El presidente de la federación gallega de familiares y usuarias de residencias: "Hemos perdido el control sobre nuestros parientes en la residencias" (26/01/2022).
Paulino Campos es presidente de REDE, la federación gallega de familiares y usuarias de residencias y de la dependencia, y portavoz de La Plataforma, que reúne a veinte organizaciones de doce comunidades autónomas. Su asociación es la más combativa en la denuncia de la situación de los centros para mayores y de lo que califica de "trama corrupta" entre administraciones y operadoras privadas para hacer negocio con ellos.
¿Cómo valoran la situación actual en las residencias?
Desde el punto de vista estadístico en cuanto a personas infectadas estamos en las mismas cifras que hace un año, tanto en Galicia como en España. No hay la misma cifra de fallecidos por las vacunas, que ha sido una de las dos buenas noticias de la pandemia. La otra es la lección histórica que nos han dado las personas mayores a toda la sociedad, personas que han sido humilladas por el sistema, que han sufrido como perros y que siguen sufriendo todavía. Los hemos enviado al campo de batalla a morir, engañados y maltratados.
La semana pasada denunciaron ustedes que la Xunta ocultaba contagios en varias residencias, como A Raiola, en Santigo, y la de DomusVi en Bembrive, en Vigo.
Las residencias que me cita tienen a mejorar en cuanto a número de infectados, pero no en cuanto a las causas estructurales que constituyen los cimientos de los contagios. Las residencias en Galicia se mantienen en el top estatal en porcentaje de infectados. Si A Raiola de Santiago llegó la semana pasada al 87% de contagios entre los residentes, hoy le supera San Cosme, en Rubiá, en Ourense, con nada menos que el 95% de infectados, 63 de 66. De ambas teníamos noticias de la mala praxis en la gestión, ,en los cuidados, en la higiene, en la seguridad y en la vulneración de normativas, aunque esto se puede trasladar al Estado.
A Raiola es una residencia privada, y la de Bembrive, aunque de titularidad pública, también la gestiona una empresa privada.
En A Raiola los inversores son empresarios del sector de la cerámica y de la minería, y en San Cosme son empresarios de la pizarra. Es decir, que el espíritu del ladrillo, de la especulación, sigue anidando en el negocio usurero de los cuidados de los mayores dos años después del inicio de la pandemia. Ya lo dejó claro e la ex consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, en aquella frase demoledora que pronunció en el Parlamento gallego en noviembre del 2020, en un viernes 13: "Me siento orgullosa de ganar dinero con el cuidado de las personas más desfavorecidas". Un usuario en una residencia privada tiene trece veces más posibilidades de contagio que una residencia pública. Y los datos se pueden extrapolar al resto del Estado. En Galicia no se construye una residencia pública desde el 2009, desde que Feijóo llegó al Gobierno. Las administraciones no tienen la conciencia tranquila, están al borde de cierto sentimiento incluso criminal. En Galicia el 87% de las plazas están gestionadas por empresas privadas, en España es en torno al 89%. Se han desnudado por completo los servicios sociales, lo público ha quedado en sus manos. Estamos indefensos.
¿Cree usted que ha cambiado algo después de la tragedia que se vivió en las residencias durante las primera oleadas de la pandemia?
La radiografía actual no difiere mucho de lo que vivimos en el principio de la pandemia. En Galicia siguen siendo mayoritarias esta multinacional, la francobritánica DomusVi, y la filocatólica gallega Fundación San Rosendo, con vinculaciones claras con la Iglesia Católica y con el Partido Popular, que son también líderes en España. Y siguen encabezando en Galicia el ránking de contagios en esta ola de ómicron, cinco puntos por encima de lo que les correspondería proporcionalmente por número de residencias. La tercera parte de los casos de covid de Galicia está en los centros de estas dos operadoras. La Fundación San Rosendo tiene cuatro residencias entre las ocho que presentan un número más alto de contagios en Galicia.
Entonces, ¿no hemos aprendido nada?
Nada ha cambiado en la radiografía, mejor dicho, no es que no haya cambiado nada sino que estamos peor que en marzo del 2020. Los protagonistas de la hecatombe, de la deleznable gestión de la pandemia, siguen siendo los mismos. Al frente de las operadoras, al frente de las diversas administraciones, al frente de los servicios de inspección, de los despachos de los juzgados..., solo que con más de 30.000 mayores a los que hemos matado.
Lo digo sin circunloquios. La sociedad española en su conjunto es responsable de lo que ha ocurrido, de permitir que el edadismo, el abandono y la marginación de las personas mayores haya tomado cuerpo. Y es responsable de que determinadas autoridades hayan determinado quiénes tenían que morir a través de los aberrantes protocolos de no derivación a los hospitales, que es una vergüenza nacional. No sólo en la comunidad de Madrid, también lo hemos visto en Catalunya, en Castilla y León, en el área sanitaria de Santiago, a cuyo frente está la prima de Feijóo [Eloína Sánchez Masid]. Pero la sociedad entera será responsable de una conducta criminal si deja que se pase página en la investigación de la masacre que se vivió en las residencias. No podemos volver a poblar nuestra historia contemporánea de más cadáveres en las cunetas o en los armarios. Las víctimas y sus familias necesitan un reposo digno que sólo puede venir dado por la investigación, las explicaciones y la asunción de responsabilidades.
¿No ha mejorado la información, la transparencia?
En estos dos años han menguado la información y la transparencia y ha crecido la opacidad. Nosotros necesitamos saber qué está sucediendo realmente, la fotografía real, y la Xunta sólo nos informa una vez a la semana, los miércoles, de las usuarias infectadas. Han retirado la información de las trabajadoras contagiadas, que también es muy importante, para nosotros y para la sociedad en general. Además, los servicios de inspección son absolutamente mínimos. La Xunta tiene trabajando en investigación real a 3,5 personas para 276 residencias. Son siete inspectores, pero en tiempo de trabajo, solo la mitad. Las otras 3,5 personas se dedican a tareas administrativas.
Ustedes hablan de una trama corrupta en el sector de los cuidados.
Hay una trama corrupta al frente de este modelo, o de estos modelos, porque no hay un único modelo español de residencias. Es una trama que han conformado en estas dos últimas décadas las administraciones públicas y las operadoras privadas, que han secuestrado y sustraído la voluntad y la vida de las personas mayores y han hecho de ello un negocio nauseabundo. En algunos pueblos de España los negocios más importantes, sostenibles en el tiempo en cuanto a su perspectiva y sus beneficios, son las residencias. No hay otros negocios en esos pueblos que permitan tener entre cincuenta y cien trabajadoras salvo las residencias.
La anterior consejera delegada de DomusVi tejió una red clientelar extraordinaria en todas las comunidades autónomas, porque es la única operadora que tiene residencias en todas ellas. Todas las fuerzas vivas le han guardado pleitesía y le deben favores porque ha dado empleo a muchas amistades en plena crisis económica. Son más de 20.000 personas las que trabajan en España directamente para DomusVi. España aporta el 61% de la fuerza laboral de la multinacional y es vista en este momento como el mayor laboratorio mundial en el negocio de las personas mayores. Y esta red clientelar va a ser defendida con uñas y dientes por los lobbies, que ya mostraron su fuerza en el 2018, conviene recordarlo, cuando impidieron que se tramitara la primera ley de residencias que llegó a un Parlamento, en este caso el de la comunidad de Madrid.
Cuando se dieron cuenta de que el negocio podría resquebrajarse, presionaron a sus aliados políticos naturales, en aquel momento el Partido Popular y Ciudadanos, y lograron que se echase abajo esa ley, que pretendía reformular la asistencia y los cuidados a las personas mayores desde la dignidad. En esa trama inmunda priman la corrupción moral, la usura, el abuso y el maltrato en los servicios que se prestan a las personas mayores y con discapacidad. Las administraciones han vaciado los servicios públicos, lo público se ha ausentado, lo han entregado a las empresas privadas y de iniciativa social, la mayor parte de filiación católica, casi el 90% de la gestión de las residencias en España. Si la trama que domina el sistema residencial español decidiera devolver a la administración pública las plazas que le ha alquilado o concertado, la atención en las residencias se colapsaría. La trama tiene la sartén por el mango.
¿Cómo se sienten las familias ante esa situación?
Hemos perdido el control sobre nuestros parientes en la residencias. Es inconcebible en un Estado de Derecho. En la mayor parte del Estado no se accede con normalidad de las residencias, y le hablo de la situación que vivimos ahora mismo. Más allá de que coyunturalmente estemos en el pico de la sexta ola, ya sucedía en los meses anteriores. Las visitas en las habitaciones están prohibidas, lo que remarca la situación de desamparo en la que viven cotidianamente las familias y la situación de soledad por la que transitan las usuarias. Todo ello deviene del escandaloso y criminal juego que practican con impunidad estas operadoras y estas administraciones.
Otro de los problemas que ustedes denuncian es que, pese a que las vacunas han reducido el número de muertes, las ratios de personal son tan bajas que cuando hay un brote que afecta a las trabajadoras, las residencias se quedan desasistidas.
El contingente laboral está más escuálido que nunca, no hemos aprendido, no existen todavía planes de contingencia, que ya estaban contemplados en el verano del 2020 como exigencia a las empresas. ¡Qué va! La Xunta de Galicia tiene residencias donde todavía no ha suscrito esos planes que la propia administración se exige a ella misma.
No existen las trabajadoras necesarias en número y formación apropiada. Igual sucede en los departamentos de inspección de las administraciones, como dije antes. Y las direcciones de la residencias siguen sintiendo una especie de inmunidad e impunidad con la que han convivido graciosamente durante dos décadas, y todo porque sigue habiendo una deficiente labor de vigilancia de la administración sellada por la inacción de la justicia. De ahí que no sea extraño que asistamos, consternados, a sucesos lamentables como el incendio de una residencia en Moncada y la muerte de una residente con alzhéimer ahorcada por las sujeciones que sufría, así como las coacciones y amenazas a las familias que osan plantear reclamaciones objetivas y razonadas sobre vulneración de normativas. Yo mismo he sufrido cómo una directora me ha deseado la muerte en una conversación telefónica reciente. O expulsiones de residentes, o discriminaciones intolerables a personas con discapacidad, o lo que Público describió que pasa en A Raiola, donde hay gente que pasa hambre.
¿Son casos aislados?
Esto sucede en las 5.500 residencias que hay en España, con 400.000 mayores. Evidentemente habrá excepciones. Pero no se piensa en el factor humano, prima el resultado económico. Esa es la radiografía de estos dos años. Prima el resultado económico de unas instalaciones donde son aparcadas indecorosamente miles de personas que sufren deshidratación y desnutrición, padecen humillaciones... Los malos tratos se han institucionalizado, les han despojado de sus derechos, no tienen voz. Eso significa que nuestra sociedad está enferma.
¿Qué le diría usted a la sociedad en general?
Cuando alguien nos dice frívolamente en las redes que por qué seguimos llevando a nuestros familiares a las residencias cuando conocemos esa realidad, les digo que espero que nunca en la vida tengan la necesidad de llevar a una residencia a personas con terribles enfermedades crónicas, como la que tenía mi mamá, que padecía demencia por cuerpos de Levy. A ella le tocó uno de los brotes más salvajes que se recuerdan en mi ciudad. Entre ocho enfermeras y auxiliares no fueron capaces de sujetarla. No me quedó otro remedio, lamentablemente, que llevarla a una residencia. Y de lo primero que me di cuenta es de que les desaparecían cosas de su armario.
Eso no pasa en ninguna cárcel. Una vez mi madre estuvo tirada en el suelo tres horas. Se cayó de la cama y y estuvo tres horas intentando levantarse. Nadie se dio cuenta, porque no hacían recuentos, hasta que llegó una amiga que venía a visitarla. En las residencias suceden cosas inaceptables, impensables, que nunca aceptaríamos pero que en ellas se han convertido en costumbre. Por eso hablamos de maltrato institucionalizado, malas prácticas, negligencias que se producen constantemente y que se han convertido en en el día a día, como que estén con pañales empapados durante cinco horas. Eso también la sucedió a mi mamá.
¿Cree que la sociedad se ha insensibilizado ante esa situación?
Ojo, que no toda la sociedad va a girar la cabeza. Aquí estamos nosotros, familiares y usuarias, a los que ya ni la muerte nos altera, porque convivimos con ella. En DomusVi Barreiro, donde murieron 47 personas y que fue la primera residencia intervenida en España, había un señor en la primera planta que me iba contando las muertes que se producían. Él lo sabía porque su habitación daba a la salida del garaje por donde salían los coches mortuorios con los féretros, que él iba contando. Salían por la noche para no alarmar, porque esas 47 personas murieron en apenas 15 días. Él iba contando los feretros y nos daba la información, que nosotros no teníamos porque el mismo día 30 en el que Feijóo accedió a la intervención, la Xunta dejó de informar del número de fallecidos.
Han creado ustedes La Plataforma, a nivel estatal, ¿Qué esperan conseguir?
De La Plataforma empezamos a hablar en el año 2019, no es resultado de la pandemia, ya viene de atrás. Empezamos las federaciones de Galicia, Madrid, Catalunya y Valencia, somos los cuatro fundadores. El primer objetivo fue que nuestra voz fuera más potente, porque imagínese si con 30.000 fallecidos aún nos cuesta trasladar las cuestiones y que se entienda lo mal que lo estamos haciendo como sociedad, antes de la pandemia era algo titánico. Nos unimos al final a finales del 2020, somo veinte organizaciones de doce comunidades autónomas, la mayor plataforma de Europa. Hemos logrado un hecho histórico, que por fin un Gobierno nos haya llamado a las familias para que nos sentemos en los foros donde se discute cuál es el futuro del sistema residencial. Estamos en una mesa de diálogo civil con el Gobierno y con otros organismos y asociaciones de la dependencia analizando un borrador para establecer un marco mínimo para las operadoras de residencias, que tendrían que cumplir unas normas básicas apuntaladas sobre la dignidad y el bienestar de los mayores. Y buscar otro modelo, otro sistema con residencias más pequeñas.
El Gobierno ha entendido que el número máximo de plazas serían cincuenta, nosotros lo respaldamos, pero lo tienen que aprobar las comunidades autónomas. Es una tarea muy complicada, porque son ellas las que tienen las competencias, pero no imposible. También hay una mesa de diálogo social donde están la patronal y dos sindicatos, UGT y CCOO, que están estudiando ese mismo documento. Y hay sintonía entre todos salvo en la patronal, que no quiere ese límite porque se puede acabar con uno de los principales núcleos del negocio de esas empresas que es la economía de escala. Cuantas más plazas, más ganancia.
¿Limitar el número de plazas acabará con los problemas?
Poner ese límite humaniza el contexto, aunque no garantiza que en las residencias de cincuenta plazas no se produzcan violaciones de los derechos fundamentales. Hay que vigilarlas, pero es importante también que estén cerca, que se procure que estén bien ubicadas en los barrios, que haya una vida comunitaria. Tiene que haber una implicación de la sociedad.. Tenemos que procurar que las personas mayores vivan con sus familias, y cuando eso no se pueda producir, como me pasó a mí con mi mamá, que vayan a centros que estén cerca. Ahora estamos sufriendo casos en los que la Xunta está desenraizando a las familias enviando a personas octogenarias y nonagenarias a doscientos kilómetros de su entorno familiar. Están destrozando a esas familias, a eso se le llama destierro. Dicen que el último destierro en Galicia fue el de Castelao. No, se están dando ahora mismo, la Xunta está desterrando a personas mayores de una forma insensible a cientos de kilómetros, con familias que recorren tres horas, Galicia de punta a punta, para poder verlas sólo 45 minutos.
¿Cómo ve el recorrido judicial de las querellas que se han presentado por las negligencias en las residencias?
En vista de la actitud nefasta e incluso grosera de la justicia española, al final tendrá que acabar en los tribunales europeos y en una actitud unida de las familias y ciudadanos de la UE, porque este es un problema general, no sólo es un problema de España aunque España sea el laboratorio principal de las residencias.
Enlace relacionado Publico.es (25/01/2022).
