Muere un bombero forestal y dos resultan heridos en Castilla y León, la comunidad con el servicio más privatizado (20/07/2022).

  • Imprimir

Los bomberos forestales reivindican al Gobierno un modelo público para la prevención y extinción de incendios. Castilla y León es el territorio que más se beneficiaría del proyecto del estatuto básico de los bomberos forestales, ya que presenta el servicio más deficiente del Estado.

Once bomberos forestales murieron el 17 de julio de 2005 en el incendio de Guadalajara que arrasó 10.000 hectáreas. Fue un escándalo social y político que provocó una profunda remodelación del dispositivo forestal de Castilla La Mancha. Actualmente, se considera que es el mejor de todo el Estado. En la mañana de ayer, Agustín Argulo, jefe de jornada y técnico de guardia del operativo de León, recordaba a El Salto esa fecha fatídica: “Parece que los políticos solo se mueven cuando algo pasa, cuando ya todo es demasiado tarde”. Horas después, a las diez de la noche de ayer, sobrevino una noticia: un bombero de 63 años, experimentado manguerista que había acudido a asistir a una cuadrilla de tierra, falleció anoche debido a las quemaduras que sufrió durante las labores de extinción del incendio de Losacio, en Zamora. Al menos otros dos bomberos resultaron heridos. Castilla y León es la comunidad peor valorada entre los bomberos. Minutos después de darse a conocer su muerte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró sentirse “sobrecogido”, trasladó su “cariño” y “total apoyo” a familiares y compañeros y anunció un luto oficial para hoy lunes. Omitió la dejadez del estado del servicio, que es su responsabilidad política.

Hace cuatro semanas, el incendio en la sierra de la Culebra (Zamora) destapó el pastel: Castilla y León no tiene bomberos forestales suficientes para contener algo tan pequeño y habitual como un rayo de tormenta seca. La cuadrilla más cercana estaba a una hora, tiempo suficiente para que el humo que brota de la tierra se convierta en fuego que prende en la vegetación. “Lo que podría haber sido un incendio de 50 hectáreas, fue uno de 36.000”, indica quien sabe de rayos, tormentas y fuegos. Agustín Argulo también es delegado nacional de medio ambiente del CSIF, sindicato que, junto con CC OO y UGT, participa en las negociaciones con el Ministerio de Transición Ecológica para la redacción del estatuto básico del bombero forestal. 

Castilla y León es la comunidad que menos cuida de sus bomberos forestales y de sus bosques. Tiene el 59% de la plantilla privatizada a través de subcontratas, con condiciones paupérrimas que afectan a todo: sueldo bajo, turnos largos, contratos cortos, trajes rotos, comida y agua insuficiente. Y represalias. Sindicarse puede ser motivo para no volver a ser contratado en la campaña del siguiente verano. 

“Sabíamos que esto podía pasar, o estaba a punto de pasar. La Junta nos está exprimiendo hasta el máximo. Estamos haciendo turnos infumables de horas y horas y horas. Y nos están metiendo en la puta boca del lobo cuando no se podía apagar la cosa y ha pasado, ha muerto un compañero. Siento las palabras y siento todo pero a ver si le podéis dar un poco de bombo porque nos están matando a todos”, se escucha en un audio difundido anoche por un bombero forestal de Castilla y León. En la mañana del lunes, 18 de julio, se ha conocido la muerte relacionada con el incendio de otra persona, de 69 años, en Ferreruela (Zamora).

Gobernada interrumpidamente por el PP desde 1987, Castilla y León sería la comunidad que más se beneficiaría de la regulación estatal de una profesión que cada territorio mete en un epígrafe y le asigna tareas distintas. La semana pasada, CC OO, UGT y CSIF anunciaron movilizaciones ante la previsión de que la legislatura se agote y el proyecto de estatuto básico de bomberos forestales siga sin convertirse en ley. Dos días después, el presidente Pedro Sánchez lo incluyó dentro de las medidas que anunció en el debate del estado de la nación. Si sus palabras son ciertas, será la tercera vez que el Congreso aborde este proyecto de ley, que figura como uno de los compromisos del pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. 

Los sindicatos abogan por un modelo público de la prevención y extinción de los incendios forestales, con una homogeneización de los medios —misma emisora de radio, por ejemplo— y de las condiciones laborales —organización de los turnos—, que permita coordinarse de forma eficiente y rápida entre las distintas comunidades en caso de fuegos compartidos. Esto choca con dos modelos distintos de servicio que ya están en funcionamiento: por una parte, los centrados en la prevención y extinción dentro del ámbito forestal, como Castilla y León. El otro relega la prevención a brigadas forestales y amplía las funciones de los bomberos forestales dentro de la protección civil, como en el País Valencià. 

En cualquier caso, en ambos modelos el objetivo es tener a cuadrillas estables contratadas los 12 meses del año. En el primer modelo, desbrozarían el monte en invierno —ahora lo desbrozan antes de extinguir incendios—; en el segundo, en los meses de frío participarían en labores de protección civil en caso de inundaciones, nevadas, etc. 

Sea cual sea el modelo elegido por cada comunidad, contar con cuadrillas de bomberos forestales que sepan y puedan evitar incendios de sexta generación ante el incremento de las olas de calor y periodos de sequía más tempranos, unidos al cada vez más abandonado monte —ni ganadería ni agricultura, que limpian el matorral bajo y hacen de cortafuegos natural— supone tener media batalla ganada. De momento, el Estado ha preferido inhibirse y deja que cada comunidad haga lo que considere. El signo político y los procesos neoliberales de cada formación marcan el camino elegido. El Estado solo ha apostado por la UME, soldados que deben desplazarse cientos de kilómetros para extinguir un incendio. Es decir, no evitan que el fuego se desboque, llegan cuando el fuego ya es incontrolable. 

Privatizar un servicio básico

Para Argulo, el problema principal de Castilla y León es la privatización del servicio —solo 1.870 trabajadores de 4.540 son públicos—. “Si una cosa cuesta un millón de euros y quien obtiene la licitación dice que la hará por 600.000 y, además, debe obtener un beneficio empresarial, el resultado es sencillo: repercute en servicios de mala calidad y precariedad laboral”, resume. Añade que, en ocasiones, las contratas han obligado a traer maquinaria —la motosierra— al personal contratado eventualmente.  

Según Ángel Rubio, delegado de UGT, hasta el 26 de junio ya habían ardido en la península más de 70.000 hectáreas, “más del doble que la media”. “Los datos son terroríficos”, advirtió en rueda de prensa la pasada semana.

Agustín Argulo recuerda que las comunidades que más trabas están poniendo para implantar un estatuto básico de los bomberos forestales son, precisamente, Castilla y León. También Aragón. Las hay que van por delante del estatuto: Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia y La Rioja. “Esas comunidades no se meten, pensábamos que pondrían más pegas pero la única condición que han puesto es que puedan seguir manteniendo su modelo de gestión”, señala. 

En el País Vasco, Catalunya y País Valencià los bomberos profesionales llevan la dirección de la extinción de los incendios forestales. Desde el País Valencià, Ferran Edo, delegado de CGT, sindicato que ha convocado numerosas huelgas y está detrás de las mejoras laborales del sector en ese territorio, insiste también en que “los políticos aguantan la respiración hasta que pasa septiembre, no parecen interesados en reformular cosas y, cuando pasan, ya es demasiado tarde”. “Los incendios de sexta generación pueden ocurrir y acabarán ocurriendo”, alerta. 

Para mejorar la operatividad del servicio y la conciliación, considera necesario que en su servicio se implemente el tercer turno, dado que hay una franja horaria de cuatro horas — de 7.30 a 11.30h— que no hay ninguna unidad de guardia, por lo que propone turnos de 12h de trabajo en un día y dos de libranza. Permitiría, además de cubrir la franja matutina, que “todas las unidades estén descansadas cuando se incorporen a extinguir un gran incendio”.

La prevención es clave. Cuando llega a la ciudad el olor a quemado y el viento escampa a decenas de kilómetros la ceniza del monte que arde, recuperar la masa forestal exige años. Castilla y León ostenta el récord de ser la comunidad líder por segundo año consecutivo de hectáreas quemadas —más de 50.000—. Desde ayer suma un trabajador fallecido y dos heridos.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 18/07/2022.