Avalmadrid dio un trato "preferente" e "irregular" a la empresa del padre de Ayuso, según la Asamblea (17/02/2021).
La entidad facilitó un crédito de 400.000 euros a una compañía participada por el progenitor de la hoy presidenta, que nunca recuperó en su totalidad.
Avalmadrid, una entidad semipública que financia a pymes y empresas, dio un trato "preferente" y "personalizado" a Isabel Díaz Ayuso en 2011, cuando informó a la política popular sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada al 25% por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros. Esa es la principal conclusión del dictamen de la comisión de investigación sobre el caso, apoyado por PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox, y que PP y Cs intentarán tumbar en la Mesa de la Cámara por considerarlo contrario al reglamento. Además, según ese polémico balance, la compañía actuó de manera "irregular" en el proceso de aprobación de la operación y fue "negligente" cuando fracasó y le tocó intentar recuperar el dinero público perdido. En medio, la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid aceptó la donación del piso paterno, que así quedó fuera del alcance de los acreedores.
Las dificultades para investigar las actividades de Avalmadrid, y su presunto trato de favor a empresas y empresarios vinculados a los Gobiernos del PP, se resumen en un número: más del 90% de los comparecientes solicitados no han pasado por la comisión, incluyendo a todos los expresidentes regionales y a la propia Díaz Ayuso. Ese choque constante entre las seis formaciones con representación en la Asamblea se ha visto reflejado este martes, cuando la izquierda ha tenido que maniobrar para evitar que la investigación se quedara sin conclusiones.
Así, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos IU Madrid en Pie han votado a favor de un único dictamen que recoge las conclusiones de Vox y Cs, que han salido adelante, mientras que PP, Cs y Vox solo han apoyado sus propios balances. Un juego parlamentario que mantiene viva la polémica.
El dictamen con dos conclusiones distintas aprobadas (las de Cs y Vox) será llevado al pleno de la Asamblea, donde se debatirán y cada grupo podrá incluir votos particulares, según Vox, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
Sin embargo, Cs ha pedido un informe a los letrados de la Cámara porque defiende que el reglamento no recoge la posibilidad de unir dos conclusiones en un único dictamen, sobre todo cuando las considera contradictorias.
El PP, por su parte, coincide con ese criterio, y opina que el dictamen será suspendido cuando llegue a la Mesa de la Cámara, donde la derecha tiene mayoría. "Hay un error de los servicios jurídicos de la comisión, que dicen que se puede unir", ha dicho una fuente popular. "Hay muchas dudas jurídicas de que la Mesa lo vaya a calificar, esto debería acabar con una comisión sin dictamen. Es un bochorno institucional".
En el centro del conflicto, como siempre desde que arrancó la comisión, ha estado el caso que afecta a la familia de Díaz Ayuso, y la valoración que de él se hace en las conclusiones patrocinadas por Vox.
"Las irregularidades detectadas en la concesión y seguimiento del aval de MCInfortécnica revela, en el mejor de los casos, un trato personalizado y preferente, y una gestión negligente en su seguimiento y recobro", se lee en el texto impulsado por Vox, y aprobado con el apoyo de los votos de la izquierda. "El coordinador de riesgos de Avalmadrid informa el 2 de marzo de 2011 a sus superiores de que el importe del crédito solicitado por los avalistas tiene más riesgo del que se garantiza mediante la hipoteca que se ofrece como garantía, ya que el valor de tasación del inmueble hipotecado en dicha operación es muy inferior al importe del crédito", recuerda sobre una bandera roja que fue ignorada explícitamente, según documentación a la que accedió EL PAÍS ("OK adelante", se ordenó). "El caso MC Infortécnica revela, en el mejor de los casos, un trato preferencial", insisten los ponentes, que añaden: "Es un caso que sin ninguna duda se puede considerar como irregular tanto por el proceso de aprobación (....) como por la falta de diligencia, como mínimo, por parte de los servicios de recobro de Avalmadrid cuando el aval fue ejecutado, favoreciendo la posibilidad de que los deudores eludieran la responsabilidad patrimonial".
Así, la hoy presidenta aceptó la donación del piso familiar unos seis meses antes de que hubiera que hacer frente a la primera cuota del préstamo, con lo que evitó el embargo de los acreedores. Una preocupación que estaba en el primer plano de sus inquietudes cuando consiguió el contacto de un ejecutivo de Avalmadrid, ayudada por una viceconsejera del Gobierno regional, Eva Piera.
- Mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre [Alzheimer]. Es todo muy difícil, escribió en un email que adelantó este diario.
Las conclusiones de la comisión de investigación, en cualquier caso, no se centran únicamente en la polémica que rodea a la presidenta. También establecen una conexión irrefutable entre algunos avales técnicamente incomprensibles, y posteriormente ruinosos, y los intereses de los sucesivos gobiernos del PP.
"Resulta obvio e innegable que, aparte de esa utilización legítima y útil de Avalmadrid, ha habido un no mayoritario, pero tampoco desdeñable, mal uso de la misma para intereses ilegítimos", se lee en uno de los dos dictámenes aprobados, en este caso el de Vox. "Avales a grandes empresas que nada tienen que ver con el objeto de Avalmadrid, avales a empresas que poco después caían en suspensión de pagos como consecuencia de la debilidad tanto de su solvencia como de sus planes de negocio, cartas de recomendación y mails que pedían actuaciones irregulares, llamadas de teléfono a la carta, trato de favor a empresas vinculadas con políticos del Partido Popular, avales a empresarios cercanos al Gobierno y al Partido Popular, avales a empresas participadas por los fondos de capital-riesgo de la propia Comunidad, avales que no se hubieran dado a otros madrileños en tales condiciones", se enumera. "Básicamente lo que se conoce como privilegios, que se une en este caso al agravante de la pérdida del dinero público, tanto de dinero gestionado por la comunidad autónoma como por la Administración General del Estado".
Hay casos paradigmáticos. Por ejemplo, los concedidos al empresario Gerardo Díaz Ferrán, del grupo Marsans, tras una carta en su favor del entonces consejero de Economía, Antonio Beteta. O los que obtuvo Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco, fue presidente de CEIM entre 2007 y 2014, siendo CEIM uno de los socios protectores y consejero de Avalmadrid. Ambos sumaron cifras millonarias que nunca se recuperaron.
Ni el caso de Díaz Ayuso ni los de Díaz Ferrán y Arturo Fernández han tenido recurrido judicial alguno, pese a las denuncias correspondientes. Sin embargo, la conclusión de que hubo mala praxis en Avalmadrid no se circunscribe a la opinión subjetiva de los diputados que han apoyado el dictamen. El Banco de España ha sancionado en los últimos meses con más de 500.000 euros a la cúpula de la entidad, incluyendo al a consejería de Economía regional, por no aplicar los controles preceptivos a la hora de conceder los avales.
Enlace relacionado ElPaís.com 16/02/2021.
