El fin de la prórroga de los alquileres amenaza con provocar miles de "desahucios invisibles" (14/06/2023).
La ampliación de seis meses de los contratos a la que se podían acoger los inquilinos expira el 30 de junio.
- El Gobierno ha confirmado que aprobará otro decreto renovando varias medidas de vivienda antes de las elecciones.
En el bloque de Elena, la propiedad empezó hace meses a enviar burofaxes a los inquilinos cuando se acercaba la fecha del final del contrato. Se instaba a los vecinos a abandonar el piso o bien a aceptar enormes subidas en la renta. Muchos se marcharon y sus pisos aparecieron de nuevo en portales inmobiliarios con alquileres mensuales cientos de euros más caros.
“Cuando empezaron a echar a la gente, yo creía que no era una cosa general, sino que era una cosa que tenían con determinados pisos o que tenían que reformar, así que les pregunté que qué pensaban hacer con mi piso y me contestaron que todos los contratos que se terminaban se iban a cancelar y se iban a renovar por otros precios”, declara Elena sobre lo que está ocurriendo en su bloque, ubicado en el paseo de la Chopera, Madrid. “Entonces, yo tenía claro que el burofax iba a llegar”.
Ante la llegada de estas comunicaciones, muchos de sus vecinos, decidieron acogerse a la prórroga de los alquileres aprobada por el Gobierno por primera vez en marzo de 2020 y renovada en una serie de decretos hasta la actualidad. En virtud de esta prórroga, el inquilino puede mantener las condiciones de su alquiler durante seis meses tras el final de su contrato y el casero tiene obligación de aceptarlo. El último de los decretos que incluía la prórroga, sin embargo, decae el próximo 30 de junio, por lo que los contratos que acaben con posterioridad no podrán acogerse. El de Elena termina el 31 de agosto.
"Yo ya no puedo acogerme a esa prórroga, pero los vecinos hemos decidido -asesorados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid- quedarnos en nuestros pisos y seguir pagando el precio actual hasta que la empresa se siente a dialogar", declara Elena, que paga actualmente 1070 euros con gastos incluidos y le ofrecieron una subida de 1300 con los gastos por separado, un precio que no está en condiciones de aceptar.
Si la empresa propietaria del inmueble no se presta a negociar, obligaría a esta analista de datos de 35 años a tener que buscar otra vivienda tarde o temprano. "Para mi supondría una putada, la verdad, al final supondría buscar piso en otro sitio, vender todos mis muebles, cambiar de barrio donde tengo familia y amigos y llevo viviendo desde hace mucho tiempo…".
Dudas sobre la renovación de la medida
La prórroga de los alquileres fue aprobada junto con otras medidas vinculadas con la vivienda, como el límite del 2% a las revisiones anuales de los alquileres vinculados al IPC o la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables. Todas estas medidas iban incluidas, en su última renovación, en el decreto de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania que decae al final de este mes.
Fuentes de Moncloa confirman, como ya adelantó el presidente, Pedro Sánchez, que habrá un nuevo decreto que renueve parte de estas medidas extraordinarias, pero no está claro si entre ellas estará la prórroga de los alquileres ni el subsidio al transporte público que da el Estado a las comunidades autónomas. Estas mismas fuentes apuntan a que el decreto se aprobará en los últimos días del mes y será convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, al estar ya disueltas las Cortes por el adelanto electoral.
Según el último decreto aprobado, el inquilino cuyo contrato de alquiler finalice antes del 30 de junio -excluyendo a los que tienen un contrato de temporada- pueden acogerse a una prórroga de seis meses que el casero debe aceptar. La prórroga solo se puede solicitar una vez, por lo que, si ya se ha solicitado, el contrato finaliza definitivamente después de esos seis meses.
"El inquilino la tiene que solicitar cuando le notifica el casero que quiere rescindir el contrato, o bien para echarle o bien para subir el precio. Si me interesa quedarme, negociaré con él, si no, me puedo acoger a esta prórroga para tener seis meses más para encontrar un nuevo piso y el casero tiene que aceptarlo, siempre y cuando el contrato finalice el 30 de junio o antes", declara Patricia Freire, abogada de Legálitas. "Si te acoges a la prórroga, por ejemplo, el 28 de junio, tendrás la posibilidad de quedarte en el piso hasta el 28 de diciembre y, luego, tendrás que firmar un nuevo contrato o marcharte".
Esta prórroga y el resto de medidas vinculadas con los alquileres fueron renovadas por última vez seis meses antes de que el Congreso aprobara la ley de vivienda, que ya incluye algunas acciones similares como la prórroga de un año a la que los inquilinos cuyas viviendas estén en zonas tensionadas se podrán acoger por un periodo máximo de tres años.
Sin embargo, la puesta en marcha de estas zonas tensionadas está más que en duda al depender de los gobiernos autonómicos, que, todo parece indicar, serán mayoritariamente conservadores tras las últimas elecciones regionales de mayo. Además, al igual que la prórroga actualmente en vigor, la nueva ley tampoco afecta a los contratos de temporada ni a los alquileres vacacionales.
"Medidas como la prórroga de seis meses, aunque sean puros parches, sí que es necesario que se sigan ampliando", declara una portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. "Millones de inquilinos van a verse ante la duda de si aceptar subidas abusivas de sus alquileres o marcharse de sus casas, lo que nosotros llamamos desahucios invisibles: cuando te vas de tu vivienda de alquiler, no porque tú decides hacerlo, sino porque tu casero te está obligando a ello. No es un desahucio como el que estamos acostumbrados a ver por una ejecución hipotecaria o con la policía en la puerta, pero sigue siendo un desahucio".
Cataluña, la excepción
Una de las pocas autonomías del país donde sí se prevé que se aplicará la regulación de los alquileres recogida en la ley de vivienda es Cataluña. Sin embargo, las dudas sobre quién gobernará finalmente Barcelona -el candidato más votado, Xavier Trias, se opone- hacen que tampoco esté claro que se vayan a designar allí zonas tensionadas, requisito necesario para la puesta en marcha al completo de la ley.
El propietario del bloque de Enric es Testa, una socimi propiedad del archiconocido fondo de inversión internacional Blackstone. Este informático catalán de 58 años vive en un pequeño apartamento ubicado en el barrio de Sant Antoni de Barcelona desde 2015 y, actualmente, paga 950 euros mensuales, 200 más de lo que empezó pagando hace ocho años. Su contrato termina el 31 de julio.
"Me enviaron una propuesta para firmar un nuevo contrato que, para empezar, dice que no es negociable y el precio pasa 1350 euros. Si lo aceptaba en menos de 15 días me hacían una bonificación única de 300 euros, pero también tenía que pasar un scoring para evaluar mi viabilidad financiera y aportar más dinero por la fianza", explica Enric, que asegura que casi todos los vecinos que viven actualmente en el bloque llegaron después de la pandemia y con alquileres más altos que el suyo.
Al menos otros dos vecinos del bloque cuyo contrato se aproxima a su fin han recibido propuestas similares, con subidas de más del 40%. Uno de ellos se ha marchado y el otro se ha acogido a la prórroga de los seis meses. "Mi idea era acogerme a esta prórroga, pero sabía que estaba fuera de plazo, que acababa en junio, y dije: ‘Me cago en todo, por un mes'".
"Esta prórroga se aprobó como un escudo temporal hasta la llegada de la necesaria ley de vivienda y la regulación de precio del alquiler, pero, incluso en una comunidad autónoma como Cataluña, en la que el Gobierno ya ha anunciado los trámites para aprobarla, es materialmente imposible que, antes del 1 de julio, se haya podido aplicar la contención de rentas", declara Enric Aragonés, portavoz del Sindicat de Llogaters de Catalunya -Sindicato de Inquilinos de Cataluña-. "Es imprescindible que siga vigente esta prórroga unos meses más".
La esperanza de Enric es precisamente que la prórroga acabe ampliándose otros seis meses hasta que pueda entrar en vigor la ley de vivienda. Él mismo admite que es una posibilidad que depende de demasiados factores y empieza a ponerse en lo peor. "No voy a mantener un alquiler a este precio porque es extorsión, independientemente de si lo puedo pagar o no, no es aceptable, si hay otros que lo quieren pagar, allá ellos", defiende Enric, con indignación.
La alternativa, además, no está clara en una de las ciudades con unos precios de los alquileres más altos de todo el país: "Para mí sería un movidón, me tocaría buscar otro piso y además igual sería irme de Guatemala a Guatepeor, pero ¿Qué voy a hacer?".
Enlace relacionado 20.Minutos.es 12/06/2023.
