El Gobierno salva la ley de planes de pensiones de empleo con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de EH Bildu (12/06/2022).
El Congreso ha aprobado el texto definitivo de la ley de impulso de los planes de pensiones de empleo, la apuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con la que el Gobierno pretende cumplir con una de las exigencias de Bruselas para destrabar otro de los tramos de ayudas del plan Next Generation.
La ley sale adelante después de una tortuosa negociación a varias bandas y una tramitación calificada como “despropósito”, “auténtico carajal” o “caótica” por diferentes grupos parlamentarios. Las prisas mandaban, la Comisión Europea quería tener aprobada esta reforma antes del 30 de junio y en la votación de las enmiendas del pasado 2 de junio el PSOE había puesto en peligro el futuro de su ley permitiendo que se aprobaran tres enmiendas que contradecían su pacto previo con Ciudadanos, entre ellas el destope de las cotizaciones a la Seguridad Social.
La corrección de los errores cometidos por el PSOE ha allanado el camino para recuperar el apoyo de Ciudadanos y compensar la pérdida de votos de buena parte de los partidos de izquierda del hemiciclo, que han rechazado un proyecto al acusan de promover la privatización de las pensiones públicas.
Además del apoyo de Ciudadanos, el Gobierno consiguió la abstención de EH Bildu, al que prometió subir un 15% las pensiones no contributivas, y también el apoyo de Unidas Podemos, al que convenció modificando uno de los artículos más polémicos, aquel que cargaba el impulso de los planes privados de empleo al fondo de la Seguridad Social. Tras las múltiples modificaciones, enmiendas y transaccionales, la exención de 115 euros mensuales por trabajador adscrito —los famosos 400 euros al año de ahorro en cotizaciones sociales— ya no se cargarán en las cuentas de la Seguridad Social sino en los Presupuestos Generales del Estado, según fuentes de Unidas Podemos. “Gracias a UP, ni un solo euro va a salir del fondo de la Seguridad Social”, decía en el Congreso la diputada por Sevilla Isabel Franco Carmona.
El texto final incluye una batería de desgravaciones fiscales, sobre todo destinadas a empresas, para hacer más atractiva la participación en estos planes de pensiones privados: a la deducción en el IRPF de los planes de empleo elevada a 8.500 euros, se le suma la exención del impuesto a las transacciones financieras, la Tasa Tobin. Además, se ha sumado en el texto final la posibilidad de que las empresas puedan deducirse en la cuota íntegra del impuesto de sociedades el 10% de las contribuciones que hagan a los planes de pensiones de empleo de sus trabajadores.
El fin del tope de las cotizaciones se cae de la ley pero la portavoz de Unidas Podemos adelantó que ha llegado a un acuerdo con Escrivá para eliminarlo en la siguiente ronda de reformas
De la ley también se cae el destope de las bases de cotización de la Seguridad Social, una “medida redistributiva” propuesta por UP y que el PSOE permitió que se aprobara “por error” en la Comisión del Congreso del 2 de junio. Sin embargo, esta medida estará incluida en la siguiente ronda de reforma de las pensiones, según confirmó la diputada Franco Carmona desde el estrado. La ampliación de los topes de cotización ya había sido anunciada por el propio Escrivá el pasado mayo y estaba incluido en los planes de Estabilidad remitidos a Bruselas. El tope actual es de 39.474 euros anuales, 2.819 euros mensuales abonados en 14 pagas.
Otras dos enmiendas de UP que habían entrado en el texto en la caótica sesión del Comité también se han caído de la ley, entre ellas una enmienda que limitaba a la mitad la deducción del IRPF.
Estas correcciones determinaron el voto final de Cs. La diputada naranja María Muñoz Vidal definió el proyecto de ley como “bueno para los españoles” y defendió las contribuciones de su partido al texto. Además de una desgravación del 10% en el impuesto de sociedades, Cs incluyó en la negociación con Escrivá la “desideologización” de los planes al quitar las posibilidad de veto del Gobierno en las inversiones.
Un ataque a las pensiones públicas
Para la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) el plan Escriva supone “un ataque sin precedentes al modelo de Seguridad Social pública y de reparto”. Decenas de concentraciones, una de ellas a las puertas del Congreso, mostraban el rechazo de los pensionistas organizados a un “ataque realizado con nocturnidad y alevosía” que supone una “pérdida de derechos de la clase trabajadora”. Con el plan Escrivá, denuncian, se “abre la puerta a la quiebra de la Seguridad Social a corto plazo”.
“Gracias a la lucha se han conseguido concesiones. Sin nuestro movimiento el proceso de recortes hubiera sido mucho peor y más rápido, pero nos sorprende, escandaliza e indigna que fuerzas políticas que se habían comprometido a una defensa de una revalorización real e íntegra y mantener el carácter público del sistema, se hayan plegado finalmente a las exigencias del poder financiero”, apuntan.
Unas posiciones que encontraron eco en varios grupos políticos. El diputado de la CUP, Albert Botran, sostenía que el proyecto que sale de la tramitación es “menos malo” que el original, pero sigue suponiendo “la entrada de las empresas privadas al sistema de pensiones públicas”.
El diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo justificaba su abstención en forzar al Gobierno a negociar con izquierda y aislar las propuestas de la derecha que pretendían reforzar las ventajas de los planes de pensiones individuales. La exigencia de “no tocar la Seguridad Social” y la promesa de aumentar el 15% las pensiones no contributivas fueron el precio que pusieron los diputados abertzales por abstenerse y permitir la aprobación de la ley.
“Se abre una puerta a la privatización de la seguridad social, a la reducción de los salarios por las aportaciones a estos fondos y una reducción de aportaciones a la seguridad social. Se está abriendo la caja de Pandora”, dijo el diputado de Compromís Joan Baldoví
Mucho más duro fue el discurso del diputado Néstor Rego (BNG), que calificó el plan Escrivá como “caballo de Troya de la privatización de las pensiones públicas”. Para este político gallego, la idea de la Unión Europea y el Gobierno es convertir las pensiones públicas en un “sistema de asistencia social como un Ingreso Mínimo Vital” y quien quiera tener una pensión digna tenga que recurrir a las pensiones privadas. Detrás, denuncia, “hay un gran interés por parte de los bancos y las aseguradoras”. En la misma línea justificó su voto contrario el diputado de Compromís Joan Baldoví: “Se abre una puerta a la privatización de la seguridad social, a la reducción de los salarios por las aportaciones a estos fondos y una reducción de aportaciones a la Seguridad Social. Se está abriendo la caja de Pandora”.
Desde ERC, Jordi Salvador i Duch acusaba al Gobierno de coalición de sostener un “discurso de derechas”. En vez de “defender el sistema de pensiones públicas están abriendo la puerta a las pensiones privadas impulsadas con dinero público, rebajas fiscales, con el dinero que debería servir para mejorar las pensiones públicas”. Según Salvador i Duch, los partidos del Gobierno están transmitiendo el mismo mensaje que los lobbies de las pensiones privadas: que las pensiones públicas están en peligro y solo a través de la contratación de un plan de pensiones privado, en esta ocasión de empleo, se puede llegar a tener una pensión digna.
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