La pandemia y el aumento del precio de la luz multiplican la pobreza energética (07/02/2022).
La crisis energética amenaza con quedarse y las medidas temporales del gobierno caducan en los próximos dos meses. Mientras, millones de personas han entrado en los últimos dos años en las estadísticas de pobreza energética.
La subida del precio de la electricidad debía ser temporal y durar como mucho hasta marzo de este año. Al menos ese fue el escenario que presentó el Gobierno de coalición al diseñar y anunciar la batería de medidas para hacer frente al mayor aumento del precio de la factura de la luz del que se tiene registro.
Cuando falta menos de un mes para llegar a esa fecha y caducan la mayoría de las medidas del escudo social, como la prohibición de cortes de suministros para familias vulnerables o la ampliación del bono social eléctrico, la crisis energética está lejos de ver el final. El gas sigue disparado, un 93% más caro que hace un año, con las incertidumbres del conflicto con Rusia de fondo. El petróleo ya roza los 90 dólares el barril, un 60% más que hace un año y amenaza con convertir la crisis energética en una crisis económica global.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había prometido que los consumidores pagarían en sus facturas de 2021, como mucho, lo que pagaron en 2018. Vencido el plazo y descafeinadas buena parte de las medidas propuestas para conseguirlo, el recibo medio de la luz aumentó en 2021 un 15% con respecto al último año de Mariano Rajoy, según la OCU. La asociación de consumidores Facua calcula que en 2021 los hogares pagaron 190 euros más que en 2018, lo que representa un incumplimiento del 20,5%. Y el nuevo año ha comenzado con datos aún peores: enero se ha convertido en el mes más caro de la historia para los consumidores, que pagaron de media 133 euros en su factura de la luz, según Facua, organización que ha solicitado la intervención urgente de la tarifa semirregulada, algo que, según sostienen, permite la legislación europea.
El incremento espectacular del precio de la energía en la segunda mitad de 2021 no podía llegar en peor momento: la crisis social producida por la pandemia ha empeorado muchos de los indicadores que miden la pobreza energética. En 2020, cerca de 1,6 millones de personas pasaron a engrosar la estadística de quienes no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, según el Instituto Nacional de Estadística. Antes de la llegada de la crisis energética, 5,1 millones de personas estaban en esa situación. La cifra de personas que se benefician del Bono Social, apenas 1,2 millones, revela la desprotección de millones de hogares que no pueden hacer frente al pago de la factura eléctrica o tienen que destinar a esta partida un porcentaje desproporcionado de sus ingresos, descuidando otros aspectos clave en la salud y el bienestar de las familias. Si en 2019 el 7,6% de la población no podía mantener su vivienda caliente en invierno y templada en verano, esa cifra había subido al 10,9% en el primer año de la pandemia.
Midiendo la pobreza energética
Este indicador de temperatura inadecuada está basado en percepciones y por lo tanto es “subjetivo”, explica a El Salto Efraim Centeno Hernáez, director de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas. Otro indicador subjetivo, el que recoge las personas que declaran no haber podido pagar los recibos en tiempo, también ha crecido sensiblemente con la pandemia. Si en 2019 el indicador de retrasos en pagos se situaba en el 6,6%, en 2020 había trepado tres puntos hasta llegar al 9,6%. Según el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2020, realizado por esta Cátedra, las razones de estos “incrementos notables” hay que buscarlas en las miles de familias que han tenido que pasar el confinamiento “en viviendas muy ineficientes” en el primer caso, y al aumento del consumo eléctrico en los meses de enclaustramiento y teletrabajo en el segundo caso. “La obligatoriedad de permanecer en nuestros hogares nos ha abierto los ojos a la precariedad e ineficiencia de muchísimos de ellos”, dice Centeno Hernáez.
Los indicadores basados en datos objetivos arrojan resultados menos rotundos. El indicador que recoge el porcentaje de la población que ha realizado un gasto energético inferior a la mitad dela media nacional ha mejorado unas décimas en 2020, de 11,5% a 11,2%. De la misma forma, las familias que realizan un “gasto desproporcionado” con respecto a la media nacional aumentó un punto el año pasado, del 15,2% al 16,1%, “un aumento contenido pero nada despreciable asociado al incremento de gasto en el confinamiento”.
Entre las diferentes lecturas que se pueden hacer de estos datos, el director de la Cátedra de Energía y Pobreza señala el alcance limitado de las medidas del Gobierno y los peligros de afrontar un problema estructural con medidas coyunturales: “El escudo social pudo funcionar en el corto plazo, pero las deudas se están acumulando. Es muy urgente atender a esta realidad para evitar que esta situación de deuda se cronifique y termine conllevando antes o después el corte de suministro”.
Para Centeno Hernáez, la moratoria de los cortes de suministros ha permitido “cierto respiro” y el escudo social “ha impedido que los daños fueran aún mayores, pero no soluciona el problema en el largo plazo”. Según sostiene, habrá que prestar mucha atención a la evolución de estos indicadores en los próximos dos años “para ver cómo está evolucionando la deuda energética de las familias vulnerables en nuestro país” y para que “la situación de impagos no se enquiste”.
Y llegó la crisis energética
Aunque todavía no se dispone de datos oficiales y los últimos indicadores sobre pobreza energética son de 2020, Centeno Hernáez cree que “cabe esperar que la situación se agrave a pesar de las medidas del Gobierno para reducir la factura”. Entre las principales medidas, el investigador señala la reducción temporal del IVA del 21% al 10%, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, el mínimo legal, y la supresión, también temporal, del impuesto del 7% a la generación eléctrica. También la reforma temporal del Bono Social, apunta, ha ayudado a mitigar el impacto de la crisis energética en las familias. En diciembre de 2021, el Gobierno aumentó los descuentos en el recibo de la luz para los hogares con menos recursos, pasando del 25% al 60% para los consumidores vulnerables y del 40% al 70% en el caso de los vulnerables severos. Se trata de otra medida temporal, que finaliza el 30 de abril.
Un estudio preliminar realizado por investigadores de esta Cátedra estima que “teniendo en cuenta las medidas de mitigación”, el gasto en energía térmica de los hogares españoles aumentará en 2021 una media de un 10% con respecto a 2019, “con el consiguiente impacto en la pobreza energética”.
Para María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), las medidas del Gobierno han conseguido atenuar muchas de las peores consecuencias de la crisis energética, en especial los cortes de suministro, pero las ayudas y el escudo social están dejando a miles de familias fuera. “Desde este verano, cada día se habla del precio de la luz y las familias tienen mucho miedo de no poder pagar esas facturas. La situación está generando mucha angustia en las familias y muchas dejan de lado otras necesidades básicas antes de dejar de pagar los recibos y eso tiene impactos graves en la salud”, dice.
La moratoria de cortes de suministros, vigente hasta el 28 de febrero, ha reducido al mínimo estas situaciones, las más visibles de la pobreza energética, y debería volver a prorrogarse, sostiene, “mientras no se implemente una solución estructural”. Pero la pobreza energética va mucho más allá de los cortes de suministro: “Los cortes son la situación más extrema, pero existe mucha gente que no queda cubierta por esta ni por ninguna de las medidas que existen actualmente. No son pocas las familias que están pagando estas facturas a costa de dejar de cubrir otra serie de necesidades básicas como alimentarse adecuadamente”.
De la misma forma, la ampliación del bono social “ha amortiguado en cierta manera” la escalada del precio de la electricidad en los hogares más vulnerables. Pero, este bono social “se queda muy corto y no llega a mucha gente que lo necesita”, señala Campuzano. Para empezar, las 17 millones de personas que están en el mercado libre no pueden acceder a él. Con el crecimiento del precio de la luz, las empresas del mercado libre han lanzado ofertas con precios garantizados a uno o dos años, señalan desde Facua, sin informar que con esta elección los hogares quedarían fuera de prácticamente todas las ayudas sociales.
Además, según Campuzano, los límites de renta para poder acceder al Bono Social “son muy bajos” y dejan fuera a una mayoría de familias que sufren algunas de las caras de la pobreza energética. Una unidad familiar que no tenga ningún menor a su cargo debería ingresar en su conjunto menos de 1.000 euros para poder beneficiarse de estos descuentos del bono social eléctrico.
El otro gran problema del bono social es compartido con muchas medidas de la política social del Gobierno, un “exceso de burocracia” que deja fuera muchísimas familias. Hace años, cuenta Campuzano, se habla de que el bono social sea automático, sin necesidad de pedirlo. “Para eso solo habría que cruzar los datos”, sostiene esta activista.
Una de las principales reivindicaciones del movimiento contra la pobreza energética, la inclusión de la garantía de suministros para familias vulnerables en la ley de vivienda, fue completamente desatendida por el Gobierno de coalición. De hecho, en la ley de vivienda que fue aprobada por segunda vez por el Consejo de Ministros y entra en periodo de enmiendas no “aparece absolutamente nada de pobreza energética”. Para Campuzano esto es un error, ya que “no se puede considerar una vivienda digna sin tener los suministros garantizados, una vivienda digna no es solo tener cuatro paredes”.
Más allá de la medidas coyunturales que finalizarán en los próximos dos meses, Campuzano habla de la necesidad de reformas estructurales, sobre todo de la incorporación del principio de precaución, que impide a las empresas el corte de suministros hasta contar con un informe de Servicios Sociales y la ampliación de la definición de persona vulnerable. Esta portavoz de la APE también defiende la necesidad de una tarifa social progresiva “en función de los ingresos de la familia”.
Para Centeno Hernáez, el principal problema de las medidas tomadas por el Gobierno es que son “medidas paliativas” y coyunturales, “que se han revelado como relativamente eficaces a la hora de atender el problema de la pobreza energética a corto plazo”, aunque hay muchos aspectos mejorables. Entre ellos, la simplificación de los trámites burocráticos del Bono Social, la “comunicación adecuada” para que todos los potenciales beneficiarios sean conscientes de que puede acceder a él, o el aumento de la asignación presupuestaria. Frente a las medidas temporales, este investigador señala la necesidad de afrontar reformas estructurales, empezando por la eficiencia energética y la rehabilitación de las viviendas, dado que “una de las principales causas de la pobreza energética en nuestro país es la mala eficiencia energética de los hogares”.
Enlace relacionado ElsaltoDiario.com 03/02/2022.
