El tímido plan para retirar amianto de los colegios de Madrid (06/09/2022).
El curso 2022-2023 empieza con un plan de desamiantado del Ayuntamiento que solo comprende a 23 escuelas, mientras CC OO denuncia que 361 centros de la capital podrían contener este material. Expertos avisan de que los niños y niñas son más vulnerables a la exposición al asbesto.
Es 29 de agosto, el inicio del curso llama a la puerta, y durante una visita al CEIP Carlos V, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, expresa exultante que el Ayuntamiento ya ha procedido a retirar el amianto de 23 centros educativos de la capital. “Eran de los pocos que quedaban, y estamos alcanzando nuestros objetivos, que es que ningún niño tenga que convivir con el amianto”, apunta. Su entusiasmo contrasta con los datos recabados por Comisiones Obreras, sindicato que tras un análisis del estado de los centros, basándose especialmente en su época de construcción, calcula que 316 centros de la capital podrían albergar este material; 925 en el total de la comunidad.
Así, haciendo cuentas, la intervención del Ayuntamiento habría alcanzado al 6,3% de los colegios posiblemente afectados de la capital y a un 2,4% del total de las escuelas de la región. “A este paso, según nuestros cálculos, no se llegaría a la eliminación total del amianto hasta dentro de cuarenta años, mientras la nueva ley de residuos fija el fin de este material para 2028”, explica Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CC OO Madrid.
Durante la visita a uno de los centros desamiantados, Villacís insiste en que no todo depende de su consistorio. Así, y según el nivel de la intervención, las tareas de desamiantado son competencia de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento. “Nosotros hacemos pequeñas reformas, y tenemos asignado una serie de colegios. Podemos decir que alcanzamos el objetivo, algo que para nosotros es muy importante", asegura. “La pelea por la competencia deja desprotegidos a las personas”, añade Galvín.
En junio, la Comunidad de Madrid se comprometía a intervenir en ocho centros durante 2022 con una inversión de 1,4 millones. Tres de estos serían desamiantados durante el periodo estival, según confirmaban a la diputada de Más Madrid, María Pastor Valdés, quien registró una pregunta al respecto en la Asamblea de Madrid. Vicente Pastor, técnico de Salud Laboral de CC OO, realizó una visita a estos centros durante el pasado jueves, a una semana del inicio del curso escolar. Afirma que las promesas del gobierno regional han quedado inconclusas.
Según su testimonio, en el CEIP Meseta de Orcasitas, construido en 1980, aún no hay ni rastro de las obras. Lo mismo sucede en el CEIP Vicálvaro, de 1979, donde también se supone que se iban a retirar las cubiertas del centro. En el tercero, el CEIP Doctor Tolosa Latour, de Vallecas, las obras sí han empezado. Este centro, que data de 1984, iniciará este año el curso entre escombreras en el patio. Pastor describe un escenario “un poco caótico” de obras sin perimetrar ni tapar. “En el edificio principal las obras empezarán el lunes. Va a empezar el curso casi a la vez que la obra. Se incorporará el personal y los chavales, y van a estar compaginando la obra y las clases”, denuncia quien desde mayo ha visitado más de 40 centros con denuncias por existencia de amianto.
La alta vulnerabilidad de los niños
El inicio escolar no libre de amianto que se vivirá en la Comunidad de Madrid se replica en buena parte del Estado. Hasta 2002, año de su prohibición, el asbesto formó parte de las estructuras de la gran mayoría de escuelas. Puede estar en tejas y tejados, canalones, bajantes, en falsos techos, suelos, cortinas, pizarras y también en el aislamiento de conducciones y equipamientos de calderas y calefacciones. Una de sus manifestaciones más comunes son las uralitas, placas onduladas de color gris cemento con un espesor estándar de 5 mm.
Según los datos del Grupo para una Ley Integral del Amianto, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, hay un millón de niños y niñas que conviven con el amianto, también conocido como asbesto, en sus centros escolares. Juan Antonio Ortega, miembro de esta alianza y coordinador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría (AEP) avisa de que la vulnerabilidad de los niños y niñas es mayor a la exposición de este material.
Este doctor explica que el amianto tiene una relación directa con el mesotelioma, un tumor que afecta al tejido que rodea a los pulmones. También produce cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar. En todas estas enfermedades, la etapa escolar tiene una alta importancia. “Hoy sabemos que en las exposiciones durante los periodos tempranos de la vida la acción del amianto multiplica por tres el impacto de las enfermedades”, detalla.
Este material es especialmente peligroso cuando se daña y comienza a desintegrarse. Las fibras que expande se introducen en el aparato respiratorio causando daños que quedan latentes, manifestándose mucho tiempo después. “Los cánceres de pulmón pueden tener unos periodos de latencia de hasta 40 años. Las exposiciones relevantes se dan en la etapa escolar. La presencia de amianto coloca a los niños en un periodo de especial vulnerabilidad por sus rutas metabólicas: un niño respira muchos más kilos de aire que un adulto”, detalla Ortega mientras añade que la conducta exploratoria característica de la infancia también aumenta el riesgo.
A Ortega le preocupa que las escuelas no estén en el foco de la atención. “Los adultos que trabajan en una empresa con más de cien empleados tienen gabinetes de salud laboral que son los que velan por unas condiciones óptimas de trabajo. En las últimas décadas hemos visto las preocupaciones por los trabajadores de los astilleros, ferroviarios y otros grupos de riesgo expuestos al amianto. Sin embargo la escuela carece de marco regulador”, incide este doctor. “Legalidad e inocuidad no van de la mano y menos en la infancia”, añade.
La nueva ley de residuos 7/2022, aprobada en abril, establece una fecha final para la retirada de este material e impone tareas a las administraciones para caminar hacia ese fin. Así, en su disposición adicional decimocuarta indica que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. “En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”, asegura la norma. Los colegios están entre estas instalaciones, pero estas tareas, en la mayoría de lugares, quedan pendientes.
“Está por desarrollar la salud laboral de la infancia que sería la salud en la escuela”, expresa el portavoz de la AEP. “Tenemos a miles de niños que van a empezar su jornada escolar en barracones. ¿Cuántos trabajadores empiezan así su tarea? Y esto pasa porque los niños no votan. Los adultos tenemos que tomar decisiones por ellos. Y no son prioridad”, sentencia.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 03/09/2022.
