El gasto militar español ha aumentado en 1.524 millones desde que comenzó la guerra en Ucrania (30/04/2022).
El presupuesto de Defensa tendrá que aumentar en 14.000 millones de euros para que suponga el 2% del PIB (de los 10.155,2 millones actuales a más de 24.000). Es el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, –al mandato de la OTAN– y ya se están dando pasos para cumplirlo: de soslayo y sin más publicidad que la preceptiva, el gasto militar se ha incrementado en 1.524,23 millones de euros desde que Rusia invadió Ucrania.
Con relación –o carente de ella– con el conflicto bélico, casi en cada Consejo de Ministros se han aprobado modificaciones presupuestarias en este sentido. Y así lo muestra este estudio de Juan Carlos Rois (que ya desveló la gran distancia existente entre la consignación oficial de Defensa y la real), hecho público por el Grup Antimilitarista Tortuga.
El gasto comprometido, apunta Rois en el informe, tiene tres características principales: es, en gran parte, plurianual, es decir, no solo afecta a este año, sino que también compromete gasto para 2023 y 2024; saca dinero del Fondo de Contingencia y afecta a otros ministerios como Hacienda, Industria, Exteriores o Transición Ecológica.
Operaciones en el exterior y formación del personal militar
El del 8 de marzo fue el segundo Consejo de Ministros que se desarrolló tras el comienzo de la guerra en Ucrania. Y el primero en el que el gasto militar comenzó a aumentar.
Por un lado, se acordó una “ampliación de crédito en el Ministerio de Defensa para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, por un importe de 569.854.333,45 euros”. Es una de las modificaciones que ‘tiran’ del Fondo de Contingencia.
A este propósito ya se habían dedicado 550,4 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado –PGE– (314,36 salían de Defensa y 236 del Ministerio de Asuntos Exteriores). Paradójicamente, la modificación presupuestaria es de mayor volumen que lo consignado en un principio y hace un total de más de 1.120 millones de euros para operaciones militares en el exterior.
Otra de las variaciones aprobadas ese 8 de marzo nació de una modificación de “los límites establecidos en el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y la fundación de esta, para el desarrollo de actividades para la formación y el desarrollo de recursos competenciales digitales docentes”.
El artículo especifica que este tipo de alteraciones se pueden llevar a cabo “en casos especialmente justificados”. En concreto, se comprometieron 22 millones de euros (2 para 2022, 10 en 2023 y la misma cantidad en 2024).
Y aún hubo una corrección más favorable a Defensa en este generoso Consejo de Ministros. Fue para posibilitar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) la contratación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como otras necesidades esenciales.
La dotación al respecto en los PGE era de 695.000 euros para 2022, a lo que ahora se unen 624.772,06 euros comprometidos en 2023 y 894.587,15 euros que corresponden a 2024. En total, algo más de 1,5 millones de euros.
Motores para aeronaves y modernización en materia de eficiencia energética
También se infló el gasto militar en el Consejo de Ministros del 15 de marzo. En él se aprobó “la celebración de un acuerdo marco para la adquisición y el suministro de repuestos para motores fabricados por General Electric Company que montan diversas aeronaves en servicio en las Fuerzas Armadas, tanto en los Ejércitos como en la Armada, por un valor estimado de 46.868.000,00 euros”.
Este acuerdo, explican, tiene una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más, en periodos de un año y “resulta imprescindible para que se puedan realizar las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas en el marco de la Defensa Nacional en condiciones de eficacia y seguridad apropiadas para las aeronaves”.
Una semana después, el 22 de marzo, el tijeretazo para dotar a Defensa (por importe de 97.411.113,41 euros) se lo llevó el Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia.
En concreto, detallan, “la Secretaría de Estado de Defensa y la Secretaría de Estado de Energía han iniciado expediente de transferencia de crédito. Según se indica en la documentación justificativa que acompaña al expediente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye el Componente 11: Modernización de las administraciones públicas, en el que se encuadra la Inversión 4, relativa al Plan de transición energética en la Administración General del Estado”.
Este plan, agregan, “tiene como objetivo promover el ahorro y la eficiencia energética y fomentar la utilización de energías de origen renovable en los edificios e infraestructuras, así como impulsar la movilidad sostenible”.
Combustible líquido para los ejércitos y urbanizaciones militares
Las dos últimas modificaciones presupuestarias tendentes a aumentar el gasto en Defensa se produjeron en abril. El día 5, el Consejo de Ministros autorizó “la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de combustibles líquidos en el territorio nacional para las Fuerzas Armadas y sus organismos dependientes, por un valor estimado de 767.570.795,32 euros”.
Su duración es de dos años, siendo susceptible de prórroga por tres años más, y sustituye al celebrado en 2018. Aclaran que en dicho acuerdo “no están incluidos los combustibles líquidos de automoción en surtidor o estaciones de servicio, ya que este tipo de suministros entran en el ámbito del acuerdo marco suscrito por el Ministerio de Hacienda y Función Pública aplicable con carácter general para toda la Administración General del Estado”.
La última variación (hasta el momento) se produjo el 12 de abril: se decidió destinar 19.014.731,11 euros a la “urbanización, reforma y adaptación a normativa de las instalaciones interiores de las viviendas de la Colonia Militar Ruiz de Alda, Santiago de la Ribera, San Javier, Murcia”.
La citada Colonia, anotan, fue construida en los años 60, por lo que requiere de múltiples actuaciones de mejora para adaptarla a la referida normativa urbanística, lo que requiere de una actuación integral coordinada que debe abordarse en un único proyecto de obras. Las obras se ejecutarán durante los años 2022 a 2024.
Más de 30 millones de euros para organizar la cumbre de la OTAN
En el último Consejo de Ministros, celebrado el 26 de abril de 2022, se aprobaron dos partidas (que suman 31.708.630,63 euros) para organizar la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid en junio de 2022.
Gran parte del montante (29,75 millones de euros) saldrá del Ministerio de Asuntos Exteriores para “la contratación de la cesión temporal de espacios y prestación de servicios y suministros”.
El resto, 1,95 millones de euros, servirá para la adquisición del material necesario para llevar a cabo el dispositivo policial destinado a garantizar la celebración de dicha cumbre.
Enlace relacionado LaMarea.com (27/04/2022).
