La invasión de las terrazas más allá del covid (08/12/2021).
Ayuntamientos de toda España deciden ampliar los permisos para extender las terrazas de bares y restaurantes, mientras las comunidades vuelven a los aforos prepandémicos y vecinos y vecinas reclaman el derecho a tener espacios comunes accesibles.
Si un padre camina por la Plaza de la Fuente Honda de Leganés (Madrid) con un carrito de bebé, es imposible que no invada el espacio de los comensales, camareros, sillas, mesas, veladores y servilleteros que se desparraman por el espacio. O más bien al revés, es imposible que el conjunto de piezas que componen las terrazas de los bares no invadan el camino del transeúnte con su hijo.
Esta plaza, que, como todas las del municipio y según la ordenanza vigente de 2013, debiera dedicar como máximo un 30% de su espacio a las zonas de terraza, hoy se viste con un 70% de terreno dedicado a las cañas y tapas. El tiempo, la manga ancha y las medidas covid han favorecido que hoy ya no ejerza como espacio público, sino como territorio para hacer caja.
Con la vuelta a la desescalada y la expansión de las terrazas como medida anticovid, el Ayuntamiento de esta ciudad, gobernado por el PSOE, decreto tras decreto y sin pasar por el pleno, ha ido ampliando el espacio de los bares en la zona. El último, firmado el pasado 19 de noviembre, asegura que, para este invierno 2021-2022, “debido a que continúa la transmisión del virus covid-19” y sigue existiendo “dificultad para desarrollar la actividad en el interior de los locales” por la “desconfianza” de los ciudadanos, aprueba una ampliación de las terrazas autorizadas así como nuevos elementos asociados que no están en la ordenanza, tales como cortavientos, mamparas, celosías, lonas o calefacciones (estufas de gas y eléctricas). E incluye un nuevo tope: mayo de 2022 cuando, asegura, no habrá prórroga por causa alguna.
“Y todo por decreto, como si siguiéramos en el estado de alarma”, se queja Fidel Gozalo, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Leganés, quien insiste en que estas medidas no se han consensuado con los otros grupos municipales “ni mucho menos con los vecinos y vecinas”. “Ahora mismo todo el espacio público no está diseñado para el ciudadano. No mantienen los espacios para que podamos caminar por la acera”, se queja.
Leganés es solo un minúsculo escenario de un gran territorio, España, que se debate entre las medidas de seguridad, las ganancias de los hosteleros y la pérdida de espacios comunales. La ley estatal que regula las distancias de seguridad, la 2/2021 del 29 de marzo, obliga a mantener una distancia de 1,5 metros entre clientes. Pero la mayoría de comunidades autónomas han vuelto a la normalidad en los aforos en el interior de los locales. Son los Ayuntamientos quienes mediante ordenanzas o decretos los que, en su mayoría, están optando por no coartar la actividad y facilitar el crecimiento de las terrazas. Pero pocos se sientan a negociar con las vecinas que habitan esos barrios.
Las zonas tensionadas de Madrid
Plaza de Olavide, Chamberí. Uno de los pocos lugares comunes existentes en este barrio de hormigón y elegante ladrillo. Un hombre intenta cruzar con su silla de ruedas de lado a lado del lugar pero no encuentra la anchura libre de paso de 1,8 metros a la que obliga la normativa estatal. Al fondo, vecinos y vecinas realizan una cacerolada para denunciar la situación, y ya es la sexta.
En junio de 2020, el Ayuntamiento de Madrid, como bomba de oxígeno al sector hostelero, permitió ampliar la superficie de las terrazas e instalarlas sobre la calzada, aparcamientos, aceras, esquinas o zonas terrizas. También decidió bonificar al 100% las tasas que pagan estos negocios. Desde esa fecha se han concedido 2.898 licencias para nuevas terrazas o para ampliación de las mismas, según los datos oficiales y se han suprimido 1.500 aparcamientos. Hoy en Madrid hay más de 6.800 terrazas. Los barrios más afectados: Salamanca, con 447 plazas de aparcamiento menos y Chamberí, con 507, donde la oposición vecinal es fuerte.
“En Chamberí no tenemos calles peatonales, solo tenemos plazas que ya no existen. Aquí en Olavide han relegado a los niños a un pequeño espacio de juego. Esta plaza iba a ser el centro cívico del distrito y se ha convertido en un bar. Nos han ocupado cientos de plazas de aparcamientos y, además, los pocos espacios de socialización nos los han petado de terrazas. Nos los han destrozado”, se queja Pilar Rodríguez, presidenta de la asociación vecinal El Organillo. Un perjuicio también para el comercio minorista, ya que la pérdida de accesibilidad en las calles también compromete la accesibilidad a sus locales.
En el Consistorio se cocina una nueva ordenanza que llega rodeada de incógnitas. El nuevo proyecto que ya ha aprobado la Junta de Gobierno y que presentaba la vicealcaldesa, Begoña Villacís, pone fin a las ampliaciones a 31 de diciembre de 2021. Pero todo, entrecomillas, tal y como advierten las asociaciones vecinales. La ordenanza indica que las que están situadas en las aceras volverán a su tamaño y situación anterior a la pandemia pero las situadas en las bandas de aparcamiento permanecerán hasta 2024 si no se encuentran en una Zona Ambientalmente Protegida (ZAP), en Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) o en “zonas tensionadas”. Pero ¿qué es una zona tensionada?
“Hay una gran indefinición. Las dos primeras zonas sabemos lo que son, la otra no”, denuncia Rodríguez. “A estas alturas no tenemos ni idea de las que quitan y las que no quitan. Porque, si hablamos de zonas tensionadas, se tendrían que quitar todas”, insiste. “Todas las asociaciones vecinales de Madrid queremos que la situación vuelva a como estaba en mayo de 2020 y a partir de ahí empezamos a hablar sobre una nueva ordenanza”, concluye.
Alacant vs València: Dos modelos
En el centro de la ciudad de Alacant (País Valencià) han desaparecido las zonas peatonales y muchos de los aparcamientos. José Vicent, secretario de la asociación de vecinos Centro Tradicional, calcula que se han esfumado más de cien y advierte de que las zonas peatonales se han transformado en grandes terrazas contiguas y una persona invidente tiene muy difícil atravesar las principales calles, como la calle San Ildefonso. “La gente del Ayuntamiento no ha leído el diccionario, no saben lo que es una calle peatonal. Son todo terrazas donde el peatón no puede pasar”, se queja.
El centro de esta ciudad, de clima agradable, cercano al puerto y laureada como destino turístico, pierde habitantes a marchas forzadas. Las asociaciones vecinales se quejan de que ya no es un lugar para vivir. El Ayuntamiento, gobernado por el popular Luis Barcala, ha impulsado hasta siete decretos de ampliaciones de terrazas en época covid. El último pone el tope a estas ampliaciones el 16 de enero de 2022. Pero el problema de este centro viene de antes, mucho antes.
Y no parece que la crisis del covid haya hecho mella en el sector de la restauración, aunque sea la excusa para ampliar espacios, según expresa el movimiento vecinal. “Aquí la crisis hostelera no se ha notado, al contrario, han surgido más bares. Solo tenemos terrazas, edificios vacacionales y discotecas”, sentencia Vicent, quien asegura que desde la alcaldía se niegan a reunirse con los vecinos. “Ellos tienen ya una ruta marcada”, se queja.
Si Alacant mantendrá la ampliación de terrazas hasta 2022, en la misma comunidad, la ciudad de València se ha convertido en un ejemplo de todo lo contrario, cortando esta actividad el pasado 13 de octubre. De este modo, 670 establecimientos plegaron su exceso de sillas y mesas, y las calles volvieron a su ser prepandémico. Una excepción, tanto entre las principales ciudades españolas como dentro de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta que sus grandes urbes han prolongado la ampliación de la superficie de las terrazas, como es el caso de Alacant, Castelló, Elx, Torrent o Paterna. Así lo denuncia la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, que no está muy conforme con la decisión.
Desde el Consistorio, gobernado por Compromís y PSOE, mantienen que llegaron a un acuerdo “histórico” entre dos partes que suelen estar enfrentadas. “Cuando se acabó el confinamiento, se montó una mesa donde estaban representadas las asociaciones de vecinos, hosteleros y ayuntamiento. Se entendió que llevaban unos meses cerrados y con pérdidas, que lo habían pasado mal. Se acordó que, por unos meses, mientras hubiera restricciones, se iba a permitir que, para compensar, se ampliarían las terrazas o bien aumentando el espacio o bien ocupando parte de la calzada. Además, se concedieron terrazas a bares que no tenían el permiso y se tramitaron un montón de licencias”, explica Daniel Ortega, responsable de prensa de la Concejalía de Espacio Público.
La clave, señala Ortega, es que las negociaciones se sellaron con la condición de que acabaran con el fin de las restricciones. Y eso sucedió el 9 de octubre, cuando la Generalitat Valenciana decretaba la vuelta a la normalidad. “Con todo eso se decide convocar una nueva reunión con vecinos y hosteleros, y trasladarles que se acababa el permiso extraordinario”, explica.
Bilbao, el tapón en el barrio de Abando
Marisa Fernández es vecina del barrio de Abando de Bilbao. Es miembro de la asociación de vecinas Uribitarte Anaitasuna, y asegura que la situación ya es insostenible. “La calle Pozas se llega a taponar y los vecinos tienen que pedir auxilio a la policía para entrar en su portal”, asegura . En 2020, el Consistorio, liderado por Juan María Aburto (PNV), acordaba la ampliación sine die de espacios de bares y restaurantes en la calle. Hoy la Federación de Asociaciones Vecinales (FAVB) pide el fin de esta concesión extraordinaria porque considera que han desaparecido las medidas que lo justificaban.
“Las terrazas casi se han duplicado, había 1.180 antes de la pandemia y se han concedido 800 nuevas licencias o ampliaciones. La mayor parte se ha concentrado en Abando”, asegura Fernández. Esta vecina añade, además, una diferencia con otras ciudades. “Aquí la gente puede sacar las consumiciones que compra en el bar a la calle. Esto, sumado a las terrazas, da una concentración muy importante de personas. Se producen taponamientos y mucho ruido. Se superan los 55 dB por la noche —el umbral permitido—. Difícil vivir así”, añade.
Para Fernández, se habla mucho de las pérdidas económicas que sufren los hosteleros pero “nunca” de las que sufren las familias que viven en esas calles, por la devaluación del precio de sus viviendas. “En Abando hay vecinos que por razones de salud quieren vender su piso e irse a otro sitio, pero ni bajando mucho el precio lo consiguen porque nadie quiere desarrollar su proyecto de vida en una calle así”. “Y más —destaca— las personas con movilidad reducida que lo tienen imposible para pasar por las calles”.
Ciudades sin obstáculos
“La proliferación de terrazas nos ha dificultado nuestros desplazamientos de forma autónoma y continua. En general, las terrazas de hostelería presentan dificultades de accesibilidad impidiendo el acceso o el tránsito peatonal en las zonas aledañas”. Son palabras de Jorge Donaire, responsable del área de Accesibilidad y Vida Independiente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), quien especifica aún más las barreras que generan estos elementos.
Donaire hace referencia a las aglomeraciones de personas en espera que invaden el paso o la ubicación de mesas auxiliares y mobiliario junto a las paredes de los negocios, un perjuicio para las personas con discapacidad visual, pues rompen la continuidad de la línea de fachada. También entorpecen el tránsito las vallas que se colocan en las terrazas para delimitarlas. Y no solo hay obstáculos para transitar, sino también para utilizarlas. Eso sucede cuando se instalan tarimas y entablados que generan un desnivel y, “si no tienen una rampa, se impide que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en la elección y el acceso a los espacios de ocio”. Situación similar que se presenta con la proliferación de mesas altas, que “impiden el uso de las personas usuarias de sillas de ruedas”.
Desde COCEMFE han implementado una nueva categoría en su aplicación AccesibilidApp para reportar todas estas incidencias. Donaire pide, “como mínimo”, seguir los criterios de accesibilidad universal. Y hace referencia a la normativa estatal: la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, en la que se establecen criterios mínimos para el diseño de itinerarios accesibles. Itinerarios que deben transcurrir siempre colindantes a la línea de fachada, con una anchura libre de paso no inferior a 1,8 metros y sin escalones aislados ni resaltes. Estos itinerarios no pueden ser “invadidos ni alterados por ninguna actividad comercial”, según se apunta en esta norma.
Itinerarios que son invadidos en la leganense plaza de la Fuente Honda. El lugar, que debe su nombre a una fuente situada bajo el nivel de la plaza que surtía de agua a las viviendas de alrededor en el siglo XVII, ha visto a lo largo de la historia cómo los vecinos y vecinas organizaban desde mercados de verduras hasta fiestas locales. Hoy no hay espacio para lo comunal, sino para la individualidad de una caña al sol con un pincho.
“Hay que pensar qué tipo de ciudades queremos, estamos regalando espacios públicos para los hosteleros”, explica Fidel Gozalo mientras un padre con un carro zigzaguea entre mesas y regatea a un camarero en un complicado paseo.
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