesta del ministerio es insuficiente”, sentencia.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (03/12/2021).
