Retrato robot del intermediario perfecto: del primo de Almeida al hermano de Ayuso (11/04/2022).
“Nuestros valores: la honestidad, la generosidad, la humildad, la integridad”. Con una mirada sobria, seria, Alberto Luceño se dirigió así en 2012 a los alumnos de la escuela de negocios que dirigía y que en su día estuvo vinculada a la trama Púnica a través de su anterior propietario. Una década después, la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Luceño y el aristócrata Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal, ha terminado de destapar otros valores. Por ejemplo, tener contactos con quienes nada más estallar la pandemia habían de elegir a quién contrataban a dedo y sin publicidad. O saber cómo inflar de manera desorbitada los precios de artículos imprescindibles para cobrar una comisión de seis millones. O averiguar cómo conseguir que una Administración Pública aceptase tales precios: en este caso, 6,23 euros por mascarilla, las más caras de España como refleja un informe del Tribunal de Cuentas.
Lo conocido sobre el tándem Medina-Luceño ha disparado la temperatura del escándalo sobre la gestión de determinados contratos de emergencia tras el estallido de la pandemia. Y ha engrosado una lista de intermediarios aún exigua que quedó inaugurada hace mes y medio cuando elDiario.es desveló que el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás, cobró por mediar también en el suministro de equipos de protección a la propia Comunidad de Madrid.
Compra barato y vende caro
Ya para siempre los ricos de las mascarillas, Luceño y Medina se han convertido en paradigma de una nueva variante del enriquecimiento en tiempos de guerra: aquí, la desatada en marzo de 2020 para derrotar a la pandemia del Covid-19. Los números hablan por sí mismos: se enriquecieron de forma descomunal a través de tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para mascarillas, guantes y test que resultaron ser no solo carísimos sino de mala calidad. Los contratos estaban valorados en 14,79 millones de euros. Y los lograron porque, según Anticorrupción, fue Luis Medina quien contactó con el consistorio aprovechando “su amistad con un familiar del alcalde”, un primo abogado de José Luis Martínez-Almeida.
Y así, mientras el pico de la pandemia causaba cientos de muertes al día al tiempo que tensaba la cuerda del Estado del bienestar, los dos amigos transmutaban el plomo del virus en una cascada de oro gracias al dinero público. La metamorfosis se tradujo en el yate que se compró Medina y en la larga relación de bienes con que se hizo Luceño: una vivienda por 1,1 millones, 13 vehículos de gama alta o altísima, una semana en un lujoso hotel de Marbella (60.000 euros) a razón de 8.570 euros por jornada... De guinda, tres relojes Rolex.
“La clave de casos como el de Medina y Luceño –explica una fuente que pide no ser identificada– radica en que algunos intermediarios saben de antemano que ellos son los elegidos, con lo cual a veces compran barato y luego venden caro. En determinados casos el proveedor real es una empresa española que le vende el material al elegido”. La fuente no da más datos.
Una brecha brutal
Los contratos habían sido adjudicados a dedo a través de una empresa municipal –la funeraria– porque al tratarse de una sociedad mercantil le resulta más fácil adelantar pagos. Y adelantarlos –avisa otro experto, este en contratación y ajeno tanto al Ayuntamiento de Madrid como al PP– resultaba crucial para que el proveedor no cambiara de pronto de cliente y entregase su carga a otro.
Pero eso en absoluto indica que durante la pandemia resultara imposible levantar diques administrativos en prevención de engaños, estafas y operaciones de tráfico de influencias. Por ejemplo, el mismo informe del Tribunal de Cuentas que señala cómo las mascarillas de Madrid fueron las más caras de las 12 grandes ciudades españolas aporta un dato. Y con él se abre una brecha brutal entre territorios: “El porcentaje global de contratos examinados en que consta la promoción de concurrencia se sitúa en el 19 % del total de la muestra. Las entidades que en mayor medida solicitaron varias ofertas son los Ayuntamientos de Palma, Córdoba y Valencia, que lo hicieron, respectivamente, en un 48%, un 45% y un 42% de sus contratos. El Ayuntamiento de Murcia [en 2020 aún gobernado por el PP], por el contrario, no promovió la concurrencia de ofertas en ninguno de los contratos examinados”.
Licitar los contratos era posible
También a escala estatal hay ejemplos. Publicado en su blog hace dos años bajo el título Covid-19 y contratación pública, un artículo del catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González hacía un recordatorio: que la ley de contratos permite en momentos de emergencia saltarse los procedimientos de licitación abierta. Pero que lo permita en absoluto equivale a que imponga desecharlos . Y cita en su texto el ejemplo de Correos: aplicó la cláusula de emergencia “pero licitando el contrato en la Plataforma de Contratación del Estado y proporcionando a los eventuales licitadores un plazo de cinco días para presentar sus propuestas”. Esa fórmula, añade el artículo de González, armonizaba “eficacia en la gestión con una apertura a la competencia que permitiría, hipotéticamente, disponer de mejores condiciones económicas”. Y garantizaba, sobre todo, publicidad. Es decir, transparencia.
En la Comunidad de Madrid, en cambio, tal fórmula de armonización no fue desde luego la norma. Tomando como fuente los documentos entregados por el Gobierno regional a la Asamblea de Madrid, en 2020 y en números redondos los contratos de emergencia sobrepasaron los 4.000.
Un conseguidor con suerte... que subcontrataba
En muchos casos, las adjudicaciones y los contratos de ellas derivados no se publicaron hasta un año más tarde. De hecho, eso explica que desde fuera nadie detectase que el Gobierno regional había adjudicado 38,7 millones a una empresa de Florida –Sigma Dental Inc., vinculada a otra de Panamá, Sigma Dental Plan Corp.– y sobre la que el portal de contratación ofrecía datos falsos: un NIF casi idéntico al de una empresa española ajena por completo a aquella adjudicación. A fecha de hoy nadie ha explicado cómo se hizo con 38,7 millones una compañía presidida por un venezolano que nunca había operado en el sector sanitario en España.
Pero el de Sigma Dental no es el único caso de conseguidor –el que consigue– que a dedo obtuvo contratos de suministros de equipos de protección frente al Covid sin haber operado antes en ese campo, al menos en España. Dedicada a la venta de cava con polvo de oro y con un empleado en 2020, Vin Doré 24K se hizo ese año con contratos por 17,5 millones para el suministro de mascarillas y antígenos. Ubicada en Las Rozas, el dueño de Vin Doré también logró en 2020 que el Ayuntamiento de ese municipio y el de Majadahonda, ambos gobernados por el PP, otorgaran a la empresa contratos para quitar nieve durante la tormenta Filomena. Como publicó El País, la experiencia de Vin Doré en ese campo era nula. Tanto que facturó 260.000 euros a Majadahonda y subcontrató los trabajos a una empresa murciana de obras civiles. A Las Rozas le cobró 437.000 euros.
El dueño de Vin Doré 24K, Diego Suárez Liceras, ganó cierta fama con un tuit de mayo de 2020 donde a la pregunta de qué tenían en común Isabel Celaá, Yolanda Díaz, Begoña Gómez y Paula Vázquez respondía así: “¿Que son retrasadas, que les gusta el botox y la silicona, que dan asco por sus ideas comunistas?”
El "derecho" a cobrar comisión
Su apelación a que las socialistas Isabel Celaá y Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez, son comunistas enlaza con el discurso de Isabel Díaz Ayuso, que convirtió “comunismo o libertad” en un auténtico lema.
La estrategia de la jefa del Ejecutivo madrileño en relación a la libertad –en las elecciones autonómicas llegó a enviar a los votantes una carta en blanco, sin medidas programáticas, solo con su foto junto a esa palabra– alcanzó incluso la parcela que afecta a su hermano y al contrato público que de forma indirecta le benefició.
Oficialmente y según la presidenta del Gobierno regional, la comisión de su hermano por ese contrato, otorgado por 1,5 millones y suscrito con Priviet Sportive SL, la empresa de un amigo del pueblo de los Díaz Ayuso, se limitó a 55.850 euros. Y la comisión, opina, goza tanto de legalidad como de legitimidad: su hermano, sostiene Ayuso, “tiene derecho a ganarse la vida en un sector en el que lleva trabajando más de 25 años". En el objeto social de Priviet Sportive no figura el suministro de material sanitario. Lo que aparece en los servidores con acceso al Registro Mercantil es "confección, fabricación y venta al por mayor y a por menor de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora". Y también, "la explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética".
El caso está en manos de Anticorrupción y, en paralelo, de la Fiscalía Europea. En total, Tomás Díaz Ayuso cobró de Priviet 283.000 euros pero nadie ha explicado aún con qué se corresponde la cuantía adicional a los 55.850 antes mencionados.
¿Significa todo lo anterior que las influencias conforman un telón de fondo habitual en los contratos adjudicados sin concurrencia previa? Alcanzar una respuesta válida y universal no es posible, contesta Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Rey Juan Carlos y directivo de Transparencia Internacional: “La pandemia y que hubiera que afrontar una situación muy grave y muy compleja hace que todos los mecanismos tradicionales para controlar la contratación se vengan en gran medida abajo". Ahora bien, citando como fuente el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, Villoria proporciona un elemento para la reflexión: “En España casi siempre hay conexiones personales para desarrollar negocios. Más del 40% de los españoles reconoce que ha obtenido algún servicio gracias a sus conexiones”.
La lista negra de Ayuso
Ante la denuncia formulada por la oposición sobre la comisión de su hermano, la jefa del Ejecutivo madrileño ha contraatacado elevando otra por los contratos de emergencia adjudicados también en 2020 por el Gobierno central a 12 empresas que pone bajo sospecha y relaciona en algunos casos con ministros. Por ejemplo, Páginas Amarillas, que obtuvo una adjudicación de 532.000 euros y a la que el PP señala porque el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño ocupa en ella el cargo de director de marketing . “Vamos a empezar a investigar a todos”, espetó el 10 de marzo. La presidenta no ha aclarado por qué no interpuso antes esa denuncia si ya sospechaba de la legalidad de esos contratos, sobre algunos de los cuales distintos medios habían informado ya en 2020.
Un ejemplo: en la lista que ha entregado a Anticorrupción, el PP sitúa a FCS Select Products SL: tres contratos por 263 millones. Según publicó en abril de 2020 El Independiente, FCS tiene como copropietaria a una empresaria condenada en 2015 por estafa.
Dado que, a fecha de abril de 2022, FCS Select Products SL no ha presentado aún las cuentas de 2020, resulta imposible averiguar qué distancia existe entre sus ingresos (el importe neto de la cifra de negocio) y sus gastos por aprovisionamiento, es decir, por compra en este caso del material que luego vendió.
Ese dato sí se conoce, por ejemplo, en Takamaka SL, la empresa que Alberto Luceño fundó en mayo de 2020 y la única de la serie a su nombre que ha presentado cuentas del ejercicio. Con 2,06 empleados fijos y 0,41 no fijos, su cifra de negocio en medio año llegó a 4.734.920,3 euros. Solo con las mascarillas –escribe Anticorrupción en su querella– Luceño y Medina inflaron el precio artificialmente para llevarse como beneficio cuatro millones de dólares, es decir, “el 148% del precio real del producto”. Estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales constituyen de momento la panoplia de delitos a que se enfrentan.
Baleares y los 'Paradise Papers'
Otra de las sociedades que el PP incluye en la denuncia es Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que obtuvo también contratos públicos en Canarias y Baleares. En 2019, la mercantil no facturó ni un solo euro mientras que en 2020 anotó como importe neto de la cifra de negocio 53.133.060 euros. En nombre de la mercantil y al menos en uno de los contratos –con Interior, por 3,47 millones para mascarillas– firmó José Ángel Escorial Senante, que aparece en los Paradise Papers por sus vínculos con empresas offshore radicadas en Malta.
En un informe publicado en octubre de 2020, la Oficina Antifraude de Baleares, órgano creado por el Parlamento del archipiélago, se afirma lo siguiente sobre una de las empresas maltesas de Escorial: “De acuerdo con la información que dispone la Oficina, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigaron el pasado año a esta sociedad, sobre una posible corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos”. El empresario lo niega.
Enlace relacionado InfoLibre.es (09/04/2022).
