Ingreso mínimo vital: entre el colapso de la administración y el colapso de las familias (29/11/2020).
A casi seis meses de que se presentaran las primeras solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, el ritmo al que se están tramitando las ayudas sigue desesperando a las familias. Al menos ocho de cada diez no han visto aún resuelto su expediente, mientras el Instituto Nacional de la Seguridad Social continúa desbordado.
Con las Navidades cerca, el gobierno ha publicado recientemente las directrices para afrontar la celebración de las fiestas en el marco de la segunda ola pandémica. El debate sobre cómo las familias organizarán este año sus cenas o de qué manera las restricciones afectarán al comercio, en unas fechas marcadas por el consumo, ocupa en parte la agenda pública.
Para al menos 700.000 personas o familias, el problema no es tanto con quiénes compartirán la mesa navideña o si saldrán a comprar regalos para los Reyes Magos con relativa normalidad. Su inquietud es de una naturaleza distinta y bien urgente. ¿Qué comerán dentro de un mes?, ¿qué podrán poner sobre la mesa? ¿Cómo se alimentarán mañana mismo?.
Se trata de quienes presentaron su solicitud para recibir el Ingreso Mínimo Vital y aún no han visto resuelto su expediente. Y eso, a pesar de que son ya varios los ajustes que el gobierno ha hecho de su medida de protección social estrella para agilizar los trámites.
Julen Bollain, economista, y activista a favor de la renta básica, lleva meses analizando cómo se materializa esta propuesta, atento también a cómo, ante el descontento general fruto de la exclusión de mucha gente del acceso a la ayuda , el gobierno ha intentado hacer “peqeños retoques”. Retoques que no se están revelando particularmente eficaces. “El IMV pretendía cubrir 850.000 hogares, ha pasado medio año, y han habido 837.000 solicitudes y solo se han aprobado un 1.5% del total”, lamenta.
Este férreo defensor de la renta básica piensa que el IMV podría ser mejorable, y con este fin ha participado recientemente en una campaña dentro de Osoigo, una plataforma donde se pueden interponer preguntas a los parlamentarios. “Mucha gente lleva sin ingresos mucho tiempo. Ahora llegan los meses de invierno y muchos no van a poder seguir encendiendo la calefacción, va a haber mucha gente que no va a poder seguir comiendo carne o pescado dos veces a la semana”, pondera el economista antes de explicar su apuesta: “el sentido común a veces lo que nos demanda es tratar de mejorar esas medidas que se están implantando en la actualidad sin perder en ningun momento de vista nuestro objetivo”.
Para Bollain son tres las mejoras necesarias y urgentes, la primera pasa por elevar la cuantía y que el IMV pueda “confluir” con el umbral de la pobreza. La segunda es que la prestación no la cobren las familias o unidades de convivencia, sino que sea de carácter individual. Por último, encuentra imprescindible que se simplifiquen al máximo los trámites. ¿Pero cómo conseguir esto? Bollain lo tienen claro: Haciendo que “el único requisito para cobrar el ingreso mínimo vital sea el nivel de renta”. Si todos estos puntos se cumpliesen, admite, el IMV no solo tendría mayor y mejor alcance, sino que se parecería bastante a la idea de renta básica (aunque no sería universal)
Mucho discurso, poca información
Casi seis meses, muchas declaraciones a la prensa, y varias modificaciones después, siguen siendo muchas las personas a la espera. De fondo, la sensación de que la administración pide mucha más información de la que ofrece. Una falta de información que afecta tanto a cada caso de solicitantes del IMV como a quienes reclaman estadisticas claras del ritmo de concesión de prestaciones y su cuantía.
“El 15 de diciembre se cumplen los seis meses. Mi sensación es que estarán mejor que en septiembre pero que o se ponen las pilas o va a volver a haber gente que se enfrente al silencio administrativo”, afirma Roberto Borda, de la plataforma RMI Tu Derecho. Y habla de sensaciones como resultado de la carestía de información: “es preocupante cómo tampoco dan datos”.
De la demanda constante de información por parte de las personas solicitantes puede dar cuenta Tinixara Guanche, trabajadora social e integrante del sindicato ESK. En el marco del sindicato hicieron un video para explicar la ley, pues, comenta, si bien hay muchos artículos críticos, y luego está lo que viene en la página de la Seguridad Social, “información práctica para la gente hay muy poca”. Guanche cuenta que son muchísimas las consultas. “Vamos resolviendo un poco con toda la cautela, yo al final soy trabajadora social, no abogada y lo que estamos haciendo es interpretar la ley de una manera pura y dura. En el mundo de las prestaciones sociales ya sabemos que de la ley a la realidad hay un largo camino”, sentencia.
“Tras pasar meses viendo cómo su solicitud seguía “en estudio”, cuenta por su parte Borda, las personas empezaron a protestar. La administración tomó medidas para que los solicitantes no tuvieran que hacer frente una semana tras otra a la misma pantalla. “Ahora lo que han hecho es que cada 15 días cambian el estado, pero cambian el estado a cosas tan ridículas como ‘pendiente de recibir información’ y tú llamas a ver qué es lo que pasa, y te dicen que no, que está bien. Que ‘estamos pendientes de que Hacienda nos pase una información’”, así que, señala el activista, el estado de la solicitud cambiará, pero a costa de la “desazón” de la familia que piensa que aún tiene cosas por entregar. Una desazón creciente a medida que pasan los meses y la situación no mejora.
“Tomadura de pelo”
“La gente está desesperada, porque es como una tomadura de pelo”, sentencia firme el activista madrileño que lleva meses acompañando a solicitantes del IMV cada vez más hartos. “Desde el gobierno van haciendo pequeñas cosillas que si ese tiempo al menos lo emplearan en resolver una solicitud aunque fuera, pues mejor iría” , ironiza.
Junto a las solicitudes eternamente en estudio, aquellas que cambian de estado ante la incomprensión de las familias, y las denegadas sin explicación, tambien hay expedientes que finalmente se están aprobando. Sin embargo, muchas de estas resoluciones positivas redundan aún más en esta sensación de “tomadura de pelo”.
“El martes vino una señora, diciendo que le habían concedido un IMV de 183 euros”. A Borda le preocupa la cantidad de IMV aprobados que está viendo por menos de 200€. “Parece que han dicho: venga pues vamos a empezar por las baratas, por las que cuestan poco”. Lo cierto, dice, es que tampoco tiene información para asegurar tal extremo, y además, admite, probablemente quienes obtienen resoluciones con la cifra que esperaban, pasan inadvertidos porque no se acercan a la plataforma a protestar.
Lejos de confluir con el umbral de pobreza, como defendía Bollain, hay un mecanismo de la prestación que está a la raiz de estas cantidades tan escasas: El hecho de que se descuenten los ingresos de 2019 de la cantidad que les correspondería a las personas solicitantes, algo que no advirtieron cuando se aprobó la ley, lamenta el activista de RMI Tu Derecho, quien considera una barbaridad que alguien piense que esos pequeños ingresos del año pasado están disponibles este año en forma de ahorro. Pero no es la única “barbaridad”, advierte. Entre los ingresos computables para el descuento, no están la rentas minimas percibidas pero sí las prestaciones por hijo a cargo, prestación qe el IMV además suspende, como denunciaron distintas organizaciones el 20 de noviembre, día internacional de los derechos de la infancia.
Así que por un lado “al calcular la cuantía del IMV dicen: a esta famila de tantas personas les corresponde un ingreso de 800€ al mes, cogen tus ingresos del 2019, los dividen entre doce y eso te lo restan de la cuantía mensual. Así que este dinero que yo te di como prestación por hijo a cargo en 2019, también lo divido entre doce y te la resto en cada mes”.
Para manifestar su repulsa al modo en el que la administración está tratando a las personas empobrecidas desde Marea Básica, plataforma en la que participa RMI Tu Derecho, se convocaron protestas ante diversas oficinas de la Segurodad Social el pasado 18 de noviembre. Borda lamenta (pero también entiende) que la afluencia a este tipo de acciones de denuncia sea cada vez más reducida, yendo solo los “acérrimos”.
“La gente está en otras cosas, dicen, ‘es que es fin de mes’, ‘es que me desahucian’, mucha gente esperaba el pago de las prestaciones atrasadas para pagar deudas y ahora se dan cuenta de que los atrasos los están dando a razón de 200€ al mes, entonces la gente piensa que al final no va a pagar deudas, no va a poder pagar nada”, señala Borda.
Para el activista es alarmante que este hartazgo esté llevando a la desmovilización. “La gente dice: ‘si estos eran los que se iban a preocupar de nosotros...’ Si tu abandonas a la gente al final la gente te abandona, y hay otros que les van a abandonar siempre, pero que en el lenguaje no les abandonan y luego dices, ‘¿y cómo es que Vox tiene votos en barrios empobrecidos?’, pues como la gestión es tan mala, la gente está harta”.
El freno: la voluntad política
Para Bollain, lo que está detrás de esta situación es una forma de entender la protección social como medio para cubrir una situación transitoria, condicionado a la intervención social o laboral. “Mientras que no haya un atrevimiento por parte de los políticos ahora mismo, pues es muy difícil avanzar hacia un sistema que garantice el derecho universal a la protección. Al final se ha mantenido esta doctrina que venimos sufriendo desde finales de los años 80 cuando Francia aprobó la primera renta mínima y luego se aprobó aquí en Euskadi, y se extendió por todas las comunidades autónomas”.
Guanche insiste en que son las personas las que deberían estar en el centro de las políticas de protección social, sin embargo, denuncia, que “se nota muchísimo que lo que está en el centro es la administración, su burocratización y su necesidad de perseguir a las personas empobrecidas. Parece que en lugar de querer acabar con la pobreza quieren acabar con las personas pobres”.
Esa falta de centralidad de las personas se ha puesto en evidencia en las últimas semanas en la Comunidad de Madrid que sigue con la tendencia de hacer de las becas de comedor una muestra de su cuestionable concepción de las necesidades de la infancia empobrecida. El último ejemplo: dejar fuera de los precios reducidos a quienes reciben el IMV pero el año pasado no recibían aún la renta mínima.
“Es totalmente indigno lo que han hecho: a gente en la misma situación la tratas con criterios distintos. Yo mantengo la beca a quien tuviera renta mínima antes, ¿qué tipo de protección es esa?, es como: estos son mis pobres, y a los que tienen la prestación esta que les den”. Resultado, quienes no cobraban la RMI en 2019 pagarán tres euros al día, el triple de quienes sí la recibían. Una exclusión que no supone un gran ahorro para la administración autonómica y que para Borda tiene más bien que ver con “usar a la gente empobrecida como arma política, como decirles, pues mire usted, si no hubiesen aprobado el Ingresos Mínimo Vital el comedor le costaría un euro, pero como aprobaron el IMV pues entonces le cuesta tres euros. Lo que a la gente le llega es eso”.
Un diseño poco feminista
Las decisiones que se tomen en el ámbito de la protección social afectan particularmente a las mujeres. Por ejemplo, lo relativo al acceso al comedor, puede tener más repercusiones en las madres, que si no consiguen hacer frente a los costes, no podrán beneficiarse de un recurso imprescindible para poder conciliar trabajo y cuidados.
La tramitación del IMV como una ayuda familiar y no individual tiene también desagradables consecuencias de género. Explica Guanche cómo es más común que sean las mujeres quienes se encargan de pedir las ayudas a la administración. Primero porque, por cuestiones de género, no parece avergonzarles tanto como a los hombres recurrir a la protección social, al poner por delante la supervivencia de la familia.
“En el mundo de los servicios sociales en general y en particular de las prestaciones sociales hay un estigma tan grande que hace que los hombres sean mucho más reticentes”, explica la trabajadora social. Este encargarse de la relación con la administración en términos de protección social, también expone a las mujeres a “más violencia institucional, a más estigmatización, a mayores juicios de valor”.
Con el IMV sin embargo, al ser telemático, se resuelve esa “obligación” de “abrirse en canal, y contarle tu vida a cualquiera una y otra vez en una forma de revictimización constante”, celebra Guanche, pero poco, porque a cambio, que los trámites sean telemáticos redunda en problemas derivados de la exclusión digital.
Pero lo que sobre todo no resuelve el IMV cuando funciona en torno a los ingresos familiares o unidades de convivencia, es la capacidad de autonomía de las mujeres. “Cuando se trata de prestaciones sociales, si bien son ellas las que en realidad dan el paso de solicitarlas no siempre son ellas las que constan en el papel como titulares”. Así que, por un lado, está la falta de control de las mujeres de esos recursos y por otro el cálculo en base a la unidad de convivencia, que presupone que todos los miembros de la familia tienen acceso a ese dinero, o que el hecho de estar en pareja (o incluso compartir piso) obliga a unas personas a mantener a las otras, reforzando situaciones de dependencia económica”.
Por último está la cuestión de las familias monomarentales a las que se les dio particular visiblidad cuando se debatía el proyecto. Se da el caso de que los cálculos que hace el INSS para fijar la cuantía aportan más dinero a adultos que a niños. Así “una familia de dos adultas con dos criaturas cobraría 877 euros y una famila de una adulta con tres criaturas cobraría 840”.
“Es verdad que el IMV ha defendido la perspectiva de que las familias monomarentales iban a estar bien cubiertas, a título personal me parece muy positivo que se tenga en cuenta que los niños y niñas suponen una carga extra”, sin embargo, además del desequilibrio señalado más arriba, la tramitaciòn del IMV (como de otras prestaciones) también suponen un quebradero de cabeza para muchas mujeres solas con sus hijos, a las que se les exige presentar la demanda de la pensión de manutención al padre “sin tener en consideración que en muchos casos, puede haber habido violencia, haya o no haya habido denuncia”. Así, corresponde a las mujeres demostrar que están solas al cuidado de su familia, aunque no sean ellas las que estén incumpliendo sus obligaciones.
Colapso del INSS, un caso práctico
Pero el exceso de trámites no agota solo a la familia, pone a prueba a la propia administración. Bollain lo ejemplifica con un simil: “Si mi coche solo puede hacer 400 km y no puede más, pues tampoco te voy a decir me voy de Euskadi a Cádiz porque no puedo llegar, me voy a quedar en Madrid. Con el IMV sabíamos que con los recursos que había en la administración no iba a ser posible gestionarlo, y eso es lo que ha pasado”.
Una administración pública, recuerda el economista vasco, “esquilmada durante los últimos años” que “nunca ha gestionado una renta mínima a nivel estatal” y que contaba con insuficientes recursos financieros que probablemente, apunta Bollain, ni alcance a gastar. “Pero no tenemos que olvidar que el IMV es un derecho subjetivo y que por lo tanto si hubiese una demanda muy grande y hubiese que afrontar toda esa demanda, el IMV tiene que conseguir financiación de donde sea”, recuerda, señalando el precedente de la Renta Garantizada de Inclusión vasca, que para atajar un incremento en la demanda en los años más duros de la crisis, endureció las condiciones de acceso.
Guanche tampoco se alegra de haber acertado en junio cuando ya tenían claro que el INSS no iba a conseguir gestionar el IMV. “Esto tendría que tener a todo el mundo indignadísimos, pero como en situaciones de crisis tan potentes como la que estamos viviendo ahora mismo la gente que estaba en una clase intermedia pasa a estar jodida, los que ya estaban jodidos, dónde quedan ahora, ya ni siquiera tiene espacio para que se les vea, para que se les oiga”.
Mientras, Borda plantea un caso práctico que demostraría cómo el INSS podría colapsar en meses: la gestión que está haciendo en la transición de la ayuda por hijo a cargo a IMV. “En junio hicieron transformaciones de hijo a cargo a Ingreso Mínimo Vital, se trataba de las que coincidían los datos entre el número de personas empadronadas en una casa y las que figuraban en este tipo de prestación”, esto dejaba en espera aquellos casos donde figuraban más personas en la unidad de convivencia de las que constaban en el expediente de hijo a cargo.
“En octubre las que descartaron en junio las han transformado en Ingreso Mínimo Vital. Ahora, hay casos en los que en una casa hay cinco personas empadronadas, y en la prestación aparecen cuatro: padre, madre y dos niños. La quinta persona, que en junio les parecía que era problemático ignorar, en octubre la han ignorado”.
Consecuencia: o bien la quinta persona (un hijo mayor de edad, por ejemplo) no tiene ingresos y por lo tanto la cuantía que correspondería a la unidad de convivencia será mayor de la que reciban, y podrán reclamarla a la seguridad social, o bien la quinta persona percibe algún ingreso (una abuela con prestación no contributiva, por ejemplo) que debería computar en los ingresos y por tanto haría que correspondiese menos ayuda. En ese caso las familias, probablemente, deberán devolver la diferencia. Así, en poco tiempo, la administración tendrá que afrontar estos desajustes que ella misma ha provocado.
“Al final la renta básica va a acabar llegando por el colapso del INSS” bromean sin muchas ganas Guanche y Borda, pues ven cada día los estragos que no poner a las personas en el centro de la protección social hace en las familias.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 27/11/2020.
