La sanidad privada clama contra la futura Ley de Equidad: "Con listas de espera récord, considerarnos excepcionales es deplorable" (06/06/2022).
Un total de 706.740 pacientes se encontraban en lista de espera para ser operados al cierre de 2021. Tras un excepcional descenso en 2020 provocado por la pandemia del coronavirus, esa cifra es la más alta desde que se inició el registro en 2003. Y se estima que siga creciendo. En ese contexto, la Alianza de la Sanidad Privada en España (ASPE) se reivindica como un "aliado" para aliviar esa presión y critica que la futura Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión vaya a obstaculizar la colaboración con el sector.
"Frente a esta crisis, no contar con el ámbito privado es una absoluta irresponsabilidad y, sin embargo, la nueva Ley de Equidad, en vez de considerarnos complementarios, nos convierte en excepcionales. Con la situación de las listas de espera en niveles récord me parece deplorable. Supone un perjuicio para el paciente", ha asegurado este jueves Carlos Rus. El presidente de Aspe ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada para poner de manifiesto "la alarmante e inédita crisis asistencial" que sufre el conjunto del país.
Antes de esa intervención, el secretario general de la alianza, Luis Mendicuti, ha augurado que las listas de espera quirúrgicas seguirán aumentando. "La previsión es que en junio sean aún superiores debido al incremento de 600.000 pacientes en espera de primera consulta de especialidades que se sumaron entre julio y diciembre de 2021, pasando de los 2,2 a los 2,8 millones", ha apuntado. Mendicuti ha recordado que la paralización del sistema sanitario y el miedo de los pacientes a acudir a los centros médicos que provocó la Covid tuvieron como consecuencia "una demanda oculta no diagnosticada" que está empezando a aflorar.
Según el Proyecto Venturi, que analiza la absorción de la demanda asistencial tras la acumulación por el coronavirus, para revertir la situación a niveles prepandémicos en 2021 deberían haberse realizado hasta 6,84 millones de intervenciones quirúrgicas, 2,35 millones más que las llevadas a cabo. Así las cosas, el tiempo medio de espera para pasar por quirófano se ha incrementado hasta los 123 días, con casuísticas por encima de los 180, el máximo legal en algunas comunidades.
A este respecto, Rus ha aludido a las leyes de garantías de respuesta asistencial por las que cada Ejecutivo autonómico ha de regular los periodos máximos para la atención de cada patología. Esas normas establecen que, en caso de superarse el tiempo establecido, la consejería de Sanidad está obligada a ofrecer al paciente la posibilidad de ser derivado a un centro concertado. "Estos compromisos no se cumplen y la inmensa mayoría de ciudadanos no conoce que puede reclamar este derecho", ha lamentado.
Para la alianza, el Ministerio de Sanidad debe establecer un protocolo estatal que favorezca plazos de espera igualitarios, con independencia de la autonomía, para evitar que existan inequidades. "Independientemente de que la titularidad de la gestión de los recursos sea pública o privada, es fundamental para el conjunto de la ciudadanía la eficiencia en términos de tiempo de resolución de su proceso asistencial para evitar el agravamiento de su salud por un diagnóstico tardío", han reclamado.
La inmensa mayoría de ciudadanos desconoce que puede reclamar ser derivado a un centro concertado si se supera el tiempo máximo de espera establecido
La sanidad privada forma parte del Sistema Nacional de Salud y cuenta con el 56% del total de centros hospitalarios y el 32% de las camas existentes en España, además de 12.000 centros extrahospitalarios. "Hemos hablado con los asociados y tienen disponibles en torno al 15% de las camas. Esto supone 7.500, con las que podemos incrementar el número de operaciones anuales en 300.000 y reducir la lista de espera en la mitad de tiempo", ha comentado el presidente de la patronal.
España destina aproximadamente el 11% de su gasto sanitario a conciertos, un importe cercano a 8.000 millones de euros. Aspe agrega que los precios medios concertados de procedimientos como cataratas, intervenciones de cadera o rodilla, entre otros, son entre un 25 y un 69% más bajos que las tarifas públicas.
"Si no se producen más derivaciones es una cuestión de voluntad política. La obligación de los políticos es que los recursos públicos funcionen de la mejor manera posible. Lo primero es lograr la mayor eficiencia en el ámbito público y a donde este no llegue, contar con el ámbito privado", ha incidido Rus y ha concluido instando a la red pública a "tomar la iniciativa sin titubeos ni consignas y apoyarse en la capacidad del sector empresarial para reducir esta crisis sanitaria actual".
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