La conversión de interinos en fijos genera numerosas dudas que pueden provocar "un largo proceso judicial" (14/11/2021).
Los sindicatos y algunas comunidades exigen al Gobierno que el mecanismo para que los trabajadores temporales que lleven cinco años en una plaza puedan ser fijos sin oposición se "aclare" con la mayor "seguridad jurídica".
A última hora de este jueves saltaba la noticia. El Gobierno lograba un acuerdo con el PNV y ERC con el que intentar zanjar una de las reformas que más ha costado en el último medio año, la que afecta a los trabajadores públicos temporales. Sobre la mesa, una vía para lograr que los interinos pasen a fijos si llevan más de cinco años en la administración mediante un concurso que sustituya a la oposición. Sin embargo, la tan ansiada reforma ha despertado la cautela entre los sindicatos, que prefieren esperar a que concluya el trámite parlamentario para valorarla, advirtiendo de que si no se regula bien, puede acabar en un "largo proceso judicial". También las comunidades autónomas, algunas de ellas dirigidas por el PSOE, han mostrado su escepticismo por la "letra pequeña".
La justicia europea leyó la cartilla a España antes del verano por el abuso de temporalidad en el sector público y la falta de herramientas para reducirla, lo que motivó la necesidad de reformar el estatuto del empleado público y dar una solución a un problema que afecta a casi un tercio de los trabajadores de la administración. El Gobierno acordó con los sindicatos la reforma, que se aprobó como un Real Decreto-Ley. Sin embargo, para lograr su convalidación en el Congreso, el Ejecutivo tuvo que sudar los votos a cambio de algunas concesiones y tramitar esta norma como proyecto de ley. Es en esta tramitación parlamentaria en la que los dos partidos de la coalición y los nacionalistas vascos y catalanes han acordado el articulado de esta reforma, a falta de su aprobación definitiva en las Cortes, han incluido la gran novedad de reducir de diez años a cinco el mecanismo para consolidar como fijos plazas ocupadas por personal temporal.
El mecanismo es el que sigue. Todas aquellas plazas en la función pública que hayan estado ocupadas por personal temporal desde antes del 1 de enero de 2016 se podrán convertir en fijas sin necesidad de convocar una oposición. Se hará mediante un concurso de méritos abierto en el que estos empleados podrán acceder a la plaza fija. Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública explican que también afecta a aquellas plazas que han estado cubiertas por trabajadores que lleven siendo temporales desde antes de esa fecha, aunque en el puesto lleven menos tiempo. De este modo, se pretende que el colectivo de empleados que se vea afectado incluya a los que llevan desde antes de 2016 en el mismo puesto de manera temporal, pero también a los que llevan desde antes de aquel año ocupando distintos puestos en la administración sin obtener la plaza fija. Inicialmente el Ministerio había asumido incluir un plazo de 10 años, pero para lograr un acuerdo con los socios se ha reducido a la mitad.
El articulado pactado por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV se encuentra todavía en el trámite parlamentario, por lo que no ha sido aprobada su redacción final. No obstante, el número de diputados que suman las cuatro formaciones garantizaría su aprobación.
Se trata de un procedimiento algo sensible, puesto que en todo momento deben ser procesos abiertos para cumplir con las reglas constitucionales que tiene el acceso a puestos públicos. Es por ello que desde los sindicatos se ha recibido con cautela, tal y como confirman las tres principales centrales en materia de función pública, CCOO, UGT y CSIF, que se encuentran analizando cómo se puede aplicar y qué repercusiones tendrá para el importante colectivo de empleados que se vería afectado por la reforma. Las incertidumbres que todavía existen sobre este mecanismo hacen que sea difícil cuantificar cuántos trabajadores públicos podrían verse finalmente beneficiados.
Mientras que UGT ha apuntado este viernes que se encuentra estudiando la información antes de valorarla, desde CCOO y CSIF han coincidido en solicitar que este trámite se haga con "celeridad" pero que se garantice la "seguridad jurídica". "La respuesta definitiva no puede generar una mayor incertidumbre o una nueva discriminación y además debe contar con seguridad jurídica", ha señalado CCOO en un comunicado. "Seremos respetuosos con los cambios que se puedan introducir [al acuerdo que firmaron Gobierno y sindicatos] siempre y cuando sirvan para dar una solución definitiva y que no acabe en un largo proceso judicial". Su secretario general, Unai Sordo, ha asegurado que el objetivo es una reducción "drástica" de la interinidad, pero que esto debe hacerse con "todas las garantías jurídicas y no puede pecar de voluntarismo". "A veces se pueden querer hacer cosas que legalmente no se pueden hacer, espero que este acuerdo no tenga, en este sentido, ninguna pega, no tengo pistas para decir lo contrario", ha enfatizado.
En unos términos muy parecidos ha advertido CSIF. "Es necesario aclarar los criterios para determinar que las plazas que hayan estado cubiertas durante más de cinco años se cubran por el sistema de concurso", han señalado desde el sindicato. "Deben aclarar también si esta enmienda afecta a todas las plazas, o solo a aquellas que no han salido a oferta de empleo público", han añadido, enfatizando que hay que evitar que "lejos de lograr el objetivo de acabar con la temporalidad, se genere mayor incertidumbre a los opositores".
Dudas entre las comunidades
Algunas comunidades también han mostrado ciertos reparos a esta reforma. Una de ellas ha sido Baleares, gobernada por el PSOE. La presidenta, Francina Armengol, quien ha asegurado que respetará el acuerdo, ha planteado que "para poder posicionarse hace falta hablar bien con el Ministerio, saber cuáles son las condiciones en las que se plantea el acuerdo y cuál es el acuerdo con la letra pequeña". También en Cantabria, donde el PSOE es socio de Gobierno del PRC, se han planteado dudas con cómo se aplica el acuerdo. "Cantabria necesita tener esa reunión [con el Ejecutivo] y saber cuál es la seguridad jurídica que va a tener este nuevo proceso si llega a aprobarse", ha asegurado la consejera de Presidencia, Paula Fernández.
De entre las comunidades presididas por el PP, destaca la Xunta de Galicia, que en declaraciones a Europa Press señala que el acuerdo conocido este jueves "abre mayores espacios de inseguridad jurídica". En Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, apuntó que una medida similar intentó la Junta con los médicos y fue paralizada por el Tribunal Constitucional. Javier Fernández Lasquetty, consejero de Economía y Hacienda de Madrid, apuntó que el acuerdo es una "concesión demagógica" y que "no es susceptible de ser viable".
Lo que sí muestra el articulado acordado por las cuatro formaciones políticas es que esta consolidación de plazas para convertirlas en fijas es una medida "excepcional" y que se realizará "por una sola vez".
La experiencia será el 40% de la nota
Esta medida no es la única que se ha incluido en esta norma que fue primero acordada entre el Gobierno y los sindicatos y luego aprobada por el Consejo de Ministros en un Real Decreto-Ley a comienzos de julio, justo antes de que Función Pública pasara del Ministerio de Política Territorial –entonces en manos de Miquel Iceta– al de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero. Estas modificaciones están encaminadas a reducir la temporalidad del sector público, un problema enquistado en España, donde trabajadores de las distintas administraciones encadenan situaciones de precariedad desde hace años.
La norma trae consigo una modificación del proceso de concurso-oposición y por primera vez en las ofertas de empleo público se valorará la experiencia adquirida en el puesto, lo que beneficiará a aquellos trabajadores públicos que hayan estado ocupando de manera interina una plaza. Supondrá el 40% del cómputo global, según figura en el articulado de la norma acordado por las cuatro formaciones políticas. El anterior responsable de Función Pública, Iceta, aseguró tras el acuerdo con los sindicatos que "todo ciudadano español tiene derecho a presentarse a pruebas de acceso a la Administración. Ese derecho no se le puede vedar a nadie, pero hemos encontrado una solución de justicia que pondera lo que han hecho unas personas durante tanto tiempo. No se cometerá ninguna injusticia con ninguno". Es un punto importante, puesto que estos procedimientos deben cumplir con los principios constitucionales de acceso a los empleos públicos, para evitar que la norma pudiera acabar siendo recurrida ante la justicia.
La batería de medidas para mejorar la situación del personal interino incluye también cambios en el acceso a la bolsa de empleo de la administración. Si un trabajador interino no logra pasar las convocatorias de estabilización que se abrirán para consolidar los puestos como fijos, podrá ser igualmente incluido en las bolsas, siempre y cuando hayan obtenido "la puntuación que la convocatoria considere suficiente".
Los interinos solo podrán permanecer en una plaza vacante durante un máximo de tres años. De este modo, se convierte en norma la jurisprudencia que marcó el Tribunal Supremo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Transcurrido este tiempo desde el nombramiento del personal funcionario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad", apunta la redacción de la ley. Es decir, si esa plaza lleva tres años sin ser ocupada por un funcionario de carrera, se tendrá que abrir el proceso selectivo. Eso sí, el trabajador interino podrá permanecer en el cargo mientras que se realiza este procedimiento y hasta que se resuelva la convocatoria.
Si se incumplen estos plazos y el trabajador temporal se mantiene más de tres años en un puesto, cuando se acabe la relación laboral con la administración tendrá derecho a una indemnización. Este importe será, según figura en la norma pendiente de su aprobación definitiva en el Congreso, de veinte días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. "No habrá derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria", aclara el artículo de la ley.
El sector público tiene una tasa de temporalidad que supera el 28%, más alta que en el sector privado (25%), y hay muchos casos de personas que han ocupado puestos temporales durante años. El Gobierno cifra unas 300.000 plazas públicas ocupadas por interinos que en realidad son estructurales, aunque colectivos de interinos consideran que hay muchas más personas como temporales en la Administración de manera irregular. Con este acuerdo, estas plazas deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 "como fecha límite improrrogable" y la tasa de temporalidad de la Administración Pública se debería situar en el 8%.
Enlace relacionado ElDiario.es 12/11/2021.
