Una farmacéutica pública: herramienta para la soberanía sanitaria (06/05/2022).
La crisis sanitaria ha puesto en evidencia la dependencia de los gobiernos y la sociedad hacia productos sanitarios, del mismo modo que se ha hecho evidente que las patentes y el mercado se imponen al bien común, que los precios de los medicamentos generan un gasto público poco asumible y que hay poca transparencia —como se ha visto con los contratos de las farmacéuticas con la Unión Europea— en la industria de los medicamentos. No obstante, la idea de la creación de una farmacéutica pública es previa a la pandemia: Podemos y Más País ya la plantearon en 2019. Por su parte, la CUP instó el gobierno catalán en julio del 2020 a que creara una y, en febrero del 2021, Compromís pidió en el gobierno español que realizara un estudio sobre la viabilidad de este tipo de empresa pública.
Referentes tampoco faltan en países tan dispares como Suecia —con una farmacéutica pública—, Cuba —que tiene nacionalizado el sector— o Estados Unidos —que desde 2019 cuenta con una farmacéutica sin afán de lucro—. Una medida poco explorada y menos debatida que, según quienes la proponen, podría ser la garantía de soberanía sanitaria en un contexto global. Podemos recuerda que una farmacéutica pública española no partiría de cero en el Estado español puesto que “tenemos el Centro Militar de Farmacia de la Defensa” que se dedica a proveer al ejército español y a producir antídotos contra ataques NBQ (Nuclear, Biológico y Químico), un centro que “podría hacer frente a los problemas urgentes de desabastecimiento de medicamentos” afirma Rosa Medel, diputada de Podemos en el Congreso español.
“Necesitamos autonomía en la producción y distribución de medicamentos esenciales y esto solo podemos conseguirlo con una industria pública de medicamentos”
¿Por qué pública?
Medel lo tiene claro: “El objetivo de la industria farmacéutica es el beneficio”, y, por eso, “necesitamos una industria pública que ponga el bienestar social en primer lugar”. El fin sería promover soberanía sanitaria alrededor de las necesidades farmacéuticas del país frente la actual dependencia de las multinacionales. “Necesitamos autonomía en la producción y distribución de medicamentos esenciales y esto solo podemos conseguirlo con una industria pública de medicamentos”, concluye la diputada.
Según Medel, se hubieran podido evitar situaciones como las protagonizadas por la Big Pharma con AstraZeneca, que fue financiada con dinero público con el compromiso de alcanzar y mantener el precio, y “prefirió vender las dosis comprometidas con la Unión Europea a Israel por un precio superior”. U otras situaciones que la diputada describe como un abuso, como por ejemplo cuando Pfizer modificó el concepto de vial y dosis para dejar de suministrar casi un 20% de las vacunas, pero manteniendo el precio. Además, asegura Medel, “una industria sanitaria pública no tan solo incluye medicamentos, sino que incluye productos esenciales para acabar con la dependencia extranjera como pueden ser mascarillas, respiradores, equipos de protección individual, etc”.
Con la propuesta de una farmacia pública coinciden, además de los partidos políticos citados, movimientos sociales como la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que reclamó en pleno confinamiento pandémico la creación “de una industria pública de fármacos” para alcanzar las necesidades de la ciudadanía más allá del mercado. Desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) del País Valencià, comparten la idea, a pesar de que consideran prioritario invertir en completar las coberturas del sistema público sanitario con servicios como la salud mental y todo tipo de exoprótesis: gafas, audífonos, prótesis dentales, muletas, sillas de rueda, caminadores, bastones, materiales de cuidado para domicilios o residencias...
La farmacéutica pública participaría de todo el proceso: investigación, producción y distribución. “La investigación de los medicamentos tiene que estar marcada por las necesidades reales y no por los intereses industriales”, afirma Medel, quien explica que hay medicamentos “que tienen un precio muy elevando” y no aportan valor respecto a otros ya disponibles y “más económicos”. Una situación tolerada por la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios “a pesar de que suponen unos gastos desmesurados”, afirma Medel, para quien “solo una empresa pública será transparente”.
Desde Compromís explican que en su propuesta, en un contexto de un mercado que tiende a las Big Pharma, una farmacéutica no aspiraría a ser competidor. “Intentaría reducir el gasto farmacéutico a partir de producir más genéricos baratos de un amplio uso dirigido al uso hospitalario”, afirma Carles Esteve, diputado de Compromís en las Cortes valencianas. El mismo añade que también sería una solución para evitar o contrarrestar situaciones de desabastecimiento, algo que “ahora solo puede hacer el mercado”. “Lo que pasó a principios de la pandemia con las mascarillas y los equipos de protección individual de sanitarios fue dramático, tenemos mucha dependencia exterior y no está mal tener cierta capacidad de producción para no depender tanto”, explica Esteve.
Una farmacéutica pública se podría dedicar a hacer investigación y fabricar medicamentos para enfermedades raras que, como tienen “poco mercado” no resultan altamente atractivos para la industria
Esto también se ha visto con las vacunas, añade: “No se trata solo de liberar la patente, cosa que puede decidir un gobierno de forma unilateral si hay una emergencia sanitaria, sino de tener la propia capacidad de fabricación en manos del gobierno, porque sino volvemos a estar en manos de los mercado que han sacado beneficios exorbitantes”, explica. Otra ventaja para el diputado de Compromís sería que una farmacéutica pública se podría dedicar a hacer investigación y fabricar medicamentos para enfermedades raras que, como tienen “poco mercado” no resultan altamente atractivos para la industria, y por ende no se fabrican o investigan.
Desde CAS sostienen que la parte más interesante de la propuesta de farmacéutica pública es la de la comercialización, puesto que puede promover el consumo de genéricos. Consideran prioritario hacer “oficinas públicas de farmacia orientadas a la cronicidad, a los genéricos, adaptando las dosis administradas a las suministradas y fomentando el reciclaje de determinadas exoprótesis de traumatología y reumatología”, indica Víctor N. Dobon, miembro de la coordinadora. Con todo, desde la CAS apuntan un ámbito clave donde incidir: el consumo. Para la coordinadora, sería importante revertir la excesiva medicalización de la salud —promoviendo una cultura de la prevención— y de consumo de medicamentos exclusivamente a genéricos. Por eso creen que “la apuesta inmediata de promover desde ya una distribución pública de genéricos frenaría una parte importante del coste farmacéutico”, según resume Dobon.
La investigación: ¿pública o privada?
Una de las principales críticas a la propuesta de una farmacéutica pública es que para generar un nuevo medicamento se necesita mucha inversión a fondo perdido para ser rentable, y consideran que este riesgo solo lo puede asumir, y solo lo tiene que asumir, la empresa privada y no los presupuestos públicos, puesto que, según este razonamiento, esto implicaría “jugar con el dinero de todos”. Estas afirmaciones chocan con la realidad. “La mayoría de la investigación biomédica es publica, por encima del 60%, pero los estudios realizados por el Parlamento Europeo señalan que no hay retorno de esto”, explica Esteve, quien añade que “la inversión pública solo la explota la privada”.
“La industria privada solo explora productos que han mostrado eficacia durante el proceso de investigación, pero la primera parte de la investigación, que es la más costosa y arriesgada, la hace la administración pública”
“La industria privada solo explora productos que han mostrado eficacia durante el proceso de investigación, pero la primera parte de la investigación, que es la más costosa y arriesgada, la hace la administración pública”, explica Medel, quien asegura que las farmacéuticas privadas “nunca corren riesgos”. Es decir, si la investigación científica inicial tiene éxito “le pasa el producto a la farmacéutica privada” y se le vende “cediendo todos los derechos sobre el producto, sin disponer de ningún mecanismo para asegurar que después se venderá a un precio accesible”, afirma Jordi Trapé, a neurofarmacólogo y miembro del grupo de trabajo de sanidad de la CUP.
A la vez, según explica Trapé, también se paga desde fondos públicos “parte de los ensayos clínicos que se hacen en centros públicos, y se hace a través de incentivos económicos para que las grandes compañías produzcan medicamentos que no les son tan rentables como querrían, como por ejemplo en el caso de las enfermedades minoritarias. Y evidentemente se vuelve a pagar en la adquisición del producto final”.
El miembro de la CUP, además, resalta que los beneficios de las farmacéuticas son “escandalosos”, situándose alrededor del 70-80% de media y destaca que “el precio que cuesta producir un medicamento se puede llegar a multiplicar por centenares o miles, en ocasiones, a la hora del venderlo al público, especialmente durante la etapa de vigencia de la patente”. Trapé añade que “los elevados costes de algunos medicamentos no están relacionados con su fabricación, ni tampoco con la inversión en investigación y desarrollo, sino con los gastos asociados a la comercialización y la promoción de sus productos”. Hace referencia a datos publicados por el diario francés Le Monde: la investigación y desarrollo de fármacos recibe el 13% del presupuesto, mientras que los gastos de marketing suponen entre el 35% del presupuesto total de los laboratorios.
Por eso desde Podemos también creen que una farmacéutica pública podría servir, aparte de para “paliar situaciones de desabastecimiento, para condicionar los precios de los medicamentos a partir de tener disponibles otros precios marcados directamente por las instituciones”. Actualmente, pese a la inversión que se hace desde las universidades públicas en investigación científica, “los precios de los medicamentos están marcados exclusivamente por la industria”, indica Medel, cosa que en muchas ocasiones llega a hacer insostenible el gasto farmacéutico.
Inversión inicial
El proyecto necesitaría de una inversión inicial que “puede suponer un reto económico para las instituciones, pero el ahorro a medio plazo y los beneficios sociales y económicos que lleva consigo misma la producción no lucrativa de medicamentos compensa sobradamente estos costes”, afirma Trapé. Con todo, añade que solo con la producción de genéricos y si “se entra al mercado con un mínimo de fuerza, los beneficios serían suficientes para continuar creciendo y amortizar la inversión inicial”. Según el estudio que se elaboró desde Compromís, comparte Esteve, “crear una farmacéutica de ámbito estatal requeriría una inversión de unos 100 millones de euros y en un año podría fabricar entre 15-20 genéricos. No es una inversión muy grande para un Estado como el español y la capacidad de generar rentabilidad de la inversión es rápida”, afirma el diputado a las Cortes Valencianas , que añade también que si bien “no te puedes comparar con una Big Pharma” sí sería viable hacerlo con “farmacéuticas de menor dimensión que facturan entre 100 y 300 millones de euros y que son muy competitivas”.
Desde Podemos y Compromís conciben la farmacéutica pública como un operador público dentro de un mercado sobre el cual el gobierno puede decidir directamente para promover la soberanía farmacéutica más allá de que, además, también pueda regular el mercado a partir del control de precios o la liberación de patentes. Compromís resalta las dificultades de nacionalizar o competir de tú a tú con un sector que es mundial y que funciona en clave transnacional. Desde la CUP, si bien su propuesta en una primera fase estaría en este mismo marco, “se tendría que centrar tanto en aquello que presenta más demanda como en aquello que nadie quiere investigar, a pesar de que un objetivo a perseguir es que pudiera lograr casi la totalidad de la cuota de mercado”, afirma Trapé.
Para la formación catalana, no puede ser que una farmacéutica pública aspire solo a ser aquella que paga por lo que las privadas no quieren hacer porque no les es rentable. “Hace falta que vaya a competir de tú a tú en todos los ámbitos”, indica Trapé. La apuesta de la CUP sería un sector “100% público con un sistema de gobernanza participado por la ciudadanía, lejos de los intereses económicos y con una planificación estratégica basada, sobre todo, en criterios de salud pública”. Esteve considera interesante que una farmacéutica pública tuviera mecanismos de participación y pone de ejemplo la experiencia valenciana de los consejos de salud locales como modelo al cual incorporaría asociaciones científicas.
Farmacéuticas públicas o sin afán de lucro
Desde la CUP señalan que uno de los referentes a tener en cuenta es “el modelo cubano, donde la totalidad de la industria farmacéutica del país es pública y alcanza tanto la R+D+Y, como la producción y la distribución. “El modelo cubano es conocido por sus innovaciones en el desarrollo de vacunas y la inmunoterapia, especialmente eficiente durante la pandemia por covid-19. Actualmente exporta además a 50 países y los permite cubrir la mayor parte de la demanda interna”, explica Trapé.
El otro referente que plantean desde la CUP es la farmacéutica pública sueca Apotek Produktion & Laboratorium, que resulta “uno de los mayores productores de medicamentos especializados de Europa”. A pesar de ser un país de dimensión mediana —10 millones de habitantes y la vigésimo tercera economía mundial—, tiene un volumen importante de producción: cuenta con cuatro fábricas y dispone de un catálogo de más de 2.000 productos, que se comercializan en 35 países de todo el mundo. Al mismo tiempo, produce medicamentos para consumo propio que suministra a la empresa nacional que gestiona las farmacias públicas, Apoteket AB.
El referente que plantean desde Compromís es la primera farmacéutica sin afán de lucro, Cívica RX, ubicada en Estados Unidos y que nació el 2019 a raíz del desorbitado precio de un tratamiento oncológico, el Imatinib. En 2020 ya estaban fabricando 40 genéricos, y actualmente sus medicamentos sirven para tratar 30 millones de personas, una empresa con la cual colaboran y ayudaron a su creación 1.500 hospitales.
La existencia de estos de estos ejemplos muestra que una farmacéutica púbica no es ninguna quimera, “sino una realidad existente y palpable con unos resultados muy sólidos detrás”, concluye Trapé. Una opción a plantearse como elemento para promover la soberanía sanitaria de los pueblos que tan débil se ha demostrado en los últimos dos años de pandemia.
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