Más de 40 organizaciones hacen un llamamiento frente a la “pérdida de derechos” que supondrá la Ley Ómnibus (18/02/2022).
“La han intentado definir como de mejora de la administración, pero este anteproyecto de ley se parece más a la ley de acompañamiento presupuestario de Esperanza Aguirre, está hecha para meter por la puerta de atrás todo lo que les interesa”, explica Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
En el caso de la ley de la expresidenta madrileña, el Tribunal Constitucional derogó años después parte de su articulado. En el del anteproyecto presentado por la nueva presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, titulado como Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid y conocido como Ley Ómnibus, su presentación se hizo en plenas fechas navideñas, con una nueva ola de covid de por medio y con solo diez días de audiencia pública —incluyendo los festivos— que después se alargaron cuatro días más.
A pesar de los pocos días de margen, desde varias organizaciones sociales han presentado alegaciones al anteproyecto de ley, pero, según han advertido hoy en rueda de prensa, aún no saben el alcance completo que esta posible futura legislación tendrá porque aún no ha podido analizar las 215 páginas de cambios normativos que contiene. Desde Ecologistas, Nines Nieto señala que han presentado más de 200 páginas de alegaciones sin haber llegado a analizar la mitad del texto de la ley. Desde la Federación de Municipios de Madrid solo han presentado una enmienda, al total del texto.
Desde estas organizaciones han convocado una manifestación para el próximo 26 de febrero, que partirá a las 12h de Atocha y que llegará hasta la Puerta del Sol para exigir que se pare la tramitación de la ley. Hacemos un llamamiento para que la ciudadanía se implique y se defienda ante esta pérdida de derechos”, destaca Villalobos. En solo 20 días, más de 50.000 personas han firmado su rechazo a esta ley.
Un cajón de sastre para beneficiar el capital
La Ley Ómnibus supone la modificación de 33 leyes autonómicas y cinco decretos vigentes en la comunidad a los que se suman 15 disposiciones que afectan a ámbitos tan variados como la hacienda pública, la ordenación territorial, la protección del medio ambiente, servicios sociales y hasta a las parejas de hecho. “Si el modelo de pareja de hecho propone un modelo alternativo al matrimonio, con la Ley Ómnibus se iguala; a partir de esta ley no podrán formalizar su unión parejas empadronadas en municipios distintos y si, por ejemplo, tu pareja se va a Cuenca por temas de trabajo y se empadrona allí para poder acceder al servicio de salud, ya no podrá formalizarse como tu pareja de hecho”, explica Villalobos citando uno de los cambios que vendrán con esta nueva ley. “Se justifica afirmando que se simplifica el proceso porque ya no hará falta el tema de los testigos, pero lo que hace es imponer un componente sectario y ultracatólico”, continúa. La ley influye hasta en competencias municipales, con cambios que afectan a las policías locales o en transparencia, destaca el presidente de la FRAVM.
Para hacer un repaso de algunos de los temas a los que afecta el anteproyecto de ley, varias organizaciones han expuesto hoy, en una rueda de prensa, los cambios que supondrá por temas.
Regresión en protección ambiental
Uno de los principales temas afectados por la Ley Ómnibus es el medio ambiente. “La normativa ambiental de la comunidad es muy obsoleta, de principios de los 90 y los 2000, y no se ajusta a las directivas europeas aprobadas después”, explica Nines Nieto, de Ecologistas en Acción. Sin embargo, con esta ley, en vez de actualizar estas leyes obsoletas para mejorar la protección ambiental en un contexto de emergencia climática, Nieto advierte de que se ha optado por beneficiar a titulares de suelo no urbanizable. “Es una regresión en protección ambiental, y las consecuencias pueden ser muy graves”, destaca.
“Es una regresión en protección ambiental, y las consecuencias pueden ser muy graves”, destaca Nines Nieto
Uno de los cambios que contempla el anteproyecto de ley es sobre la Ley 2/199, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid, que fue una de las primeras en la comunidad que traspone una directiva europea, en este caso para la creación de un catálogo de especies protegidas. “Es un catálogo que está desfasado en el que se incluyen especies que ya no están en peligro y se deja fuera a otras que ahora sí lo están”, explica Nieto, que lamenta que, en vez de actualizar este catálogo, el anteproyecto de Ayuso lo que hace es autorizar al propietario del terreno el arranque y poda de especies vegetales que no estén catalogadas a través de una declaración responsable. “Pero esta declaración responsable tiene un problema porque se puede presentar informando de lo que se quiere podar, pero después no se controla lo que realmente se poda o arranca”, añade Nieto.
Otra ley modificada será la 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. “Se debería haber actualizado al menos a la ley estatal de montes del 2003”, señala Nieto. Pero la Ley Ómnibus no la actualiza, lo que hace es permitir la gestión externa, también con declaración responsable, de montes de utilidad pública ampliando esta cesión a los 75 años. “Se ha hecho para beneficiar la ocupación de Navacerrada”, apunta Nieto. El anteproyecto de ley también contempla ampliar los usos, actividades y construcciones en parques regionales como el de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque del Sureste o el del Curso Medio del Guadarrama. “Desde Gallardón no se ha legislado sobre medio ambiente, solo se ha modificado para retroceder en protección”, lamenta la activista de Ecologistas en Acción.
“Dicen que es para revitalizar el Madrid vacío, pero mientras desmantelan la sanidad de estas zonas”
Uno de los usos que se amplía en estos parques regionales será la caza de la cabra montesa, actividad que hasta ahora está prohibida en ciertas zonas del parque regional del Sureste, por ejemplo, y que con la nueva ley estará permitida. Además, el texto de la ley reduce las tasas para la práctica de la caza. “Dicen que es para revitalizar el Madrid vacío, pero mientras desmantelan la sanidad de estas zonas”, continúa Nieto.
Pero todo lo ambiental necesita cambios también a nivel urbanístico, señala Aurora Justo, también de Ecologistas en Acción (EeA). Por lo que la el anteproyecto de ley también incluye cambios en la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, sobre todo en cuanto a los proyectos de alcance regional, una herramienta creada en 1995 para facilitar la actividad de interés regional en determinados tipos de suelo. “Ahora cualquier actuación de suelo se puede meter en este concepto solo por interés económico, no hace falta que tenga alcance regional”, explica Justo. Estos proyectos tampoco necesitarán de una justificación de viabilidad y, si es fallido, en vez de obligar al titular a restaurar la zona, se permitirá que otras sociedades la asuman y el proyecto continúe.
“La Comunidad de Madrid podrá entrar en un territorio municipal y hacer lo que quiera”, alerta Aurora Justo
“Una de las cosas increíbles es que puedan ser de iniciativa pública o privada, y los públicos no se someten a información pública ni tramitación, van a ser totalmente opacos, ni van a tener que pagar licencia; la Comunidad de Madrid podrá entrar en un territorio municipal y hacer lo que quiera”, alerta Justo.
Otra parte de los cambios sobre urbanismo tiene que ver con la colaboración público privada en la gestión de las licencias. “Una importante función de la administración es velar por las licencias, y esta ley las deja en manos privadas”, continúa la activista de EeA. Hasta las tasas por estos trámites, que suponen una buena parte de los ingresos municipales, pasarán ahora a ser cobrados por empresas privadas. “¿Y cómo se regulan estas sociedades? Puestos a malpensar nos podemos hacer una y auto informarnos sobre nuestros propios proyectos”, advierte Justo, que destaca que, además, la ley incluye que los ayuntamientos que no quieran que la tramitación de licencias urbanísticas pase a estas empresas tendrán que regularlo expresamente.
“¿Y cómo se regulan estas sociedades? Puestos a malpensar nos podemos hacer una y auto informarnos sobre nuestros propios proyectos”, advierte Justo
Otro de los cambios que Justo destaca en urbanismo es que con la Ley Ómnibus el patrimonio público de suelo podrá ser puesto a la venta.
Chiringuito sanitario
El ámbito de la sanidad será otro de los grandes afectados por la Ley Ómnibus, especialmente por la creación de una nueva figura, la Agencia de Contratación Sanitaria, que manejará un presupuesto de hasta 2.000 millones de euros para suministros, bienes y servicios. “Es el colmo de la alevosía y la premeditación”, denuncia Carmen Esbrí, de Marea Blanca. “Trajeron este anteproyecto cuando estábamos distraídos con los presupuestos”, continúa.
Esbrí alerta de que el texto del anteproyecto de ley abre la puerta a que esta agencia adopte cualquier forma de sociedad mercantil. “Van a blindar e impulsar las privatizaciones de manera torticera”, afirma, señalando que esta agencia no estará sujeta a ningún tipo de control y se convertirá en un “foco de corrupción”.
“La pretensión es usar fondo públicos en una agencia que se va a someter al derecho privado”, añade Esbrí, quien también destaca las consecuencias en el empleo sanitario que vendrán con est6a nueva fórmula: “Van a permitir la compatibilización de servicios públicos y privados, van a facilitar el pluriempleo en vez de dar condiciones dignas de trabajo”.
Desde el sector del taxi también han participado en la rueda de prensa para alertar de la consecuencias que los cambios en la regulación de las VTC tendrán para el transporte en la comunidad.
“Es una bomba de racimo que atenta contra todo el contrato social que teníamos en la Comunidad de Madrid”, afirma Cecilio González, de Élite Taxi Madrid. “Quieren poner en manos de las multinacionales todo y uberizar el transporte público”, continúa.
A pesar que desde el gobierno autonómico han afirmado que sacarán de la Ley Ómnibus toda la parte sobre las VTC, desde Élite Taxi advierten que se tramitará igualmente en otra pieza.
González recuerda que los cambios planteados en el texto de la ley supone saltarse el decreto 13/2018, en el que se concretaba el carácter interurbano de las licencias de VTC, dando una moratoria temporal de cuatro años para que dejen de hacer servicio en ciudad. “Pues aquí les autorizan a ser urbanos, como un segundo tipo de taxi”, denuncia González.
“Se vende que pretendemos que desaparezcan las VTC, y no es así, lo que queremos es que hagan lo que tienen que hacer”, añade, por su parte, Javier Fernández, presidente de la misma organización. Fernández destaca que el objetivo de la ley es salvar a empresas multinacionales que crean empleo precario y que no respetan las normas. “Vamos a terminar teniendo uberperiodistas, uberpolicías que nos den palos en las manifestaciones, y así hasta que haya uberpolíticos”, concluye.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (16/02/2022).
