Cómo las Big Four han absorbido al Estado y sustituido a la burocracia (13/03/2021).
El millar de contratos que aparecen en los boletines oficiales del Estado son algunos ejemplos de la delegación de funciones políticas a las ‘big four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC), una vieja historia de privatización encubierta que le ha costado a las arcas públicas al menos 378 millones de euros en poco más de una década.
Cuando la generación nacida en los 90 se pregunte dónde terminó el dinero procedente del plan de recuperación económica más ambicioso de la historia, quién se embolsó los miles de millones del fondo ‘Next Generation’, probablemente haga arder alguna de las cuatro torres del Paseo de la Castellana. Especialmente el edificio de PriceWaterhouseCoopers, expresión megalómana del Gobierno de las ‘Big Four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC). Estas consultoras administran las reformas estructurales necesarias para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, sustituyendo a la burocracia encargada de gastar este dinero. En cierto modo, han absorbido al Estado para servir a las necesidades de acumulación de capital de sus clientes, las grandes multinacional españolas que protagonizan los polémicos acuerdos público-privados.
Esta ha sido siempre la naturaleza de Estados como el español en la época neoliberal, la epidemia no ha hecho más que ponerlo de manifiesto. En octubre del pasado año, se conocía que las grandes consultoras movilizaban todos sus recursos, creando también nuevas divisiones y aliándose con la patronal de empresarios (CEOE) para llevarse los contratos de asesoría procedentes del fondo europeo de reconstrucción 'Next Generation UE' para los próximos seis años. Anhelan los 140.000 millones de euros, especialmente los 72.000 millones a fondo perdido que llegarán en los próximos tres años. Para ello contactaron con las principales empresas, La Moncloa, los grandes ministerios, las distintas comunidades autónomas y los ayuntamientos con más recursos. Estas firmas conocen las dificultades de las mermadas burocracias modernas a la hora de responder a las situaciones de crisis y lidiar con las reglas de las a su vez tecnocráticas instituciones supranacionales para acceder a la financiación que lo haga posible.
En 2015, como proporción de los ingresos combinados de las diez empresas más grandes de cada país, Kerma Partners calculó que la penetración de mercado de las ‘Big Four’ oscilaba entre el 4% en China, el 6% en Gran Bretaña, el 20% en Alemania y el 30% en España. Si bien no poseemos datos más recientes, las firmas de servicios profesionales no han dejado de crecer. En 2019, sumaron unos ingresos conjuntos de 2.252 millones de euros, lo que supuso una mejora del 7,85% respecto al año anterior y el mejor dato registrado desde 2009.
En un clima ideológico neoliberal caracterizado por la subcontratación, o una mayor privatización de los servicios públicos, el resultado del lobbying de las ‘Big Four’ (a través de conferencias, exposiciones, informes de grupos de expertos y presencia constante en prensa) ha sido extremadamente exitoso. La ministra Teresa Ribera entregó 338.000 euros a la consultora Deloitte a finales de enero para liderar las propuestas de proyectos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la entidad adscrita Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encargada de canalizar los fondos europeos para el ministerio.
EY también ha asesorado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el proceso de elaboración de la reforma para calcular las pensiones con 35 años que el área económica ha enviado a Bruselas en el marco del plan de inversiones y reformas para acceder a los fondos europeos. Al mismo tiempo, KPMG se ha perfilado como el asesor de RTVE para la captación de los fondos europeos. Y qué decir de PwC, quien ha recibido contratos a dedo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que preste diversos servicios de desarrollo y soporte informático para la gestión de las líneas de avales desplegadas desde marzo a causa del Covid-19. Huelga recordar que en 2013 la exdirectora general del ICO fue inhabilitada 7 años por conflicto de intereses con PwC.
De hecho, también se ha conocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido colaboración a las consultoras para redactar el nuevo decreto para los fondos, mientras que algunos ministerios están conversando con el sector a través del sistema del “probono”, es decir, asesoría gratis a cambio de recibir información privilegiada para sus clientes. Estos suelen ser empresas como Iberdrola, Telefónica o Seat, quienes según el Financial Times también han presentado sus respectivos proyectos al Gobierno para recibir un nivel de financiación público inédito hasta ahora.
Para más inri, de acuerdo al periodista de La Marea, Dani Domínguez, consultoras como Deloitte son las misma que asesoran a algunas de las empresas (CEPSA, El Corte Inglés o Endesa, por ejemplo) que optan a los paquetes de ayudas económicas procedentes de los Ministerios cuyos contratos de asesoría también se han adjudicado las ‘Big Four’. Este mimetismo no es nuevo, e incluso conocemos que esta empresa fue multada por auditar una contabilidad, la de Bankia, que ella misma había elaborado. Si además nos fijamos en los datos más recientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre cómo las 'Big Four' se reparten los grupos del Ibex, observamos que PwC y KPMG tienen once empresas auditadas cada una, percibiendo el 80% de los honorarios totales; le sigue EY, con siete auditorías, y Deloitte, con seis. En total, auditar al Ibex ha repercutido en 275 millones de euros anuales.
El primer ataque al Estado: testaferros de las transferencias de beneficios corporativas
Puede que el vulgo haya sido inmunizado a base de ruido mediático ante estos procesos de conquista corporativa, pero eso no significa que las lógicas más salvajes del capitalismo hayan cambiado un ápice con los fondos europeos. Una investigación sobre la estructura subsidiaria de 27.000 empresas multinacionales revela que los clientes de KPMG, Deloitte, EY y PwC mostraban niveles sistemáticamente más altos en las agresivas estrategias de planificación fiscal que los clientes de firmas contables más pequeñas. De hecho los Paradise Papers filtraron documentos confidenciales que evidencian cómo Deloitte y PwC brindaron asesoramiento fiscal a Blackstone, mayor propietario de viviendas en alquiler en España, para minimizar distintos tipos de obligaciones tributarias en varios países. Esto es, las grandes consultoras facilitan evitar contribuir al fisco, reduciendo la capacidad de los Estados.
Tras las revelaciones, el Consejo de la Unión Europea instó a los planificadores fiscales a brindar más transparencia sobre sus actividades. Aunque corrieron la misma suerte que la iniciativa del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) de la Unión Europea, en primera instancia apoyada por España. Como muestran los distintos estudios, las ‘Big Four’ cargaron contra la medida desarrollando estrategias de reubicación y mitigación de impuestos, preparando evaluaciones de impacto negativo y asesorando sobre tácticas de cabildeo a las empresas que debían hacer todo lo posible para frenar las normativas.
De hecho, si las firmas de consultoría son capaces de vender estas prácticas a otros conglomerados empresariales ello es porque han aprendido tras décadas camuflando sus propias cuentas. Hace varios años, Tax Network estimaba que estos buitres operan desde cientos de ciudades en el mundo, incluidas más de 80 oficinas en paraísos fiscales extraterritoriales, que no imponen impuestos ni requieren que las empresas presenten informes financieros auditados. “A través de esta presencia casi global, las ‘Big Four’ se encuentran en una posición única para ocultar o disfrazar los flujos financieros y diseñar esquemas de elusión fiscal.”
Las firmas de consultoría contribuyen a expandir y reforzar las lógicas del sistema, asegurando que su lógica intrínseca (la transferencia privada de beneficios) se mantenga intacta. Al respecto, la evidencia recabada por un estudio indica que, a través de la venta de esquemas de exenciones fiscales para corporaciones y élites adineradas, las grandes consultoras han facilitado la distribución asimétrica de los ingresos y de la riqueza en detrimento de los trabajadores, restringido aún más la capacidad del Estado para inyectar dinero en la economía. De hecho, España pierde 3.700 millones al año por la evasión fiscal de ricos y multinacionales, según otro informe de Tax Justice Network.
Breve historia del Síndrome de Estocolmo de la burocracia española
El problema añadido es que los Estados recurren a las consultoras como si fueran víctimas de una suerte de síndrome de Estocolmo, un bucle neoliberal que se retroalimenta de la siguiente forma: las distintas administraciones, sin recursos para soportar burocracias fuertes capaces de organizar la distribución justa de los recursos debido a la evasión fiscal, quedan atrapadas en la cultura ‘Big Four’, auditando su propia escasez y comprometiéndose ideológicamente con la austeridad.
Como señalaba Daniela Gabor en una conferencia para el Instituto 25M, el punto de partida de cualquier acuerdo público-privado es precisamente ese: el Estado no tiene suficientes recursos públicos o espacio fiscal para llevar a cabo una inversión; por lo tanto, confía en el sector privado a través de acuerdos que desplacen hacia la infraestructura pública los riesgos, en lugar de sobre los espacios de acumulación de capital. De este modo, por mucho que los ciudadanos voten a gobiernos electos para invertir en infraestructura y erradicar las desigualdades sociales de manera keynesiana, empleando el sistema tributario para redistribuir la riqueza y permitir que más personas vivan una vida plena, esas aspiraciones están sujetas a los límites que impone la industria de la evasión fiscal. Por decirlo de algún modo, las ‘Big Four’ son una suerte de cuerpo sacerdotal corporativo que sirven al elevado fin del capitalismo, la rentabilidad, y velan por las condiciones para su cumplimiento.
Si bien esta historia pudiera parecer reciente, exclusiva a la gestión de los fondos ‘Next Generation’, una mirada atenta al papel y la expansión de la auditoría en España apunta a que esta se remonta, entre otras causas, a las distintas legislaciones aprobadas hace varias décadas. Antes de la Ley de Auditoría de 1988, la auditoría era legalmente requerida solo en un número limitado de situaciones, como establecía la 'Ley de Sociedades Anónimas' de 1951. Al mismo tiempo, la expansión económica que estaba teniendo lugar en ese momento, en buena debido al abrazo de las lógicas neoliberales, provocó el primer boom en la cultura de la auditoría. Como muestran los estudios históricos, a principios de la década de 1980 las principales firmas contables internacionales habían establecido oficinas en España, atraídas por las reformas sociales y económicas socialdemócratas. Las élites patrias justificaron estas soluciones neoliberales por la necesidad de lograr un mejor estatus en Europa, como si esta fuera una forma de llevar a España a la era moderna y alejarla de cualquier asociación con las naciones 'subdesarrolladas'.
Atrapados en la cultura política ‘Big Four’
De acuerdo a los distintos casos de estudio, desde sus inicios la cultura de la auditoría se ha focalizado en las empresas públicas de transporte debido precisamente a una ideología que impone más normas al gasto público que al privado. Según la base de datos recabada para la investigación La economía política del capitalismo digital en España, Renfe, el administrador de infraestructuras ferroviarias de propiedad estatal española dependiente del Ministerio de Fomento, ha contratado al menos 44 auditorías los servicios de las ‘Big Four’ desde 2012. Entre las licitaciones, que ascienden a 9.1 millones de euros, destacan la elaboración del plan de robotización y automatización de procesos del grupo (EY, 167.000 euros), la integración de los sistemas para la venta de billetes de tren (Deloitte, 1.6 millones), o servicios de auditoría de la sucursal de Renfe en Arabia Saudí (KPMG, 672.000 euros). Buena parte de los servicios que se le entregaban después al contribuyente, especialmente en lo relativo a desarrollo de software o de seguridad, han terminado siendo supervisados por las grandes consultoras del país. Mientras, nuestra inteligencia técnica debe emigrar para conseguir una vida digna.
En buena medida, la forma en que el poder de los contables corporativos y la lógica de las auditorías se naturaliza, o en su defecto se resiste, depende de la política local, entre otros factores (sindicatos, respuesta de la sociedad civil y mediática). No obstante, buena parte de los ayuntamientos españoles ha escogido la vía de gastar decenas de millones de euros en someterse a las ‘big four’, una cifra incalculable sin scrapear cada boletín provincial. No obstante, algunos casos resultan más curiosos que otros: un contrato de la era Alberto Ruiz-Gallardón para la ordenación, clasificación administrativa y digitalización de expedientes de solicitudes de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid (1 millón de euros, PwC); la auditoría de las cuentas de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 del Ayuntamiento de Barcelona, regentado en aquel entonces por Xabier Trías (1.4 millones, PwC); la asistencia técnica para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada del polémico proyecto de “Regeneración de Zorrotzaurre” impulsado por Juan María Aburto (171.000 euros, PwC); o el contrato que mejor expresa el bucle neoliberal, el asesoramiento para la optimización del gasto del Ayuntamiento de Zaragoza (hasta 2 millones de euros, PwC).
Como argumentan los sociólogos, si bien las habilidades técnicas burocráticas son esenciales para ingresar en la profesión de las firmas de auditoría, ascender a la cima de la jerarquía de la empresa requiere un conjunto de habilidades muy diferente, que combina el arte de vender, el conocimiento comercial, el liderazgo, el ‘coaching’ y las relaciones con los clientes. Hasta qué punto la política nacional ha adoptado dichas lógicas mercantiles podrá verse en un mercado podrá en que entre los cargos políticos que cruzaron la puerta giratoria hacia Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG aparece una lista de nombres como Juan Costa, Josep Piqué, Román Escolano, Juan Pablo Riesgo, Borja Sémper o Isabel García Tejerina. En total, más de 20 políticos han escogido a este sector privado en los últimos años. Por todo lo que revela sobre esta ‘praxis’ neoliberal, destaca el caso de Asier Atutxa, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, hijo del ex-consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa (PNV), quien se incorporó en el verano de 2018 a la firma PwC. Un año antes, esta firma ganó un contrato para la asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao en el periodo 2018-2022 (150.000 euros).
Durante los diez años que duraron las dos legislaturas de Mariano Rajoy, (2011-2018), los distintos Ministerios han delegado sus funciones al poker de consultoras ampliamente descritas en este artículo a través de docenas de licitaciones. Algunas resaltan, en buena medida debido a las tendencias que los teóricos críticos de la digitalización han apuntado: la alianza entre Silicon Valley y las cuatro grandes empresas de consultoría no tiene como objetivo la eliminación de las secciones más corruptas del sector público, sino la absorción de las que funcionan bien, o que pueden representar una verdadera revolución radical y democrática de las burocracias gracias al uso que permiten las tecnologías.
Por ejemplo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio contrató a PwC en 2010 para llevar a cabo las actividades del área de economía digital del Plan Avanza durante dos años (3.5 millones de euros). De este modo era absorbida la primera hoja de ruta en materia de administración electrónica” y la “estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa”. Al año siguiente, esta cartera subcontrató a PwC la gestión de los programas de “I+D”, “Formación”, “Ciudadanía Digital”, “Contenidos Digitales” y “Servicios Públicos Digitales” (1.6 millones). Un camino similar, el de subcontratar el centralismo de la Administración, al ya consolidado como Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien entregó el desarrollo de aplicaciones en este ámbito a Deloitte (254.000 euros). Como ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón también siguió esta senda a la hora de contratar a PwC para la planificación y formación de usuarios en las aplicaciones y herramientas informáticas de Justicia (965.000 euros). ¿Cuánto dinero para revolucionar las burocracias se ha desperdiciado?
El millar de contratos que aparecen en los boletines oficiales del Estado son algunos ejemplos de la delegación de funciones políticas a las ‘big four’, una vieja historia de privatización encubierta que le ha costado a las arcas públicas al menos 378 millones de euros en poco más de una década. El modus operandi de la burocracia en su época conservadora, donde se vivió un boom de licitaciones para llevar a cabo hasta el más mínimo servicio público, experimenta su segunda edad de oro en el mismo instante en que al gobierno más progresista de la historia le toca afrontar la crisis sanitaria de mayor gravedad del último siglo. La única diferencia es que ahora cuentan con fondos europeos de una cuantía nunca vista hasta el momento.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 12/03/2021.
