El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos (YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL) (12/12/2022)
El pasado 29 de noviembre de 2022 desde YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL hicieron público un Informe sobre El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas. Desgraciadamente el hecho de que casi todas Comunidades Autónomas estén cobrando a los migrantes por la atención sanitaria (Cadena SER y El Salto Diario) no ha tenido la repercusión mediática que debería tener, por lo menos así lo creemos en el SAS-Sindicato Asambleario de Sanidad.
Por eso queremos difundir con todos medios a nuestra disposición ese informe, ya que compartimos las opiniones de los compañerxs de YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL.
A continuación a transcribir el resumen ejecutivo el informe:
El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos. Informe acerca de la trasposición y aplicación del RDL 7/2018 a nivel autonómico entre 2018 y 2022. Noviembre de 2022.
CONTEXTO LEGAL
En España, desde la creación del Sistema Nacional de Salud en 1986, las diferentes legislaciones fueron ampliando el acceso a la atención sanitaria pública a toda la población.
El Real Decreto-Ley 16/2012 introdujo un cambio profundo en la configuración del sistema sanitario y su cobertura poblacional, limitando el acceso de personas extranjeras.
En 2018, el Real Decreto-Ley 7/2018 proclamó la restitución de la universalidad pero no recuperó la lógica previa a 2012, y aunque mejoró la situación de algunas personas sin permiso de residencia, cuenta con carencias importantes que hacen que se perpetúe la exclusión sanitaria.
Un año después, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios, dependiente del Ministerio de Sanidad, publicó unas Recomendaciones para el desarrollo reglamentario del RDL, que sin tener naturaleza de ley comprendía requisitos contrarios a ésta. Estas regulaciones se han materializado de diferentes maneras en las Comunidades Autónomas (CCAA) introduciendo grandes desigualdades entre ellas, y generando una importante inseguridad jurídica.
Actualmente, se encuentra en tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS, que continúa sin abordar algunas situaciones de exclusión. Con el fin de informar la toma de decisiones sobre este Proyecto de Ley, se ha realizado un análisis exhaustivo de las normativas que regulan el acceso a la asistencia sanitaria en cada Comunidad Autónoma, así como de su aplicación en la práctica cotidiana de los servicios autonómicos de salud. El objetivo es explorar la implementación del RDL 7/2018 en las CCAA y las barreras que de ella se han derivado a la hora de alcanzar la cobertura universal.
METODOLOGÍA DEL INFORME
Se ha obtenido información de las 17 CCAA y de la Ciudad Autónoma de Melilla entre mayo y septiembre de 2022 consistente en: 1) Revisión de las páginas web de los servicios de salud autonómicos; 2) Consulta a través de teléfonos disponibles a la población, correos electrónicos o solicitudes al portal de transparencia; 3) entrevistas a agentes clave de organizaciones sociales (21 personas) y centros sanitarios (5 personas) para conocer cómo se están aplicando las normativas en la práctica; y 4) Revisión de la información recogida por REDER a través de cuestionarios escritos a las organizaciones autonómicas que forman parte de la Red en 2021.
RESULTADOS PRINCIPALES
Transposición heterogénea en rango, forma y contenido
Hasta 9 CCAA lo han desarrollado mediante instrucciones internas para profesionales (Andalucía, Asturias, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Melilla). Aragón y C. Valenciana han publicado instrucciones con membrete oficial en sus páginas web. En Galicia sigue vigente un Programa especial de 2012, adaptado al RD 7/2018 mediante una breve nota informativa, y en Castilla y León sigue vigente un Programa social de junio de 2018. En Canarias y Castilla-La Mancha siguen vigentes Órdenes previas a 2018. En Cantabria está aún por publicar una Orden. En Cataluña también está pendiente de publicarse el desarrollo reglamentario de la Ley autonómica de 2017, y sigue vigente una instrucción de 2015 adaptada a la Ley autonómica mediante una Resolución del Director del Servicio Catalán de la Salud. A excepción de esta ley, no se ha encontrado publicada ninguna de las normativas que desarrollan el RD 7/2018 en los boletines oficiales autonómicos. No se ha identificado ninguna normativa en Baleares.
Negación del acceso a la asistencia sanitaria de las personas sin permiso de residencia durante los primeros 90 días en el país.
A pesar de que el RD 7/2018 no especifica la necesidad de probar una estancia mínima de 90 días en España para tener acceso sanitario, las Recomendaciones del Ministerio de Sanidad introducen este requisito para poder iniciar el proceso para obtener una tarjeta sanitaria por lo que se da pie a que cada Comunidad Autónoma lo aplique, algo que hacen catorce Comunidades. Solo Cataluña, Baleares, Castilla La-Mancha y Andalucía dan cobertura pública directa durante esos 90 días. Del resto, solo cinco han regulado la posibilidad de acceder mediante un informe social -Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura y Navarra-, con importantes barreras en la práctica. Debido a este requisito y a otras barreras, en varias CCAA es muy difícil obtener la tarjeta sanitaria o se tarda varios meses.
Negación o facturación de la atención de urgencia.
La atención de urgencia es la única vía de acceso que queda a las personas en situación irregular hasta que obtienen la tarjeta.
En 15 CCAA se factura sistemáticamente o existe la posibilidad de facturación; en algunas CCAA se ha identificado ocasionalmente la obligatoriedad de pagar previamente para pasar a la consulta; en varias CCAA con un compromiso explícito por la sanidad universal se están emitiendo avisos de facturación y facturas efectivas con un claro efecto disuasorio. Menores y mujeres embarazadas también están siendo objeto de estas prácticas cuya frecuencia va en aumento.
Negación de atención a menores o embarazadas a pesar de ser grupos especialmente vulnerables.
La asistencia sanitaria a menores y embarazadas en situación irregular durante su embarazo, parto y posparto está garantizada por el RD 1192/2012 y es obligación del Gobierno dar cumplimiento a las múltiples leyes y convenios internacionales que España ha firmado.
La ausencia de mención de estos convenios en el RD 7/2018 y en las Recomendaciones del Ministerio de Sanidad ha supuesto que en muchas CCAA hayan quedado desprotegidos con denegaciones de atención y facturaciones de la asistencia.
Negación de atención a miembros de familias reagrupadas.
Las personas ascendientes reagrupadas están excluidas de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos en 14 de las CCAA. La única opción para acceder es contratando un Convenio Especial con los servicios de salud, que tiene un coste mensual de entre 60€ y 157€. Tiene un requisito de un año de empadronamiento y la aportación farmacéutica es del 100%. Antes de ese año la única opción es un seguro privado.
Procedimientos e interpretaciones de la normativa que excluyen a personas con derecho a la asistencia.
La creación de perfiles poblacionales y diferentes vías de acceso a la asistencia sanitaria facilita la arbitrariedad en la interpretación de los procedimientos. Los procedimientos para la obtención del documento certificativo conllevan más barreras para las personas en situación irregular que para el resto, y con frecuencia implica retrasos de hasta un año y mucha dificultad para obtenerlo. En 11 CCAA el documento certificativo es diferente a la tarjeta sanitaria, lo cual se ha señalado como trato discriminatorio.
El desarrollo legislativo de los últimos años ha potenciado lógicas de exclusión y actitudes discriminatorias en los servicios de salud que, incluso en territorios con un discurso más favorable a la universalidad, impiden el acceso a la asistencia. Se identifica una accesibilidad muy limitada a la información, resoluciones desestimatorias que no se comunican, un amplio desconocimiento del derecho y los procedimientos entre el personal y una gran arbitrariedad en el procedimiento de acceso. Se denuncia que los centros de salud se han convertido en espacios de control de extranjería.
CONCLUSIONES PRINCIPALES
Lejos de lograr una homogeneización del acceso a la asistencia sanitaria, el RDL 7/2018 ha provocado una profusión de normativas e instrucciones que consolidan la exclusión sanitaria.
La delegación en las CCAA de la competencia de regular el procedimiento de acceso de personas en situación irregular provoca una regulación absolutamente dispar que ahonda en inequidades y desigualdades territoriales.
De mantenerse la redacción actual del Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del SNS no se resolverán estos vacíos de la normativa actual, debido a que:
- No devuelve la titularidad del derecho a la asistencia.
- Mantiene la regulación de los procedimientos en manos de las CCAA.
- No incluye las excepciones de personas menores y embarazadas.
- En la regulación del informe social para dar asistencia a las personas a las que mantiene sin tarjeta sanitaria, incorpora la sospecha del turismo sanitario y la posibilidad de expulsiones del sistema sanitario por comprobación periódica de situación administrativa.
Por todo ello, desde Yo Sí Sanidad Universal exigimos al Gobierno blindar la universalidad en una ley sencilla y clara, sin distinciones por situación administrativa, así como promover un desarrollo reglamentario que garantice la homogeneidad en el acceso al sistema sanitario de todas las personas en todo el territorio español.
Resumen ejecutivo del informe.
Mapa de situación Comunidades Autónomas.
ANEXO I
MAPA SITUACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS
