La tragedia de la sanidad pública madrileña (09/02/2023).
El desmantelamiento de nuestra sanidad pública es un objetivo consciente y programado del gobierno de la Comunidad de Madrid desde que el PP accedió al poder autonómico en 1995. Frente a ella, la ciudadanía se organiza.
¿Has intentado últimamente pedir cita en tu centro de salud para ver a tu médica de familia?, ¿o para que la pediatra vea a tu hijo o hija? ¿Te has encontrado con una profesional diferente cada vez? ¿Has tenido un pequeño accidente o una dolencia no grave, de noche o en un fin de semana, y has intentado acudir al servicio de urgencias de atención primaria del barrio? ¿Estás a la espera de que te den cita para ver a la especialista?, ¿o para hacerte una prueba diagnóstica?
Las personas que hemos tenido que acceder al sistema sanitario hemos sido testigos del deterioro progresivo de la atención, de la merma de profesionales, del cierre de servicios. Por otra parte, también vemos cómo las profesionales con las que tratamos están cada vez más agotadas, disponen de menos tiempo para nosotras, pasan todo el tiempo mirando el ordenador sin hablar profundamente con las pacientes.
En definitiva, un servicio público de gran valor para el bienestar de la ciudadanía, tanto que podríamos hablar de bien común, está siendo destruido por lo que Garrett Hardin definió como la tragedia de los bienes comunes: algunos individuos son proclives a sacar ventajas y beneficios particulares en perjuicio del bienestar general. Sólo que, en este caso, no se trata tanto de individuos particulares como de empresas que encuentran en la sanidad un ámbito en el que hacer grandes negocios. Y en esta labor de rapiña y expolio están apoyadas por las instituciones públicas que deberían ser garantes de la buena administración de la sanidad pública.
Una breve historia
El desmantelamiento de nuestra sanidad pública es un objetivo consciente y programado del gobierno de la Comunidad de Madrid desde que el PP accedió al poder autonómico en 1995. La veda se abre con la aprobación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (de la mano del primer gobierno de José María Aznar) con la que se permite la gestión de los centros sanitarios a través de consorcios o fundaciones y la gestión de servicios a través de entidades privadas. Si bien es cierto que el inicio del proceso se produce con la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 (de la mano del primer gobierno de Felipe González), que en sus artículos 66 y 67 permite la vinculación de hospitales privados al Sistema Nacional de Salud y en el artículo 90 ya permitía la entrada de las empresas privadas.
Con la Ley 15/97 en la mano, la Comunidad de Madrid permitió la entrada de operadores privados en la gestión de la sanidad pública, que se agudizó con la llegada de Esperanza Aguirre y la construcción de hospitales bajo el modelo PFI, en el que se concede la construcción del hospital a grupos de empresas privadas que se quedan con la gestión de lo “no sanitario”, y el modelo PPP, en el que las empresas privadas construyen el hospital y se hacen cargo de su gestión completa por períodos de 30 años. Ambos modelos suponen un coste entre 6 y 7 veces superior al de la construcción y gestión directamente pública.
A continuación, y con Fernández-Lasquetty en la Consejería de Sanidad, se intenta cerrar la privatización total de los siete hospitales modelo PFI. Es lo que desencadena las movilizaciones de la Marea Blanca a partir de 2012 por las que, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que suspende el proceso de privatización, Lasquetty se ve obligado a dimitir en 2014.
Esto no significa que las transferencias de fondos públicos a las empresas privadas se contuvieran. De hecho, según nos cuenta la Auditoría Ciudadana de la Deuda en la Sanidad (Audita Sanidad) en su informe El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña, en 2018 los cánones que se pagaron a los hospitales modelo PFI ascendieron a 159.284.653 €, el pago a los hospitales PPP ascendió a 302.635.836 €, servicios de ambulancias: 49.228.808 €, listas de espera, diálisis y rehabilitación-fisioterapia: 145.339.804 €, centralización de servicios (limpieza, lavandería, seguridad…): 113.441.787 €… Por mencionar sólo algunas de las partidas. En ese año, uno de cada dos euros del presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad era gestionado por el sector privado.
La llegada de Isabel Díaz Ayuso supone el relanzamiento del proceso privatizador, recuperando a Fernández-Lasquetty, en este caso como consejero de Economía, Hacienda y Empleo. De manera que se incrementa la transferencia de recursos al sector privado mientras no se dota de recursos humanos a la Atención Primaria y la salud pública.
Y así es como se llega a que en los centros de salud no haya personal suficiente en ninguna de las categorías (ya sea medicina, enfermería, pediatría, administrativas, TCAES…) incrementando la dilación de las citas hasta 10 o 15 días; a que muchos de los servicios de urgencias de Atención Primaria hayan quedado reducidos a atención de enfermería, perdiendo a las profesionales de la medicina definitivamente; a que llames a una ambulancia y ésta venga sin médica; a que en los hospitales no haya sábanas, toallas o pijamas para cambiarte.
Dándole la vuelta a la tragedia
Decía Whitehead en relación a la tragedia: “La esencia de la tragedia no es la tristeza. Reside en la solemnidad despiadada del desarrollo de las cosas”.
Hasta ahora, la solemnidad despiadada del desarrollo de la sanidad pública ha sido la implantación de este modelo neoliberal y ultraconservador que tiene por objeto despojarnos de nuestro bien común.
Afortunadamente para nosotras Elinor Ostrom investigó y acreditó la posibilidad de que los grupos cooperaran para gestionar con éxito los bienes comunes (investigación que le valió el premio Nobel de Economía en 2009), favoreciendo con ello una transición evolutiva que convierte a estos grupos en un “organismo” de nivel superior. El evidente deterioro de la sanidad y muy particularmente de la Atención Primaria, ha provocado movilizaciones de colectivos y asociaciones en los distintos barrios y pueblos de Madrid desde el inicio de la pandemia.
La coincidencia en el diagnóstico del estado de salud del sistema sanitario y la necesidad de aunar esfuerzos y consensuar reivindicaciones hizo que los diferentes colectivos locales coordinaran sus acciones, dotando de una dimensión más amplia al esfuerzo de recuperación de la sanidad pública. Esto se traduce en dos líneas de acción que ya han puesto en cuestión el modelo de gestión del gobierno regional.
Por una parte, el 13 de noviembre se organizó una multitudinaria manifestación que terminó en la plaza de Cibeles, en la que participaron unas 670.000 personas y en la que se exigía, entre otras cosas, la recuperación de la esencia de la Atención primaria (promoción de la salud, participación comunitaria, seguimiento de las pacientes a lo largo de su vida), la derogación de las leyes privatizadoras, el aumento del presupuesto para la Atención Primaria y la contratación del personal suficiente para una atención de calidad.
Por otra parte, el 22 de diciembre del año pasado se presentó ante el Tribunal de Cuentas una demanda por el uso desproporcionado de la contratación de servicios y bienes sanitarios “a dedo”, sin transparencia y sin control parlamentario, que permite el derroche de dinero público en beneficio de bolsillos privados.
Paralelamente, los sindicatos profesionales de la sanidad también se han levantado exigiendo mejoras que permitan atender adecuadamente a la ciudadanía. Así, las médicas y médicos llevan más de dos meses en huelga exigiendo reducción de ratios, de manera que puedan dedicar entre 10 y 15 minutos por paciente. Las profesionales de los servicios de urgencia de atención primaria (tanto rurales como urbanos) también realizan huelgas intermitentes exigiendo la reapertura de todos los servicios con dotación completa de personal. Este 2 de febrero, se han producido paros de mañana y tarde de todas las categorías profesionales en los centros de salud.
Y entre medias, las conversaciones entre los diferentes sectores se reproducen y amplían, las vecinas apoyan las huelgas profesionales, las profesionales apoyan las movilizaciones de las vecinas. Las manifestaciones de unas y de otras se nutren de personas procedentes de todos los colectivos. En la Asociación de Vecinos de Manoteras se encierran médicas…De forma que la red se amplía, las conexiones se intensifican y la unión crece y crece.
El 12 de febrero hay convocada otra gran manifestación en defensa de la sanidad 100% pública, universal y de calidad, en la que el movimiento de organización popular volverá a llenar las calles con las demandas de recuperación de la Atención Primaria, de reversión de la privatización, del aumento de la inversión, del aumento de plantillas. Exigiendo una sanidad que no deje a nadie fuera.
Y es en este tejer relaciones y apoyos, en este cuestionamiento permanente de estas políticas con lo que la sociedad madrileña revertimos la tragedia de la sanidad pública, nos hacemos una sociedad más justa y democrática y, con ello, nos vamos convirtiendo en ese organismo de nivel superior al que aspiramos.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 09/02/2023
