Tres ventanas de oportunidad para la renta básica en el 2022 (10/01/2022).
Todo el mundo espera que este año sea mejor que los dos años previos, un 2020 y un 2021 marcados por la inseguridad vital derivada de la pandemia. 2022 también puede ser un año importante para el avance contra otro tipo de inseguridad, ésta preexistente a la pandemia pero que se ha exacerbado como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas tomadas para combatirla: la inseguridad económica y material que aqueja a una parte importante de la población, 12 millones de personas que sobreviven en situación de pobreza y exclusión social en el estado español, y con un 45,2% de la ciudadanía con dificultades para llegar a final de mes, según el informe del estado de la pobreza de EAPN.
Sería un propósito de año nuevo poco realista pensar que en los próximos doce meses se implemente una renta básica universal, pero quienes creen en la urgencia y la necesidad de esta política de redistribución para combatir la pobreza y la dependencia de un mercado laboral precario e inestable, tienen tres citas ineludibles en las que esperan dar una zancada adelante en la concreción de una medida en torno a la cual se ha intensificado el debate en los últimos años. Tres hitos que no son una puerta abierta para la entrada de un ingreso ciudadano incondicional en el edificio de las políticas institucionales pero tal vez sí, tres ventanas por las que la propuesta podría colarse: un experimento a gran escala en Catalunya, el debate de una Iniciativa Legislativa Popular en el País Vasco y los últimos meses para que la población comunitaria apoye, a través de un millón de firmas, la llegada de la medida a Bruselas.
Un ambicioso plan piloto
Desde el pasado septiembre, el activista a favor de la renta básica y miembro de la Red Renta Básica, Sergi Raventós, ocupa un despacho en el Palau de la Generalitat de Catalunya. Desde ahí, este doctor en sociología y trabajador social coordina algo que hace unos años no hubiese imaginado: un plan piloto sobre renta básica universal que podría alcanzar a unas 5.000 personas y durar dos años. Ante el desafío, Raventós dice oscilar entre la satisfacción y el sentido de responsabilidad ante un proyecto de tal envergadura, que, explica, es producto de varios factores:
El primero, el caldo de cultivo que supuso la proliferación de manifiestos a favor de la renta básica tras el inicio de la pandemia. Estos documentos promovidos por la comunidad LGTBI, profesionales del ámbito social, personas del sector de la cultura, del movimiento en primera persona por la salud mental, junto al plan de choque social incorporando la renta básica de emergencia o los sindicatos de inquilinos y algunos sindicatos alternativos abogando por la implementación de la medida, conformaron un ambiente propicio de una amplitud nunca vista de actores y colectivos demandando la renta básica.
El segundo, la incorporación de la medida en la agenda electoral a través de la CUP, receptiva a la demanda, que incluyó la renta básica como medida estrella en su programa tras la celebración de “unas jornadas en Barcelona, en el Ateneu de Nou Barris —que es un sitio emblemático de los movimientos sociales— y a las que se invitaron a todos los manifiestos”, rememora Raventós.
La CUP mantuvo su postura y en los acuerdos de investidura obtuvieron el compromiso de financiar un experimento: “Se puso en contacto con la red y nos dijeron: ‘Ya sabemos que aquí en Catalunya esto de la renta básica está un poco jodido por todo el tema fiscal. Pero qué tal os parecería pensar en un plan piloto ambicioso”.
Tras el sobresalto que supuso el veto de la CUP a los presupuestos de Aragonés —que finalmente salieron adelante con el apoyo de Els Comuns— y con las cosas encaminadas, tocaba plantearse a quiénes va a implicar el plan piloto. Con un equipo pequeño pero interdisciplinar, y el acompañamiento de la red y aquellos colectivos implicados en los manifiestos, se empieza a pensar a dar forma al proyecto. La idea inicial es tomar a dos grupos de población, personas jóvenes y personas cercanas a la jubilación. Pero entonces llegó el referente internacional de la defensa de la renta básica Guy Standing a Barcelona, con el fin de participar en unas jornadas, y el rumbo cambió. “Standing nos plantea: creo que estaría bien hacerlo en una comunidad, un experimento saturado a nivel técnico, que se llama. Que sea toda una comunidad quien recibe la renta básica, una o varias comunidades representativas del territorio”.
“Nosotros cuando hablamos de la renta básica no estamos hablando de ‘Venga, aquí damos dinero para todo el mundo’, sino que queremos decir que esto hay que financiarlo por parte de la gente con más dinero o con más poder económico”
La idea es bienvenida por dos razones: la primera, elimina el choque de que en una misma comunidad, barrio, ciudad, haya personas que la cobran y personas que no, evitando el riesgo de que las primeras sean señaladas. La segunda, permite ver los efectos de la renta básica desde una dimensión colectiva, apuntando a cómo reaccionaría toda una comunidad. Para ello, ponderan que el piloto se implemente en pueblos de pocos habitantes junto a algún barrio de Barcelona. Desde esa perspectiva, considera Raventós, el experimento sería muy interesante, pero cuenta con varias limitaciones. La principal: Al no poder incidir en la política fiscal se pierde el potencial redistributivo de la medida.
Para esta última problemática, Raventós y su equipo valoran la posibilidad de excluir al 20% más rico de la recepción del ingreso. La cifra no es casual, parten de las estimaciones de Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens que apuntan a que ese 20% más rico saldría perdiendo con la implementación de una renta básica. “Si esta gente no lo cobra, haces ver a la población que estás tocando a los ricos. Esto hay que hacerlo entender: nosotros cuando hablamos de la renta básica no estamos hablando de ‘Venga, aquí damos dinero para todo el mundo’, sino que queremos decir que esto hay que financiarlo por parte de la gente con más dinero o con más poder económico”.
Mientras hay cuestiones que estarían ya claras, como el hecho de que esta renta básica experimental respete el criterio de suficiencia y sea igual al umbral de la pobreza, incógnitas como cuánto dinero deberían recibir los y las menores de edad, cómo interactuaría esta ayuda con la Renta Garantizada, o qué pasaría con las personas migrantes en situación irregular —a quienes Raventós desearía incluir— quedarían por resolver. Son muchas las cuestiones a estudiar por lo que el equipo interdisciplinar que se ha armado para investigar todos los detalles estima que el piloto no comenzará hasta diciembre de este año.
Además de avanzar en la definición de la medida, toca estar atento a las vicisitudes políticas, algo que preocupa a quienes avanzan con la propuesta, pues, valora Raventós, un experimento así necesita estabilidad política, que no sea interrumpido sorpresivamente dejando a la gente abandonada. Pese a todas las dificultades, limitaciones e incertidumbres Raventós celebra lo conquistado: “estar aquí y poder hablar de la renta básica sin tapujos, charlar a tope sobre el tema con diferentes medios, poder hacer encuentros, difusión, comunicación sobre la renta básica... De entrada esto ya lo tenemos ganado”
Por ahora, tienen por delante un año de investigación, de selección de las comunidades con las que trabajar —sirviéndose probablemente de un sistema combinado de mapeo y sorteo—, de hablar de la experiencia y escuchar sobre otros planes pilotos previos, como el finlandés o el canadiense, y prepararse para encarar los ataques políticos que muy probablemente se darán a medida que se avance en el proyecto.
Llamando a las puertas del parlamento vasco
El pasado martes 4 de enero se entregaron en el parlamento vasco las 22.075 que respaldan la ILP por una Renta Básica. La propuesta ha conseguido así más del doble de las rúbricas necesarias para ser debatida en sede parlamentaria. Sus promotores, cuenta el activista Iosu Balmaseda, no están sorprendidos por la acogida de la propuesta, pero sí contentos y contentas. “Estamos acostumbrados a las firmas contra esto o lo otro, pero esto va más allá”, si bien no ha sido fácil explicar la diferencia entre la renta de garantía de ingreso (RGI) ya existente en la comunidad autónoma, y la propuesta de una renta básica incondicional, se ha tratado de un trabajo “absolutamente interesante que es llegar a toda la ciudadanía explicando la propuesta. Hoy somos conscientes de que, cuatro meses después, hay mucha más gente que conoce, entiende y apoya la renta básica que antes de empezar este proceso”.
Muchas de las personas activistas integrantes de la promotora llevan ya tres décadas luchando contra la pobreza, enfrentando los recortes que el gobierno vasco implementó sobre la RGI hace ya veinte años, y observando cómo, independientemente de la situación económica, “con las políticas actuales el 30% de la gente que es pobre no puede acceder a ellas y el 34% de la gente que accede sigue siendo pobre tras cobrarlas”, en definitiva, denunciando cómo las rentas condicionadas no acaban con la pobreza, explica Balmaseda.
“Somos conscientes de que, cuatro meses después de iniciar la recogida de firmas para la ILP, hay mucha más gente que conoce, entiende y apoya la renta básica que antes de empezar este proceso”
Si decidieron lanzarse hacia la presentación de la ILP fue porque “entendíamos que la propuesta de renta básica incondicional estaba suficientemente madura científica e intelectualmente, y suficientemente estudiada su viabilidad. En definitiva, que ya había llegado el momento en el que una propuesta así podría aplicarse en una comunidad autónoma, en este caso en la vasca”.
Durante cuatro meses, los activistas han puesto más de un centenar de mesas en la calle y organizado una veintena de charlas, consiguiendo trascender los límites de las redes sociales. Han distribuido más de 100.000 trípticos, “que no se han repartido como quien reparte propaganda, lo hemos repartido para que firmase la gente: a quien le dábamos el papel le explicábamos, algunos firmaban y otros no. Ha sido un trabajo de muchas horas, de mucho estar en la calle y aprovecharlo porque lo queríamos así, queríamos hablar a la gente de la propuesta”. Es justamente por la vía del cara a cara que han recogido la mayoría de las firmas, pues a través de la campaña en redes, solo se consiguieron unas 3.000 firmas por vía telemática.
La propuesta que ha llegado al parlamento es sencilla: “Una renta universal e incondicional que cubre desde los cero años hasta que te mueres y sólo establece tres rentas diferentes en base a la edad, de cero a 14, de 14 y 18 y luego, las personas mayores de edad”, resume Balmaseda. Entienden que sin embargo la implementación de una medida así comportaría dificultades de gestión y necesitaría una reforma fiscal, algo complejo cuando no se tienen las competencias. Sin entrar en este debate, recuerdan que sería posible financiarla, como se demostró en un estudio hecho en base a la provincia de Guipúzcoa. Así, explica Balmaseda, la propuesta aboga por que en caso de ser aprobada, se cuente con un año para su estudio y su implementación.
Mientras explicaban la medida en las calles se fueron encontrando con los típicos argumentos en contra. “Pero entonces quién va a querer currar, pero esto no se va a poder pagar”, explica Balmaseda. El activista apunta a que en la mayoría de los casos, cuando se podía dialogar con las personas, no era difícil vencer estas resistencias, “son mitos que no son reales. Las experiencias piloto, los estudios, demuestran que la gente sigue buscando empleo, lo que hace es que deja de buscar empleo precario, de baja calidad, mal pagado, eso es lo que deja de buscar”, y también, enfatiza el activista, no faltan las investigaciones que demuestran la viabilidad de esta medida redistributiva.
En estos meses la promotora ha encontrado otra resistencia de base, lamenta Balmaseda, más realista, la sensación de que la propuesta puede no servir para nada. “No me extraña que la gente piense eso cuando después de cuatro meses de preparar esta propuesta, en la mesa del parlamento a día de hoy no hayamos tenido ni una posición pública de ninguno de los partidos que tienen representación”. Con la presentación de la ILP sin embargo, las distintas formaciones políticas están obligadas a posicionarse. Aclarar, advierte Balmaseda, si quieren mantener unas políticas que no han acabado con la pobreza o apostar por una renta básica incondicional “que garantice el derecho a una vida digna”.
Hasta que se dé el primer pleno en el parlamento, algo que no pasará hasta febrero, lo que persigue la promotora es que se habilite un debate argumentado y profundo sobre la medida, una discusión en el que los partidos expliquen su posición, y donde se impliquen también otros actores como las organizaciones sindicales y sociales. “La campaña social sigue ahí y a partir del próximo lunes vamos a seguir en la calle y vamos a intentar abrir el debate en el mayor ámbito posible dentro de la sociedad”.
La ICE busca impulso
Un millón de firmas son las que necesita la Iniciativa Ciudadana Europea para ser debatida en las instituciones comunitarias. El horizonte aún queda lejos, a menos de seis meses de que concluya el plazo —el 25 de junio— son algo más de 168.000 las firmas conseguidas entre todos los países. Solo Eslovenia ha logrado superar el umbral marcado. El estado español, con 30.592 firmas, que suponen un 73,55% del mínimo necesario, es uno de los mejor posicionados. “Al inicio de la campaña (entre septiembre y diciembre de 2020), se recogieron muchas firmas muy rápido. Después, pasado el entusiasmo inicial y tras haber firmado los activistas y simpatizantes de la renta básica, la Iniciativa se desinfló y el ritmo de recogida de firmas se dio en plan cuentagotas”, explica Ángel Bravo de la plataforma Eureka, que coordina la campaña a nivel estatal.
“La mayor parte de la población cree que el IMV es una renta básica de subsistencia. A esta confusión han contribuido grandemente los medios de difusión, no sólo los españoles, también los extranjeros, particularmente los angloparlantes, que saludaron el IMV como la implantación de la renta básica universal en España”
Tras el empuje inicial, en un momento en el que el debate sobre la renta básica vivía un cierto dinamismo avivado por los primeros meses de pandemia, llegaron algunos pocos picos más en lo relativo a las firmas, “El Día de la firma de las ICE's, el 9 de mayo de 2021, la Semana Internacional de la Renta Básica Internacional, entre el 19 y el 26 de septiembre de 2021, o la publicación de la ICE en la web de change.org ha supuesto un empujón en las últimas semanas”, enumera Bravo.
Las personas activistas que llevan ya más de un año en la recogida de firmas, han reflexionado sobre cómo conseguir más adhesiones. “La Iniciativa llega sólo a las personas sensibilizadas respecto al tema de la urgencia de la RBI, la ciudadanía en general no se ha enterado de la propuesta. Esto es debido a que los grandes medios, organizaciones importantes y personajes famosos no se hacen eco de la Iniciativa, quizás porque no la consideran interesante o útil”, lamenta Bravo.
Otro problema, señala el activista, es que sigue habiendo confusión entre la renta básica y las rentas mínimas condicionadas. “La mayor parte de la población llama a todo renta básica, cree que el IMV es una renta básica de subsistencia. A esta confusión han contribuido grandemente los medios de difusión, no sólo los españoles, también los extranjeros, particularmente los angloparlantes, que saludaron el IMV como la implantación de la renta básica universal en España”, resume el integrante de Eureka. Un malentendido que, reflexiona, intencionado o no, conduce a gran parte de la población a creer que la renta básica es, como todas las ayudas, condicionada, insuficiente y limitadas en el tiempo.
Cómo revertir esta desinformación. Desde Eureka apuestan también por la vía “vasca”, desplegar una mayor presencia en las calles, “para así salir del círculo en el que nos movemos y romper el encerramiento que los algoritmos de las redes sociales ejercen sobre sus usuarios, permitiéndonos conectarnos sólo con personas de parecidas ideas y forma de ver el mundo”.
La ICE ha obtenido tres prórrogas desde su presentación, que le han dotado finalmente de nueve meses más para juntar el millón de firmas necesarias. En los próximos meses, quienes apuntan a elevar el debate a la Unión Europea para que pueda desde allí volver a las administraciones de los estados miembros con el aval comunitario, necesitan un empujón que ponga en marcha el contador de adhesiones. Además de buscar la respuesta en la calle, explica Bravo: “continuamos albergando la esperanza de que algún gran medio de difusión, organización importante o influencer difundan nuestra Iniciativa, así que seguiremos tratando de llegar hasta ellos”.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (09/01/2022).
