33 años trabajando, ocho cotizados (09/03/2021).

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El sector de las empleadas del hogar representaría un 2,8% del PIB si estuviera regularizado. Una de cada tres empleadas no pudo disponer de ninguna ayuda durante la pandemia. Las precariedad delimita no solo su presente, sino también su futuro.

Julia Alonso llevaba trabajando como empleada del hogar 22 años en la misma casa. A raíz de la pandemia, dejaron de necesitar sus servicios y, al carecer de contrato, ha dependido por completo de las decisiones de sus empleadores. Aunque le pagaron hasta junio, no pretenden reincorporarla. Tampoco tiene acceso al subsidio por desempleo. “De vez en cuando me llaman para ver cómo estoy —explica— y, bueno, pues nada, yo sin trabajo me he quedado”.

Algunas empleadas del hogar en situación irregular llegaban a saltarse el confinamiento para ir a su lugar de trabajo. Aquellas que tenían contrato, también continuaron con sus funciones. Claudia Londoño, asistente de ayuda a domicilio, lo recuerda así: “Aunque estuviese la pandemia, teníamos que ir a las casas de gente que está sola y a la que no pueden ayudar sus familiares”.

Las trabajadoras de hogar son un colectivo imprescindible. Pese a que su trabajo es esencial, sigue viéndose relegado a la precariedad, la informalidad y la desprotección. La expansión del virus durante el mes de marzo trajo consigo la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2020. En su intento de paliar las dificultades económicas derivadas de la pandemia, la medida proporcionó a las empleadas del hogar el subsidio por desempleo. Un derecho al que, hasta ahora, nunca habían tenido acceso. Pero esta medida venía con fecha de caducidad. A partir del 21 de julio, se les volvió a privar de esta prestación que es común al resto de trabajadores. Tampoco durante su periodo de vigencia supuso una ayuda trascendental al tratarse de un sector que representa gran parte de la economía sumergida del país. Al menos una de cada tres trabajadoras está en una situación irregular con la correspondiente imposibilidad de acceder a esta prestación.

Economía sumergida

El covid-19 ha golpeado con particular dureza a este colectivo de trabajadoras que se ha visto abocado a dos situaciones por el aumento considerable del volumen de trabajo: limpiar más a fondo y trabajar más horas sin el correspondiente aumento de salario. O el despido.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), este sector, en el que trabajan 580.500 personas, únicamente tiene unas 394.171 dadas de alta en la Seguridad Social. Es decir, solo un 68% de trabajadoras estarían regularizadas.

El 32% restante, pertenecería a la economía sumergida. Son las mujeres quienes concentran un 40% de estos trabajos irregulares frente al 16% que recae en hombres. Los sectores que más economía sumergida aglutinan, además de ser los más precarizados y peor pagados, son también los más feminizados: reparto a domicilio, transformación de productos agrarios o confección y el servicio doméstico. De regularizarse la actividad clandestina de este último, equivaldría al 2,8% del PIB en España. En el caso concreto del empleo del hogar, encontramos un 89% de mujeres que conforman este sector frente a tan solo un 11% de hombres.

El trabajo en negro condiciona el control que ostentan sobre su propia situación. Se genera una dependencia considerable del empleador en las trabajadoras que, además, no contarán con ningún subsidio de cara al desempleo, bajas o jubilaciones. Se convierten en el caldo de cultivo perfecto para el abuso y la explotación. Ejemplo de esto es Julia Alonso. “Llevo 33 años trabajando y cotizados, es lo más vergonzoso, llevaré ocho. Todo lo demás en negro”. Lo que le impide el acceso a una jubilación por enfermedad decente.

Pero Julia Alonso se vio relegada a la informalidad, no fue por decisión propia. Ella también tuvo un contrato con una empresa de limpieza antes de convertirse en empleada del hogar, pero se quedó embarazada. Al tratarse de un embarazo de riesgo tuvo que dejar de trabajar a los siete meses y la empresa la envió directamente al paro. “Claro, soy mujer. Lo siento mucho, pero es así”, comenta con resignación.

A pesar de la segregación ocupacional que concentra a las mujeres en empleos de limpieza y cuidados, el sector doméstico se sitúa como uno de los más infravalorados. Destaca especialmente por ser el peor pagado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), con 400 euros de diferencia respecto al siguiente sueldo medio más bajo, la hostelería con un sueldo medio en torno a 1.300 euros.

Hay que añadirle también su alto grado de temporalidad que impide acumular antigüedad a las empleadas. Mientras que el contrato temporal del trabajador medio es de 128 meses, en el caso de las empleadas del hogar no llega a los 70, según concluyó en 2018 un estudio de Oxfam Intermón en colaboración con la Universidad Carlos III. Los pocos hombres del sector apenas tienen un 6% de temporalidad con contratos que ascienden a los 121 meses.

La actividad de estos últimos se concentra además en sectores mejor valorados como el mantenimiento de edificios o el cuidado del jardín. Esta situación queda ejemplificada con el caso de Julia Alonso y su marido. Ambos trabajan en el sector de la limpieza, pero él tiene contrato y estatus de especialista mientras que Julia estaba en una situación irregular y trabajaba a media jornada.

Una ley que no sirve de mucho

La informalidad del sector es uno de sus grandes problemas, sin embargo, la regularización tampoco resulta una opción muy alentadora cuando la normativa vigente las relega desde hace años a una categoría de segunda. Incluso con la considerable mejora de su situación en los últimos años, la protección y derechos que se les concede no son equiparables a los del resto de trabajadores.

​El Real Decreto 1424/1985 estuvo en vigor 25 años sin que ningún gobierno mostrara interés por cambiarlo. En 2012, a raíz de la presión que ejercieron las asociaciones y la influencia del Convenio 189 de la OIT, entró en vigor la primera reforma de la relación laboral de las empleadas del hogar. El Real Decreto 1620/2011 supuso un avance considerable comparado con la regulación de 1985 que consentía situaciones equiparables a la servidumbre.

Gracias a esta regulación, se les reconocen unos derechos mínimos como su inclusión en la Seguridad Social o la obligación de redactar los contratos por escrito. Sin embargo, su creación como un sistema especial dentro del Régimen General hace que continúen teniendo una menor protección y unos derechos inferiores a los del resto de trabajadores.

Este decreto pretendía incentivar la regularización de las trabajadoras del hogar, haciéndolo más atractivo también para sus empleadores. Y así fue, durante tres años hubo un aumento significativo de las trabajadoras del hogar que se registraban en la Seguridad Social. Sin embargo, en 2015 el número de contrataciones legales volvió a descender y la tendencia se mantiene en la actualidad.

Muchas veces son las propias empleadas quienes consideran que no les merece la pena. “Es lo que hay”, declara Julia Alonso. “No nos podemos quejar, porque esto no está regulado como debería. Ahora hay una ley, pero tampoco es que sirva para mucho”.

Varios elementos diferencian la regulación laboral de las empleadas del hogar del Régimen General y que podrían calificarse como discriminatorios o difícilmente justificables. Uno de los apartados más llamativos del Régimen Especial de Seguridad Social de las empleadas del hogar es que no contempla ningún tipo de subsidio por desempleo. Lo que convierte a este colectivo en el único en España que no tiene acceso a esta prestación.

Este sector se caracteriza por unas condiciones de despido especialmente perjudiciales para las trabajadoras. Se permiten sus destituciones sin preaviso y su indemnización es de solo 12 días por año cotizado, frente a los 20 con los que cuentan el resto de los trabajadores. También son, junto con los altos directivos, los únicos sectores en los que todavía existe la figura del desistimiento, que viene a ser un despido para el que no hay que aportar una causa justificada.

​A todo ello, hay que añadir los elevados porcentajes de trabajos a tiempo parcial o intermitentes, que pueden finalizar repentinamente por despido o por la defunción del empleador. Desde esta perspectiva, la prestación por desempleo parece una necesidad ineludible para paliar la vulnerabilidad de estas trabajadoras.

Otra particularidad es que no se contemplan consecuencias legales por el despido de trabajadoras embarazadas. En el Estatuto de Los Trabajadores se considera la nulidad de este despido y se obligará a la readmisión de la trabajadora junto con una indemnización, por ser un acto discriminatorio. Pero, al tratarse de un domicilio familiar, no se puede imponer la readmisión.

También la regulación de las cotizaciones de las empleadas del hogar presenta complicaciones. El colectivo tiende a no alcanzar los requisitos mínimos para recibir una pensión de jubilación contributiva o si lo hacen será muy baja. Se convertirán la mayoría en jubiladas pobres, con una pensión media de 521 euros, la mitad de la pensión habitual para el resto de los sectores.

Finalmente, no se debe olvidar que están excluidas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No se realizan inspecciones de trabajo ni se garantiza que sus condiciones laborales sean óptimas a pesar de que la protección en materia de salud y seguridad laboral es un derecho de toda persona.

Los tramos de cotizaciones en profundidad

El principal problema del Sistema Especial para Empleadas del Hogar son los tramos de la base de cotización. Estos tramos no son representativos del salario real, es decir, no se cotiza lo realmente cobrado.

Pero, además de esto, encontramos un tipo de cotización también diferente. Esta diferencia la encontramos en las contingencias profesionales, más conocidas como de desempleo y formación, que en el caso del Sistema Especial para Empleadas del Hogar se encuentra en un 1,65%, frente al 8,35% del Régimen General, y son pagadas únicamente por el empleador. Este 1,65% tiene como resultado la inexistencia del derecho al subsidio por desempleo para las empleadas del hogar.

Y aunque la solución parezca sencilla, trae consigo grandes complicaciones ya que un aumento en las cotizaciones supondría un aumento del gasto del empleador, y ante este aumento, el empleador tendrá dos opciones: o prescindir de los servicios de estas empleadas o pagar en negro.

Esto provoca que el empleo en el sector se precarice, los sueldos se estanquen y la economía sumergida crezca.

Si se permiten todas estas diferencias respecto al resto de trabajadores es porque el sector presenta ciertas particularidades que deben tenerse en cuenta a la hora de legislar. Se pueden reducir a dos factores: el lugar de trabajo es una vivienda familiar en lugar de una empresa y el empleador no es un empresario sino un particular.

​Al tratarse de un empleador particular, resultaría complicado crear un convenio colectivo por la necesidad de representar al conjunto de empleadores de las trabajadoras del hogar. También dificulta la implementación de una prestación por desempleo. El jurista Laurentino Dueñas, especializado en el ámbito laboral, explica que el subsidio por desempleo conllevaría más gasto para el empleador y el legislador tiene miedo de que engrose el porcentaje de economía sumergida que presenta este sector.

​Por otro lado, el hecho de que el trabajo se desarrolle en un hogar presenta algunos impedimentos a la hora de realizar, por ejemplo, inspecciones de trabajo que puedan garantizar que la trabajadora está en un ambiente seguro al realizar sus funciones. Es este mismo derecho a la intimidad lo que facilita también el despido sin justificación.

Si bien son situaciones que requieren unos mecanismos específicos para poder garantizar la plena equiparación de derechos de estas trabajadoras al resto, no es imposible. De hecho, en un principio este sistema se creaba como un paso intermedio hacia la integración total. Para lidiar con estas complicaciones se establecía en el Decreto 1620/2011 la creación de un grupo de expertos y se les proporcionaba además un margen de siete años para resolver los problemas. El margen llegaba a su fin en 2019, sin embargo, en 2018 se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado la Enmienda 6777 que posponía esta integración hasta 2024.

A pesar de este retraso en la mejora de su situación, Laurentino Dueñas señala que hay un modelo a seguir para este colectivo que puede mantener las esperanzas de cambio. Se trata de la Ley de Dependencia que, aunque regula un ámbito distinto al de las empleadas del hogar, presenta una situación similar. Las tareas de estos sectores se superponen en muchas ocasiones porque ambos forman parte del sector de cuidados, labores esenciales a la par que históricamente menospreciadas.

Este sector es al que pertenece Claudia Londoño. Es el mejor ejemplo de cómo estos sectores se superponen. Llegó a España desde Colombia en el año 2000 y empezó trabajando en situación administrativa irregular como empleada del hogar en distintos hogares. Ahora trabaja en una empresa de asistencia a domicilio y su función consiste en ayudar a personas que no pueden valerse por sí mismas en sus domicilios. Aunque realizó el curso de Atención Socio Sanitaria que se requiere para el puesto, sus tareas se asemejan en muchas ocasiones a las de las empleadas del hogar: limpiar, cocinar, comprar, cuidarlos y asearlos.

Empezó a trabajar a los 15 años y en los 30 que lleva activa la mayoría de sus empleos ha sido como empleada del hogar. Pero en la actualidad su situación resulta más alentadora que la de Julia Alonso, especialmente durante la pandemia, ya que ha seguido trabajando de manera regular y ha tenido una baja por coronavirus completamente cubierta. Sin embargo, todavía hay cosas que pueden mejorar.

El salario es bastante bajo, especialmente si consideramos que se trata de una labor esencial. También cree que las leyes todavía deben reconocerles más derechos a estas trabajadoras y, sobre todo, a pesar de contar con un contrato sigue haciendo más horas de las que realmente se le remuneran. Su rutina de un día habitual son unas cinco casas: dos por la mañana, una al mediodía y otras dos por la noche. Además de los tiempos de trabajo que se alargan de manera inevitable, al trabajar en varias casas sus desplazamientos ascienden a casi dos horas extra incluso recurriendo a una bicicleta para perder el menor tiempo posible.

A pesar de que su situación actual es considerablemente buena, Claudia Londoño forma parte de un colectivo doblemente discriminado y que conforma un elevado porcentaje de las empleadas del hogar: las trabajadoras migrantes. Desde hace al menos 12 años, la primera ocupación de las mujeres migrantes en España ha sido y sigue siendo el servicio doméstico. Dentro de este colectivo ya de por sí desprotegido, la Asociación de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) las señala como las más vulnerables.

Laurentino Dueñas incide en que, para acabar con esta vulnerabilidad doble, existe una necesidad de que aparezcan en los catálogos de trabajo. Es el documento en el que aparecen las demandas de trabajos en España que los nacionales no quieren cubrir y para los que se recurre a mano de obra extranjera. Señala que incluso el colectivo de temporeros suele aparecer en estos catálogos y es que, sin ellos, resulta muy difícil que las trabajadoras migrantes lleguen a España con un contrato ya acordado, que es como debería ser para que su situación estuviera regularizada y no en economía sumergida.

A pesar de la necesidad real de estas trabajadoras y de que conforman un amplio porcentaje de las empleadas del hogar, no se les incluye. En su lugar llegan como lo hizo Claudia, llevada por la mala situación económica en la que se encontraba Colombia y la falta de empleo, recurrió a una amiga que trabajaba en España limpiando casas para que le consiguiese un empleo. Después de eso estuvo varios años trabajando sin contrato y, por supuesto, sin recibir ninguna ayuda o subsidio. “Todo me lo he ganado”, afirma.

Muchas mujeres migrantes siguen el mismo recorrido que Claudia y llegan de manera irregular. Su falta de protección es todavía peor que la de Julia Alonso, porque hasta que no se regularizan tienen serios problemas para conseguir la nacionalidad. Un proceso que ya de por sí presenta muchos trámites y proceso burocráticos. La propia Claudia está aún en proceso de conseguir la nacionalidad después de 20 años en España. Por la cantidad de trámites que suponía, lo fue retrasando.

El verdadero problema es que, en numerosas ocasiones, la necesidad de conseguir los papeles enfrenta a estas mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad por la tendencia a aceptar condiciones abusivas o salarios demasiados bajos con la finalidad de poder mantener el contrato.

Laurentino Dueñas incide en que debería plantearse que las empleadas del hogar están sufriendo lo que se conoce como discriminación múltiple. La desprotección de este sector se da a nivel laboral, a nivel de la seguridad social y además acumula un alto grado de temporalidad y parcialidad. Un análisis de la Encuesta de Población Activa muestra que las trabajadoras del hogar se ausentan por enfermedad o accidente la mitad que el resto de los trabajadores. Un reflejo de que no pueden permitirse la pérdida de ingresos o del propio empleo por su desprotección. Añadiendo a todo ello una discriminación indirecta por razón de género.

Un apartado especialmente interesante es la intención de regular las horas de trabajo para que sean iguales a las del resto de trabajadores. Lo cierto es que, reguladas o no, en este sector se tiende a trabajar de más y cobrar de menos. “Alguna vez sí que te quedabas una horuca o media más, y las regalabas”, cuenta Julia Alonso.

Según el Informe de Oxfam sobre las empleadas del hogar, estas trabajadoras no cotizan poco por carecer de horas trabajadas. Por el contrario, la media semanal de horas de trabajo es de 60,92. Algunas llegan a trabajar más de 70 y un 4,5% supera las 90 horas semanales. Es decir, habría unas 3.000 personas incumpliendo la legalidad porque es matemáticamente imposible cumplir con el descanso obligatorio de 12 horas entre jornadas laborales trabajando más de 90 horas a la semana.

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