Alegría entre los hogares vulnerables amenazados por Desokupa en Tenerife tras una sentencia que les da la razón (28/05/2022).
El juzgado de Granadilla, en Tenerife, ha dado la razón a siete familias que resisten en la barriada de San Isidro del citado municipio y los ha considerado no culpables del delito de usurpación. Según una nota del Sindicato de Inquilinas de la isla, el tribunal ha considerado acreditado que son hogares que se encuentran en situación de exclusión social, lo que justifica que no acrediten la propiedad de las casas en las que viven, ya que las viviendas nunca han sido registradas oficialmente.
La sentencia ampara a esas familias, que forman parte de las 48 que ocupan desde hace diez años este bloque en la barriada tinerfeña. Desde la madrugada del 4 de mayo, cuando cuatro trabajadores de Desokupa se presentaron en este edificio ocupado con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía local, las cien personas (incluidas 30 menores de edad) que vivían en este edificio se encontraban en riesgo de desalojo.
Ese primer intento fue neutralizado por la resistencia del vecindario, pero la situación de acoso se repitió en las redes sociales del director de Desokupa, que incluyó amenazas veladas a quienes resistían en el edificio. Además, el intento del 4 de mayo dejó sin agua corriente a los vecinos, que denunciaron asimismo otros destrozos como la retirada de puertas y la ruptura de placas solares.
Para defender a las habitantes de este edificio de las amenazas llevadas a cabo por Desokupa, el Sindicato de Inquilinas sostenía una acampada que ha sido automáticamente desconvocada después de que se conociera el fallo judicial.
En un comunicado, esta organización ha recalcado que “si estas mafias desokupas vuelven a aparecer en este edificio o en cualquier otro para extorsionar a familias vulnerables, nos tendrán enfrente”. Los vecinos del edificio han interpuesto una decena de demandas contra Desokupa acusándola de “amenazas” y “extorsión”, y pidiendo una orden de alejamiento.
Actualmente, hay más de 600 viviendas ocupadas en el barrio de San Isidro de Granadilla, distribuidas en más de ocho bloques. El edificio que estaba en el punto de mira de la empresa es un resto del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, que se levantó sobre suelo público, carece de cédula de habitabilidad y ni siquiera figura en el catastro. El viernes, una moción de Sí Podemos en el Cabildo puede suponer que el Ayuntamiento recupere la propiedad del inmueble y, si prospera, que este se destine al alquiler social.
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