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Una cooperativa de Madrid demuestra que otra forma de vivir es posible (30/03/2021)

«Siempre he defendido que [la vivienda] es un derecho, pero no ignoro que es un bien de mercado también», aseguraba a finales de febrero el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos. Un mes después, un grupo de vecinos y vecinas de Madrid han querido demostrarle que existe otra forma de hacer las cosas. Y tiene nombre: Las Carolinas, el primer edificio de vivienda colaborativa en derecho de uso de la ciudad de Madrid, impulsado por la cooperativa Entrepatios.

Un modelo que entiende la vivienda como un bien de uso y no de mercado. No hay personas propietarias de las viviendas, sino usufructuarias. Lo explica Ane Varela Mateos, una de las vecinas de la cooperativa: «En Entrepatios, las vecinas pueden disfrutar de una vivienda durante un tiempo indefinido y participar en la toma de decisiones sobre su diseño y su posterior vida, pero sin llegar a adquirirla en propiedad. La propiedad es colectiva, de la cooperativa, no de cada una de las personas que habitan las casas».

En total, 53 personas, que van desde menores hasta mayores, disfrutan ya de este proyecto no tan utópico formado por 17 viviendas ubicadas en el barrio de Usera. La iniciativa se ha financiado mediante fondos procedentes de la denominada banca ética, en concreto, Fiare y Triodos Bank.

Compromiso con el clima

Este edificio se ha construido en un contexto de crisis económica y sanitaria, pero también teniendo presente otro gran problema: la crisis climática. Por eso, la infraestructura ha sido construida según el estándar Passivhaus, «un tipo de construcción que persigue que la demanda de energía sea la menor posible, de consumo casi nulo, evitando las pérdidas de calor y de frío mediante un alto grado de aislamiento y estanqueidad del edificio», detallan desde la cooperativa. Para minimizar su impacto en la construcción, se ha empleado madera, un material que captura CO2, renovable y certificado FSC.

Asimismo, las viviendas se han diseñado para que no tengan ninguna emisión de CO2 en el uso, ya que está 100% electrificado, genera 32 kW de energía fotovoltaica in situ y tiene un contrato con una comercializadora de energía 100 % renovable, la Sociedad Cooperativa eléctrica La Corriente. Cada familia paga de media 20 euros mensuales por toda la energía.

El edificio no emitirá dióxido de carbono en su uso salvo aquellas emisiones asociadas a las renovables, que son mínimas: no hay ningún elemento de combustión, ni en climatización ni en cocinas de gas. Por tanto, el impacto en términos de CO2 está en lo que se generó durante el proceso de construcción. «Desde la fase de diseño, calculamos y redujimos al máximo la huella de carbono del edificio, en este caso, con un impacto de 1.300 toneladas. Estas emisiones se han compensado con tres programas, uno de reforestación en Guadalajara, otro de energías renovables en Namibia y otro de biodiversidad en Kenia», narra Iñaki Alonso Echeverría, vecino de la cooperativa y arquitecto al frente de sAtt Triple Balance, el estudio de arquitectura que ha llevado a cabo el proyecto.

Compensar emisiones es una técnica mal entendida por empresas y gobiernos, que creen que pueden emitir cuanto deseen si luego compensan esas emisiones. Así lo ve Alonso Echeverría: «Compensar no supone barra libre para contaminar, al contrario, significa que nos responsabilizamos de las emisiones generadas por nuestra actividad. Sumado a lo anterior, logramos un edificio con certificado CO2nulo».

Entre los objetivos de la comunidad de vecinos también está reciclar el agua de la lluvia y reutilizar las aguas grises, con una estimación de ahorro de 750.000 litros cada año, detallan.

De lo personal a a lo común

La pandemia ha dejado patente la necesidad del apoyo mutuo en los momentos difíciles. Si bien cada persona mantiene la privacidad en su casa, se comparten servicios e infraestructuras, como las zonas comunes, un taller y una lavandería. Asimismo, todas las unidades familiares participan en un grupo de consumo que apoya la producción agroecológica y de proximidad.

También comparten los cuidados, como sucedió durante la histórica nevada ocasionada por Filomena: «Las familias se organizaron para cuidar de las niñas y niños que no tuvieron cole durante esos días. También hemos atendido las necesidades de las personas que han tenido que guardar cuarentenas por la pandemia de COVID”, cuenta Natividad García Padilla, vecina de Las Carolinas.

Desde el diseño y la distribución de los espacios a las decisiones de convivencia que se toman en la actualidad, los vecinos y vecinas participan de forma asamblearia en todos los procesos de toma de decisiones.

De la excepción a la norma

Este proyecto, que nació en 2011, no será una anécdota. Entrepatios cuenta en Madrid con otras tres promociones: una en Vallecas, que se encuentra en el proceso de construcción del edificio, así como La Tercera y La Manzana, a la búsqueda de solar.

A nivel estatal, existe una red de vivienda en cesión de uso con más de 40 iniciativas. En total, según Entrepatios, apenas hay 200 viviendas integradas en cooperativas en cesión de uso, lo que refleja que se trata de un modelo aún desconocido en España. No así en otros países como Dinamarca, Uruguay y Canadá. En este último, en la ciudad de Québec, existen 30.000 viviendas asequibles repartidas en 1.300 cooperativas. Y en Uruguay, otras 30.000 que representan el 2,58% de toda la vivienda del país, explican desde la cooperativa.

La cooperativa, que pertenece al grupo de vivienda colaborativa en cesión de uso de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), ya ha demostrado que otro modelo es posible. Ahora piden a las administraciones públicas el apoyo para replicarlo en otras zonas. Por ejemplo, con la generación de derechos de superficie sobre suelo público (como está sucediendo ya en ciudades como Barcelona, cuentan), medidas económicas y fiscalidad verde.

“Además de la cesión de uso, apoyamos medidas como una Ley de Vivienda que garantice el acceso a la vivienda digna, asequible y accesible, que se paren los desahucios de personas vulnerables, se promuevan alquileres sociales o se regule su precio», recalca Ane Varela, vecina de Entrepatios.

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