Auxiliares de Ayuda a Domicilio: invisibles, sin vacunar y sin cobrar por Filomena (12/02/2021).
La empresa de Florentino Pérez no les abona las jornadas perdidas, disminuyen los servicios y no han sido vacunadas como personal esencial.
El Ayuntamiento de Madrid y CLECE, empresa de servicios de Florentino Pérez, ha decidido saltarse los derechos laborales de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y descontarles las jornadas que no pudieron realizar por el temporal Filomena sin dar opción a su recuperación. Así lo han denunciado varias de sus trabajadoras a través de sus sindicatos. La empresa insiste en que los servicios que no se hacen, no se cobran, incumpliendo el convenio colectivo, y se aferran a las condiciones impuestas por Ayuntamiento de Madrid.
El consistorio no abona a las empresas estas jornadas escudándose en una supuesta “eficiencia del servicio”. Sin embargo, se trata de un dinero licitado y presupuestado cuya falta complica la vida de las profesionales —como puede verse en la memoria de licitación y el acta de contratación—. El problema, para las representantes sindicales consultadas, es que “todas las empresas se hacen competencia desleal, al final acaban regalando en servicio y licitando a precio hora por debajo del coste salarial. Nuestro convenio colectivo establece que si no se trabaja por causas ajenas a las trabajadoras existe la opción de recuperar esas horas a lo largo del trimestre, que es el tiempo establecido para el cómputo”.
Según relatan desde todos los sindicatos con representación, la empresa CLECE, perteneciente al grupo ACS de Florentino Pérez, concesionaria tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid de múltiples servicios, entre ellos el del SAD, no cumple con el convenio colectivo del sector porque, “al contrario que el resto de las empresas concesionarias, no ha facilitado una alternativa o fórmula para que sus trabajadoras puedan recuperar esas jornadas”, explican desde CC OO. Por su parte la empresa, preguntada por este periódico, ha declinado hacer comentario alguno sobre su drástica decisión.
Otra empresa concesionaria, Asispa, ha ofrecido a sus trabajadoras la posibilidad de recuperarlo con “días de asuntos propios”en los próximos seis meses. Representantes de su sindicato independiente denuncian en cambio que esta empresa no reconoce como accidente laboral las caídas provocadas por el hielo yendo de casa en casa, por lo que las compañeras que acabaron con lesiones y de baja solo cobrarán el 75% de su sueldo. Este es de 9 euros brutos la hora, que se quedan en unos 7,50 euros netos. Las empresas cobran entre 13 y 14 euros por hora de servicio al Ayuntamiento.
Para dar una idea de las cifras con las que se manejan empresas en instituciones en este servicio, del total de 632.235.502,45 millones de euros presupuestados para el SAD en la ciudad de Madrid desde julio de 2020 hasta junio de 2023, solo en este año en curso CLECE recibirá 91.188.750,15 euros, Asispa 72.123.889,53 euros y Quavitae 67.163.091,15 euros, ara atender los diferentes barrios incluido en cada uno de los tres lotes de los que han sida adjudicatarias.
De nuevo llueve sobre mojado. Las profesionales del SAD, como ya denunciaron la pasada primavera, que no hubieran cobrado si no se denuncia su situación a través de este medio, insisten en señalar como responsables del impago al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, dirigida por José Aniorte, y de Javier Luengo Vicente, al frente de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, ambos de la formación política liberal Ciudadanos, por su política a la hora de establecer las reglas del juego en las licitaciones.
Desde el área dirigida por Aniorte se defienden al explicar que el consistorio “gestiona el Servicio de Ayuda a Domicilio de forma indirecta, con escrupuloso respeto del marco normativo, igual que se hacía durante el mandato anterior y como sucede en otras partes de España, para garantizar la eficiencia del servicio. Las empresas que lo gestionan presentaron el proyecto más idóneo y ganaron el concurso de forma transparente, y el Ayuntamiento de Madrid se encarga de supervisar que se cumplen los términos del contrato. En este sentido, se realiza el pago a las empresas mediante facturas a final de mes en función de las horas realizadas por los trabajadores”.
Es decir, que esos son los términos del contrato, por muy injustos y pésimos que resulten para el servicio, cuya eficiencia no es óptima ni en situaciones normales, ni en situaciones de pandemia, según las trabajadoras del sector. El Ayuntamiento continúa justificándose cuando nos indica que “mantiene reuniones periódicas con las empresas para mantenerse al día de la situación del servicio, velando siempre por el bienestar y la seguridad de los trabajadores y, especialmente tras la crisis del COVID-19, por la viabilidad de las empresas”.
“Siendo como es un servicio público —explica Lola Juárez, representante sindical de CLECE— las auxiliares somos invisibles para estos políticos e inexistentes para los medios de comunicación, que hablan de todos los sectores menos del nuestro”. Las instituciones, dice, “insisten en que servicio que no se hace, servicio que no pagan a las empresas y estas, así, no nos pagan, lo cual vulnera nuestros derechos; no hemos trabajado por la misma razón que tantos otros; debido a un temporal”.
Pese a la vulneración de sus derechos que supone el impago, Juárez reconoce que su empresa hace algunas cosas bien: “En cuanto hubo stock en España nos consiguió EPIs y material adecuado para realizar el trabajo; nos respetan las categorías y sueldos, pese a tener que recolocar a muchas coordinadoras. Además, nos están haciendo test de serología a todas. Si la empresa invierte, nos extraña que no lo haga en pagar salarios si no es porque la administración no se lo paga a ella”.
De casa en casa sin vacunar
Estas trabajadoras denuncian también que no les reconocen como enfermedad laboral un posible contagio de covid-19 en los hogares de usuarios contagiados. Además, no están en la lista de personal prioritario para ser vacunado.
Sin embargo, el “Documento informativo de vacunación frete al COVID-19 en la Comunidad de Madrid” elaborado el 22 de diciembre del pasado año, las auxiliares del SAD están consideradas “personal sociosanitario de primera línea, los que proporcionan cuidados estrechos a personas de población de riesgo en sus hogares” por lo que estaban incluidos en el primer grupo de prioridad. Además, el Ministerio de Sanidad ha anunciado esta misma semana que estas profesionales podrían entrar en la segunda tanda de personal prioritario, junto a los fisioterapeutas y los CC FF de Seguridad del Estado.
Juárez afirma que sus denuncias son un clamor de todas las auxiliares. “Si no nos vacunan, siendo como somos un servicio esencial, los usuarios tienen terror a contagiarse, porque son personas de riesgo y muy vulnerables. Han vacunado a las compañeras de nuestra categoría en residencias, y no a nosotras, que estamos expuestas a diario y llevamos el virus de un domicilio a otro. Ni la CAM ni el Ayuntamiento se han preocupado de nuestra vacunación como personal socio sanitario. Les damos igual nosotras y los usuarios”.
Según el departamento de Aniorte, “el Ayuntamiento informó a las autoridades sanitarias de todo el personal que mantiene contacto con personas mayores, con el fin de formar parte del plan de vacunación” pero “se ha adaptado a la decisión de las autoridades competentes en esta materia”.
El covid-19 no es enfermedad profesional
Lola explica que no solo van a las casas “sino que salimos a la calle a realizar recados de los usuarios, visitamos tiendas, vamos a los médicos, hacemos gestiones, vamos a otra casa, nos quitamos la ropa, nos cruzamos con familiares, con vecinos. Somos el primer foco de contagio para todos por culpa de las instituciones, que no nos han considerado personal socio sanitario”.
Paralela a la denuncia por impagos de CLECE, la pasada semana la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio denunció como estas profesionales, como sociosanitarias de Atención Domiciliaria y acreditadas con una titulación, están “excluidas como personal a quien se le reconozca como enfermedad profesional durante la pandemia el contagio por covid-19 sistemáticamente por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”. Según nos explica Concha Real, portavoz de la plataforma, pedían su inclusión como tal en el Real Decreto Ley 3/2021, en el que se incluye a todo el personal sanitario y socio-sanitario, incluidos los auxiliares de las residencias de ancianos, con igual titulación.
En la cuarta entrega del estudio de sero-prevalencia del Ministerio de Sanidad se destaca a estas profesionales como el segundo colectivo más contagiado por covid cuando indica “las personas cuidadoras de dependientes en el domicilio, siendo del 16,3% después del personal sanitario con un 16,8%”.
Según exponen en el comunicado, “enfermamos diariamente, somos un colectivo sin protección frente al covid-19, porque las empresas licitadoras no nos suministran los EPIs necesarios para hacer frente a los cuidados de enfermos en domicilio”. Por esa razón señalan directamente al Ministro José Luís Escrivá, porque “no ha atendido ni dado respuesta las peticiones de encuentro del colectivo, y es consentidor de esta situación de maltrato institucional a más de 120.000 trabajadoras de todo el país, y de invisibilizar a más 500.000 usuarios y usuarias del SAD”.
Según Concha Real, “el riesgo de contagiar y de contagiarnos es muy alto. Tenemos que hacer una pedagogía constante. Los usuarios por estar en su casa y domicilio privado no se creen la posibilidad de contagio y no ven la necesidad de ponerse la mascarilla o de cambiársela; llevan la misma mascarilla días y meses. Muchos se resisten al gasto porque cuentan con pensiones de miseria”.
Sin usuarios no hay trabajo
Sin embargo, si se han dado muchas bajas de los usuarios por el miedo a los contagios. Unido a los fallecimientos, han mermado los servicios y las jornadas de estas trabajadoras. El sector acusa al Ayuntamiento madrileño y a la Comunidad de Madrid de no gestionar nuevos servicios. “Tienen totalmente bloqueada la lista de dependencia; no dan altas y hay usuarios que literalmente se mueren esperando antes de recibir la prestación. Así, de aquí a dos meses nos vemos en la calle con un ERTE, porque en lo que va de pandemia se han dado de baja 8.000 usuarios solo en la ciudad de Madrid” se queja LoLa Suárez.
Todas las representantes sindicales consultadas explican que “están esperando que les lleguen los 600 millones de euros para este año del Plan de Choque de la Dependencia”, que acaba de firmar el vicepresidente de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y que repartirá 3.600 millones hasta 2023. “Se hacen las valoración pero no se está dando la prestación, porque había una Ley, pero no había presupuesto. Se han juntado empresas, sindicatos y ministerio; podrán poner al día la lista de dependencia ahora, que es es cuando van a estar ese dinero del Estado y el gasto será al 50% de costes con las comunidades autónomas”.
Precisamente el sector de las auxiliares de ayuda a domicilio es uno de los más precarios, pese a que su trabajo es imprescindible debido al envejecimiento de la población en España. Se trata de un colectivo muy feminizado, con sueldos mínimos y medias jornadas en su mayoría, expuestas a duras condiciones de trabajo en diferentes hogares. Las empresas eluden mejorar su situación, con el fin de obtener el máximo beneficio respecto a las cantidades millonarias que reciben de las administraciones públicas, que parecen olvidar siempre las necesidades del colectivo.
“Las auxiliares estamos orientadas a los cuidados —explica Concha— y aunque nos hemos profesionalizado, no se nos ha reconocido. Trabajamos en el ámbito privado, no nos conocemos entre nosotras ni socializamos nuestros problemas e inquietudes. Por esa razón, somos trabajadoras muy precarias, no conseguimos que se reconozcan nuestras enfermedades laborales, ni escuchan las realidades que nos encontramos en cada hogar, que son increíbles. No conseguimos trasmitir la ansiedad y la depresión que nos provocan las condiciones penosas en las que nos encontramos a la mayoría de nuestros usuarios. Pero, claro, somos invisibles y estamos olvidadas. ¿Quién nos conoce? ¿A quién le importamos?”.
También en el servicio de teleasistencia
La otra pata del servicio a domicilio es la teleasistencia. Cristina, trabajadora que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, trabaja en una de las empresas concesionarias del servicio para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid; Teleasistencia SA, antes Personalia, del grupo Ilunión. Al igual que sus compañeras del SAD también denuncia el comportamiento de su empresa, “porque tampoco nos han incluido en el en el calendario de vacunación en este contexto de pandemia como personal sociosanitario. No sabemos en qué tramo estamos. Ni siquiera nuestras mutuas saben dónde colocarnos cuando acudimos enfermos. Somos los “de la medallita” —describe Cristina— y nuestro trabajo consiste en acudir los primeros a los avisos domiciliarios. Nuestros usuarios pertenecen al grupo catalogado como altamente vulnerables;son nuestros mayores y personas dependientes por motivos de salud”.
Según explica, tienen que acudir a atender los avisos sin saber previamente el estado de los usuarios “porque en la mayoría de los casos el aviso solo hace referencia al motivo de la emergencia (caída, mareos, dificultad respiratoria, etc.), pero obvia la mínima prevención para asegurar la protección del trabajador. Ahora nos llegan muchos avisos de síntomas de covid--19”. Trabajan con una central de avisos, a la que entran los casos por señal telefónica, “y aunque los compañeros tratan de hablar con ellos o llamarles, si no lo cogen el hay que acudir. Por protocolo deberían enviar a dos trabajadores mínimo, y no se hace”.
El problema excede el peligro de contagio debido a la pandemia y cuenta con antecedentes de otras amenazas. Denuncia que acumulan riesgos laborales no reconocidos. “En ocasiones nos encontramos que los usuarios portan armas, viven en zonas muy conflictivas, son personas agresivas o con enfermedades psiquiátricas, con alteración de la conducta, o que sufren enfermedades contagiosas además de la covid”. Todo esto con sueldos mileuristas, (1.159 euros de salario bruto) y con bajas por covid-19 que no contemplan como bajas laborales ni las mutuas ni en Prevención de Riesgos Laborales.
También se quejan de la falta equipación y material para realizar su labor con las mínimas garantías de higiene y cumplimiento de los protocolos. “Llevamos el EPI más barato, el de celulosa, nada de lo que llevan los servicios de urgencias médicos. Los guantes que nos proporcionan son de vinilo, no se ajustan a la muñeca, por lo que no protegen contra fluidos, como sí hacen los de látex o nitrilo. Las empresas así ahorran costes”. Para ello les proporcionan un rollo de cinta adhesiva, que estaría justificado al principio de la pandemia, cuando no había stock suficiente, pero no en la actualidad.
Cristina denuncia que el servicio de prevención de la empresa no toma ninguna medida por si acudes a atender a un enfermo de covid. “Nos encontramos usuarios caídos a los que hay que realizarles un aseo puntual, porque están llenos de orina, heces, sangre, o necesitan primeros auxilios. Ni llevamos protección adecuada, ni recomiendan PCR después, ni confinan al trabajador…”.
Así, denuncian que se convierten en portadores que trasmiten el virus a compañeros, familiares, comercios y, lo que es más grave, a la población vulnerable con la que trabajan. Son, como todo el mundo les denomina, “los de la medallita. Nos conocen de una manera casi cómica. Pero no solo atendemos ancianos, también a personas con esclerosis, lupus, muchos diógenes y otras enfermedades crónicas inhabilitantes.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 12/02/2021.
