Otra vuelta de tuerca hacia la privatización sanitaria: la ley ómnibus de Madrid (13/02/2023).

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“Los profesionales sanitarios que presten sus servicios en centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid (CAM), podrán tener acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica, tanto pública como privada, de los pacientes a los que presten asistencia en el marco temporal que dure su atención. Este acceso exige el cumplimiento de la normativa de protección de datos y del consentimiento del paciente”.

Esta norma se encuentra en la llamada ley ómnibus de la Comunidad de Madrid, aprobada el 21 de diciembre pasado, en su capítulo XIII dedicado a la sanidad, y titulada ley 11/2022 de 21 de diciembre de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y de la Modernización de la Administración Pública.

Coincidiendo con esta novedad normativa de la Comunidad de Madrid, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, Fundación Idis, que aglutina al sector sanitario privado y es su principal think tank, ha desarrollado un proyecto llamado de interoperabilidad de las historias clínicas de la sanidad privada, en el que colaboran 15 patrocinadores de una Fundación, que aglutina a 86 entidades.

El proyecto estará operativo posiblemente en marzo de este año. Los directivos de la Fundación Idis han solicitado que la sanidad pública se conecte con su proyecto y la comunidad ha acudido prontamente a este llamamiento con la norma expuesta.

A nivel europeo está en marcha un proyecto de Espacio Europeo de Salud, en el que participa en Ministerio de sanidad español, que concluirá con una directiva europea, pero que no estará operativo por lo menos hasta 2025.

A falta de unas normas nacionales y europeas actuales, ¿con qué reglas y protocolos se va a efectuar la interoperatividad en la comunidad? ¿Puede Madrid desarrollar sus propias normas sobre la materia? Y una última pregunta, ¿por qué el sector privado, sobre todo el madrileño tiene tanta prisa para que se efectúe la conexión de historias clínicas?

El Ministerio de Sanidad no ha reaccionado ante esta iniciativa de la Comunidad de Madrid. Tampoco los partidos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid parecen haber dado mucha importancia a la norma citada, ni pedido explicaciones al gobierno regional.

Lo que dice la Ley de Autonomía del Paciente

La regulación de las historias clínicas se contiene en la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente que las define, expresa su contenido y garantías para su correcta utilización. Así por ejemplo, se obliga a separar los datos personales de los clínicos, de forma que quede asegurado el anonimato cuando se usen con fines de investigación o salud pública, imponiendo el deber de secreto a los profesionales sanitarios cuando utilicen dichos datos.

La ley regula una forma de compartir datos, en su disposición adicional tercera titulada Coordinación de las Historias Clínicas, pero es el Ministerio de Sanidad en colaboración con las comunidades autónomas quien “promoverá con la participación de todos los interesados, un sistema de compatibilidad que posibilite su uso por los centros asistenciales de España que atiendan a un mismo paciente, en evitación de que los atendidos en diversos centros se sometan a exploraciones y procedimientos accesorios de innecesaria repetición”.

Salvo opinión mejor fundada, es evidente que ni la Comunidad de Madrid, ni la sanidad privada, a quien la ley de Autonomía del Paciente también obliga, pueden implantar por su cuenta un sistema de interoperatividad a día de hoy.

La pretendida vertebración de la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud

Para entender los objetivos de priorización de los intereses de la sanidad privada por parte del gobierno regional de Madrid, hay que fijarse también en otras novedades de la ley ómnibus. Ya la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid de 2001 regulaba la “ vertebración de las entidades sanitarias privadas”, que ahora se ve reforzada con la colaboración en las historias clínicas y “ el desenvolvimiento coordinado y armónico de las organizaciones sanitarias privadas y entre éstas y las del sector público..” según la nueva ley.

Tal empeño vertebrativo con la sanidad privada incumple lo regulado en la Ley General de Sanidad que señala :” todas las estructuras y servicios públicos de salud integrarán el Sistema Nacional de Salud, que es el conjunto de servicios de salud del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

La sanidad privada puede establecer conciertos con la pública pero no forma parte del Servicios Nacional de Salud, ni en Madrid ni en otras partes de España.

Sin embargo, los directivos de la Fundación Idis están insistiendo mucho últimamente en su interés por la sanidad pública: “Si la sanidad pública cae nos arrastra a todos; la sanidad pública necesita un sector privado fuerte; la sanidad privada ahorra costes a la pública”.

Es indudable que a la sanidad privada no le interesa el derrumbe la sanidad pública. Los más de 2,5 millones de pólizas en la CAM, el 38,11 de la población de la Comunidad (la media española es del 24%) si siguen creciendo rápidamente, pueden suponer un problema para los centros sanitarios privados que no podrían absorber la demanda sin deterioro de sus propios servicios. A la sanidad privada le interesa la bajada de la calidad de la pública madrileña, pero hasta cierto punto, es decir aquél que le permita ofrecer un servicio de calidad de acuerdo a sus propios parámetros y niveles de ganancia estimados. Puede que los gobiernos regionales del PP se hayan excedido en su deterioro de la sanidad pública, incluso para los intereses privados.

Mientras que la Consejería de Sanidad espera que se pudra la huelga de médicos de atención primaria y cualquier reivindicación de los sanitario públicos, la presidenta y el consejero tienen una interlocución privilegiada con el sector privado, consecuentes son su objetivo de poner siempre por delante los intereses del sector privado sobre el público.

El objetivo inmediato de esta colaboración es presentar al sector privado como parte del Servicio Nacional de Salud madrileño, explica Ramón Galvez, experto en gestión sanitaria pública y vocal de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento. El acceso a la información de las historias clínicas públicas y la presentación de los centros privados como parte del SNS madrileño, en las condiciones en las que se plantean en la CAM, van a beneficiar enormemente al sector privado.

La privatización no se queda sólo en la gestión de centros públicos por entidades privadas, abarca también la extensión de los conciertos y la extensión de las pólizas privadas hasta donde a las aseguradoras les interese.

Ha sido sorprendente el silencio ante las modificaciones de la ley ómnibus en materia sanitaria, excepto en la creación de la Agencia Sanitaria de Contratación. Esperemos que si los planes del gobierno regional y del sector privado en relación con las historias clínicas sigue adelante, se produzcan las reacciones legales y de movilización que son procedentes ante tales propósitos.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre

Enlace relacionado InfoLibre.es 10/02/2023.