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Vin Doré, la empresa de vinos que acabó vendiendo mascarillas, multiplicó su negocio por 322 con gobiernos del PP (11/06/2022).

Investigados por la justicia europea, con la obligación de pagar las costas del proceso judicial en el que se metieron con Ciudadanos, una imagen desprestigiada y perseguida por los partidos de la oposición del PP y daños en lo honorífico. Este es el precio a pagar por Vin Doré 24K, la empresa de venta de vinos con extracto de oro que ha conseguido suculentos contratos del PP por suministrar material sanitario durante la pandemia y máquinas quitanieves durante Filomena. Sin embargo, la firma presidida por Diego Suárez -empresario con fuertes vinculaciones con la derecha española- no tiene de qué quejarse: gracias a la contratación pública y su capacidad de reinvención, muy criticada y puesta en cuarentena en los tribunales, Vin Doré multiplicó su negocio por 322 gracias a las adjudicaciones de diferentes gobiernos del PP.

Y es que, tal y como ha cifrado ElPlural.com a lo largo de varios meses de exclusivas sobre los negocios de esta empresa vinícola, al menos inicialmente, la facturación media de la firma de Diego Suárez rondaba los 80.000 euros antes de adaptar su objeto social a las necesidades del mercado popular. Fue entonces (a partir de 2020) cuando Vin Doré pasó a facturar más de 17 millones de euros.

Y es que el gobierno de Ayuso adjudicó hasta siete contratos entre 2020 y 2021 por un valor de más de 17,5 millones de euros, donde suministraban test de autodiagnóstico de antígenos. De este modo, el volumen de actividad de la compañía se multiplicó por 322 al convertirse en intermediarios de material sanitario.

Concretamente, como adelantó este medio, esta empresa dedicada inicialmente “a la elaboración, compra y venta de uvas, vinos y alcoholes” amplió su objeto social el 31 de julio de 2020 a “la realización de cualquier actividad relacionada con los servicios en el ámbito del sector de distribución farmacéutica”. Una reconversión a contracorriente que se produjo cuando la firma ya había conseguido ser la beneficiaria de tres contratos de la Comunidad de Madrid por valor de 7.744.000 euros.

Este cambio de su objeto social permitió a los de Diego Suárez obtener hasta cuatro contratos más en concepto de suministro de material sanitario (el último de estos con fecha del 22 de diciembre de 2021 por un importe de 4.450.000 euros para la "adquisición centralizada de test de autodiagnóstico rápido antígeno para detección del SARS COV-2"). En total, con estos siete contratos -tres de ellos están ahora en manos de la Fiscalía Europea- la empresa de vinos consiguió ingresar 17,5 millones de euros por el suministro de mascarillas y material médico a la Comunidad de Madrid.

No solo material sanitario, también quitanieves

No contentos con estas cifras de facturación, desde Vin Doré decidieron reinventarse una vez más con Filomena y dedicarse a proporcionar quitanieves a dos feudos históricos del PP: Las Rozas y Majadahonda. La firma se embolsó 652.616 euros por dotar a los ayuntamientos populares de “medios mecánicos para la eliminación de la nieve acumulada en las calzadas del municipio por la nevada”.

Estas contrataciones no estuvieron exentas de polémica. Como adelantó este medio, esta empresa vinícola utilizó al menos un vehículo desguazado desde el año 1992 para realizar la retirada de nieve en el Ayuntamiento de Majadahonda, según consta en la Dirección General de Tráfico (DGT) y pudo comprobar ElPlural.com. Concretamente, en la documentación en poder de este medio se refleja que el vehículo con matrícula GU-2459-VE estaba desguazado pese a aparecer como uno de los utilizados en los albaranes realizados por Vin Doré y que el consistorio del municipio madrileño utiliza para justificar el motivo de la contratación.

Pese a lo ominoso de la contratación, y para más desconcierto generalizado, los ayuntamientos de Majadahonda y Las Rozas trataron de pagar la factura de estas quitanieves aprovechándose de una línea de ayudas concedida por el Gobierno central para que los consistorios pudieran realizar las obras y tareas de emergencia necesarias para limpiar los accesos que la Unidad Militar de Emergencias (UME) consideró como prioritarios (accesos a centros de salud, residencias de ancianos, centros educativos…). 

Para la correcta recepción de esta línea de subvenciones, los ayuntamientos tenían que entregar la documentación necesaria en el plazo comprendido entre el 8 y el 18 de enero, algo que, al menos en el caso de Las Rozas, no se consiguió, por lo que el ayuntamiento madrileño recurrió y su caso está siendo estudiado. Quien sí aligeró su gasto público con fondos estatales fue Majadahonda, municipio que contrató por la vía de emergencia a Vin Doré por un montante de 215.135,00 euros.

Dos mazazos judiciales

Este mismo jueves se ha conocido la noticia de que la Fiscalía Europea está investigando las contrataciones que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hizo con Vin Doré y con  Air Global Media S.L., empresa que habitualmente proporciona contenidos sobre la Fórmula 1 a teléfonos móviles. El Ministerio Público europeo investiga si hubo fraude a los presupuestos de la Unión Europea y estafa.

En el caso de Vin Dore se investigan tres contratos para traer material sanitario al hospital de campaña de Ifema por valor de 7,4 millones de euros. Por el momento, los fiscales ya han dado un primer paso en la investigación y le han solicitado a los denunciantes, en este caso Unidas Podemos, toda la documentación que tengan sobre este caso, un nuevo caso de contratos de emergencia durante la pandemia.

Pero este no es el único mazazo judicial para los de Diego Suárez. Como ha conocido en exclusiva ElPlural.com, Vin Doré ha perdido el juicio en el que se metieron contra Ciudadanos denunciando que los liberales habían vulnerado su honor. Por ello, se verán obligados a pagar las costas procesales del juicio.

“Parece obvio que la contratación de una empresa para combatir el temporal, que a su vez deberá subcontratar todos los servicios, elevará el precio, y esta información debe ser puesta de manifiesto, lo que es importante en cuanto a que sea conocido. Pero es que es más, si hubiere critica estaría mas dirigida a quien contrata que al contratado. En cuanto a que se manifieste que la demandante tiene como objeto social la comercialización de bebidas alcohólicas, es un hecho cierto, y no se utilizan expresiones vejatorias o injuriosa”, expone la Justicia. 

Además, la sentencia deja constancia de que “todas las manifestaciones están amparadas por ser hechos de interés público, y tampoco se han utilizado expresiones inequívocamente injuriosas, por lo tanto están evidentemente amparadas por la libertad de expresión.”

Enlace relacionado ElPlural.com (09/06/2022).

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