Ingreso mínimo vital: nuevas medidas en medio del caos (03/02/2021).
Las organizaciones reciben con prudencia el anuncio de mejoras en el ingreso mínimo vital, mientras denuncian la falta de transparencia en los datos y la gestión caótica de la ayuda.
Ayer 2 de febrero, en el Consejo de Ministros de los martes, el gobierno aprobaba una serie de mejoras en el ingreso mínimo vital. Las medidas se refieren principalmente a la flexibilización respecto a las unidades de convivencia, —cuya concepción ha sido objeto de muchas críticas por perjudicar a personas que compartían piso— o la inclusión de las personas sin hogar. Así, se podrá reconocer a más de dos titulares por vivienda y las personas sin domicilio podrán optar a este subsidio. Se trata de medidas que deberían aparecer en el Boletín Oficial del Estado en las próximas horas.
Por otro lado se ha anunciado la introducción de enmiendas al Decreto Ley a propuesta de Unidas Podemos, que incluyen tener en cuenta los últimos meses de ingresos para acceder al subsidio —y no los ingresos del año anterior—, o la posibilidad de que servicios sociales y algunas ONG acrediten determinados requisitos para acceder a la prestación. Además se apuesta por reducir de 3 a 2 los años de independencia acreditada los necesarios para que las personas menores de 30 años opten a la ayuda.
Las modificaciones puestas sobre la mesa no suenan a nuevo, y varias de ellas han sido adelantadas durante los últimos meses, pues, desde que se aprobara el Real Decreto-Ley del Ingreso Mínimo Vital el pasado 29 de mayo de 2020, en el que se preveía hacer llegar una ayuda de subsistencia a unas 850.000 familias, el goteo de anuncios de mejora ha sido periódico. Por ello, entre las organizaciones persiste una sensación de déjà vu, mientras la legislación (y reglamentación) donde deberían plasmarse y sistematizarse todas estas novedades y cambios sigue sin materializarse.
Falta de transparencia
No son 850.000 familias sino 160.000 las que habrían visto aceptada su solicitud. En realidad, es más que probable que sean muchas más, pero resulta imposible saber cuántas porque la última vez que se dieron los datos fue el 21 de noviembre, hace más de dos meses, y como respuesta a una pregunta registrada por el senador de Compromís, Carles Bonet, quien trasladaba en la cámara alta preguntas de la Asociación de Víctimas del Paro.
Esta semana el senador designado por Les Corts Valencianes ha vuelto a ejercer de correa de transmisión registrando otra batería de preguntas. Entre las mismas ya se interrogaban sobre si se iba a tener en cuenta el 2020 en su conjunto o los últimos meses para la concesión de la IMV. También se inquiere acerca de la situación de las personas que comparten piso o las personas sin hogar. Pero más allá de estas cuestiones que serían posteriormente anunciadas por el gobierno, la organización reclama información sobre cuántas personas estarían cobrando montos por debajo de los 100 o 400€. “¿Cree el Gobierno que se puede vivir con un ingreso Mínimo Vital de 14 euros, de 50 euros, de 100 como se están dando a muchos hogares?”, se interrogan. En el mismo documento se cuestiona si el presupuesto previsto para el IMV, 500 millones de euros en 2020, y 3.100 millones en los presupuestos de 2021, son suficientes para atender a las personas con derecho al subsidio.
“Van pasando los meses y la gente sigue con los mismos problemas que teníamos antes, sigue esperando. Parece increíble que sigue habiendo personas desde junio esperando el IMV y no se ven apenas avances”, denuncia Joaquín García Martín, presidente de la Asociación de Víctimas del Paro, que señala el creciente enfado entre un sector de la población empobrecido que presencia el anuncio intermitente de medidas mientras sigue sin saber qué pasa con su solicitud o, que en caso de presentar recurso, no ha obtenido aún respuesta. Por ello, también han preguntado por el orden en la concesión del subsidio, pues personas que han solicitado el IMV más recientemente cuentan ya con una resolución mientras hay quienes aún esperan sin noticias desde el verano. Para García Martín, tanto la baja cuantía de muchas prestaciones como la lentitud en las aprobaciones tiene que ver con la falta de presupuesto, de ahí la pregunta planteada a través de Mulet.
En conversación con El Salto Mulet también destaca la falta de transparencia. Para el senador, “no es solo un problema de información, es que el sistema está funcionando mal, si funcionara perfectamente nadie estaría preguntando y pidiendo explicaciones al gobierno”. Mulet, que aclara que no es un experto, y que ante la falta de información, se ocupa de hacer seguimiento y trasladar las preguntas de las organizaciones destaca que “incluso las comunidades autónomas, que son las que tienen desarrollado todo el sistema de políticas sociales, tampoco saben absolutamente nada de cómo están funcionando”.
De hecho para él senador por Valencia gran parte del problema radica ahí: solo se ha hablado de la cogestión de la prestación por parte de País Vasco y Navarra, a quienes se sumaría Catalunya. Mulet plantea que la solución pasaría por “transferir los fondos a las comunidades autónomas y que sean ellas las que gestionen”, para evitar problemas como la duplicidad en los cobros. Lo cierto es que la relación con las comunidades autónomas y está dando numerosos quebraderos de cabeza, principalmente a las personas que solicitan la prestación y que en muchos casos era beneficiaria de las rentas mínimas, y ahora se ve rindiendo cuentas ante dos administraciones. La reciente ruptura del acuerdo entre Seguridad Social y Principado de Asturias, por ejemplo, obligará a 9.000 personas a presentar solicitudes de IMV después de que el Gobierno no haya validado el proceso puesto en marcha por esta comunidad autónoma.
En la lista de preguntas aportada también se interroga por cuándo se abordará la reglamentación: “Oficialmente no sabemos nada de la ley, es que llevamos casi un año de una urgencia ciudadana y vemos que no, que no hay ningún tipo de debate”, denuncia Mulet. Para García Martín, “los partidos tienen que aprobar la ley donde se queden regulados todos los pasos, requisitos y condiciones, sería importante porque no habría tantas dudas como hay ahora a la hora de solicitarlo”. El activista recuerda —y así se ha recogido en las preguntas— que cuando se anunció el ingreso mínimo vital se planteó la introducción de ayudas al alquiler, que luego no se han concretado. Esa medida, considera, resultaría de vital importancia, pues las altas rentas por sí solas, especialmente en las grandes ciudades, acaban por consumir gran parte de las ayudas que reciben muchas personas.
La AVP también incluye entre sus preguntas una que se refiere a un posible Plan Estatal de Trabajo y Actividad para todas las personas desempleadas especialmente para aquellos hogares sin ingresos. “Sería fundamental dar la posibilidad de empleo a quienes no cumplen los requisitos para acceder al IMV. Estamos viendo cómo con la pandemia hace falta personas que pongan vacunas, rastreadores, gente que tome la temperatura, controlar que se cumplan las normas, ayudar en los hospitales”, afirma García Martín, quien considera que se ha perdido una oportunidad para crear empleo y también para formar a personas desempleadas que poder aportar frente a una emergencia sanitaria como la presente.
Caso práctico del caos: la extinción de la prestación por hijo a cargo
La palabra más repetida por Hontanares Arranz al hablar del ingreso mínimo vital es caos. Más allá de la falta de datos desagregados sobre cuántas prestaciones hay tramitadas, aprobadas, o denegadas y la cuantía de las mismas, esta trabajadora de los servicios sociales e integrante de la plataforma RMI Tu derecho denuncia que, cuando las personas reciben las resoluciones por parte de la Seguridad Social desconocen por qué les son denegadas, o, en caso de aprobación, de dónde procede exactamente la cuantía que se les ha concedido. Considera que es esencial que esta información venga detallada y también que se informe a las persona que si su situación económica ha cambiado respecto al año anterior deben notificar esos cambios.
Las medidas anunciadas, para Arranz se suman a una serie de modificaciones anunciadas en los últimos meses. “Mientras, no hay ninguna noticia de la ley, hay muchas personas que ya vienen a preguntar sobre los informes de servicios sociales. Es todo caótico y siguen sin poner fecha en el congreso para debatir estas modificaciones”.
La semana pasada RMI Tu derecho denunciaba que beneficiarios del IMV estaban viendo descontadas de las ayudas asignadas la prestación por hijo a cargo que les fue abonada en 2019. Esta prestación quedó absorbida por el ingreso mínimo vital, así, las primeras personas que cobraron el nuevo subsidio fueron perceptoras de la prestación por hijo a cargo, que recibieron el IMV de oficio. Meses después, desde RMI Tu derecho están detectando que la prestación por hijo a cargo cobrada en 2019 se está descontando de las ayudas que estas familias perciben. “No tiene ni pies ni cabeza por que ellos sabían que una prestación sustituye a la otra, en realidad lo que están diciendo es devuélveme lo del año pasado. Están restando también el RAI, están restando todo menos lo que dice el decreto ley que no deberían restar que son las rentas mínimas o ayudas como becas”.
El problema fundamental, insiste Arranz, es que al no justificar la cantidad concedida es imposible saber qué se esta restando con precisión, por lo que solo queda especular. A este caos se añadirá, adelanta, que muchas de las familias que cobraban la prestación por menores a cargo no reúne los requisitos para el IMV por lo que se va a encontrar con que ha perdido esta prestación, pues solo quedará aquella destinada a familias con menores que padezcan discapacidad.
Para RMI Tu derecho no tiene sentido la desaparición de la prestación por menor a cargo: “son prestaciones distintas que deberían de ser compatibles y además suficientes. Era una vergüenza la cuantía de la prestación por hijo a cambio, y las condiciones eran leoninas. El año pasado se hartaron de presumir que la habían doblado en cuantía: pasó de 24 euros al mes a 48. Y de pronto desaparece”, lamenta Arranz.
España cuenta con un 2,1 millones de niñas y niños pobres y la tercera peor tasa de pobreza infantil de toda Europa. Con la aprobación reciente del Fondo Social Europeo Plus del que el Estado español será beneficiario, se impone que un 5% del total vaya destinado a la lucha contra la pobreza infantil. “Ojalá que esos fondos se dedicaran en primer lugar a una renta básica universal infantil. Algo así como la prestación que puedan tener en Alemania o Francia donde hay casi una renta básica infantil y luego, además, complementos para las familias que sufren más precariedad”, desea Arranz. Para la activista de RMI Tu derecho, que forma parte también de la Marea Básica, la lucha contra la pobreza tanto infantil como no adolece de un problema central: “al final las desgravaciones que tiene la gente en la renta, o los descuentos, son mucho mayores que lo que cobra en forma de transferencia cualquier familia empobrecida”.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 03/02/2021.
