Cientos de millones a dedo o cómo la sanidad privada sale ganando con el covid (17/03/2023).

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La Junta de Andalucía continúa concediendo contratos millonarios sin los procedimientos administrativos de concurrencia y publicidad apoyándose en la emergencia del COVID.

La Junta de Andalucía continúa dando motivos para pensar que la sanidad pública trasvasa influencia y capacidad a las aseguradoras privadas. Si primero provocó revuelo la propuesta de derivar pacientes de la Atención Primaria a la privada con tarifas infladas a ojos de los propios médicos, ahora, la alargada sombra de los contratos a dedo por cientos de millones de euros se extiende sobre Juanma Moreno.

El Gobierno andaluz viene firmando contratos con la sanidad privada por una cantidad que oscilaría entre los 117 y los 226 millones de euros, según desvela ‘eldiario.es’. Los contratos están al amparo de la emergencia por la pandemia, que suspendía procedimientos administrativos en el del Real Decreto-ley 7/2020. Sin embargo, ese atajo legal fue derogado en el BOE del 9 mayo de 2021.

La adjudicación inicial de 70 millones de euros de enero de 2021 ha sido objeto de prórrogas y adendas adicionales que elevan la cantidad astronómicamente, llegan a triplicarla y extienden en el tiempo la emergencia del COVID hasta el próximo verano. Las cantidades tienen una horquilla de decenas de millones de euros, ya que los contratos no están expuestos en su totalidad en el portal de licitaciones.

Las reacciones no se hacen esperar. Desde la oposición, el secretario general del PSOE–A, Juan Espadas, califica de “muy grave” los hechos, “no se pueden despachar, como habitualmente hace Moreno Bonilla ante nuestras críticas, diciendo que esto también es un bulo”. Los socialistas amenazan con tomar medidas judiciales si no se esclarecen los motivos de estos contratos.

Desde la Junta de Andalucía aducen que los 79 contratos iniciales que se adjudicaron a dedo con clínicas privadas y sus prórrogas y adendas cuentan con aval jurídico, amparándose en el Reglamento Sanitario Internacional y en las declaraciones de la OMS.

No obstante, existen informes de la propia Dirección General de Contratación de la propia Junta de Andalucía que advertía de que el volumen de contratación por emergencia no era “conciliable con la situación actual de la pandemia”, decía a través de una instrucción general de junio de 2021, recordando que la programación de la contratación es una obligación en el sector público.

Sin embargo, a pesar del propio informe, el trasvase de fondos públicos a la privada ha seguido –y sigue– operando con contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva dos años y medio después de que terminara la emergencia administrativa por COVID.

El eterno COVID

Llama la atención que en el portal de transparencia donde la administración debe exponer los contratos públicos muchos se publican con meses de retraso y se notifican sin llegar a estar realmente accesibles. Y, cuando lo hacen, cuentan con una justificación de motivos sorprendente.

Una de las prórrogas por las que una empresa pasó de obtener un contrato de cerca de 50.000 euros a más de tres millones de euros gracias a seis adendas adicionales entre 2022 y 2023 viene justificada por el “grado de ocupación” de las camas convencionales y de las unidades de UCI y por el hecho de que la presión asistencial en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “se ha visto incrementado paulatinamente en los últimos meses”.

Desde las filas socialistas opinan que esta justificación del contrato fechada en el 22 de diciembre de 2022 solo puede ser fruto de un “corta y pega” de contrataciones anteriores, “es una operación encubierta, un fraude de ley para desviar cientos de millones a la sanidad privada”, claman desde la oposición.

Sanitarios indignados

La noticia ha espoleado la incomprensión de los sanitarios de la pública que, desde hace semanas, tratan de llegar a acuerdos infructuosos con la Junta de Andalucía en la mesa sectorial. La noticia ha colmado el vaso y este jueves la manifestación de SATSE, el sindicato mayoritario de enfermería, ponen el acento a la indignación.

Los sanitarios andaluces asisten atónitos al baile de cifras millonarias que, desde fondos públicos, han llovido sobre la privada. Todo eso sucedía en las mismas fechas en las que el SAS despedía a 8.000 sanitarios de refuerzo contratados con los Fondos COVID para paliar la presión asistencial de la pandemia, en octubre de 2021.

“Confiamos en que los tribunales entren en este asunto y dejen claro qué se ha hecho mal”, explican a ElPlural.com desde SATSE. Además, más recientemente, el 2 de marzo la Junta anunció un marco para externalizar consultas a la privada desde la atención primaria.

La Junta tarifó los servicios que derivaba a la privada: hasta 150 euros por primeras consultas, 90 euros por sucesivas o 65 euros por consultas en atención primaria y 215 por las de alta resolución. Estos precios están inflados, denuncian los sanitarios. La propuesta de la Junta permitía abrir la puerta de los centros públicos a sanitarios de la atención privada.

“Se pagará más al sanitario que viene de fuera, de la privada, que al que está en un centro público. Simplemente nos están desmotivando, simplemente están hundiendo la sanidad pública”, explica la secretaria de acción sindical de SATSE, Rosa Elena García, que denuncia que la enfermería ni siquiera ha sido tenida en cuenta en este sistema que sigue siendo “impreciso e inconcreto”.

Lo que no resulta ambivalente ni difuso son los números. La sanidad privada es un valor seguro en cuanto a inversión económica. El sector sale fortalecido de la pandemia y, con más de 64 mil millones facturados en 2022, ya supera sus cifras de negocio de 2019, según los propios datos de la patronal de aseguradoras. Uno de los motivos, los seguros de salud, que batían este año sus propios récords de contratación.

Respecto a las implicaciones legales de las contrataciones por emergencia que siguen vigentes, encontramos un precedente con ciertas semejanzas en el 'caso mascarillas' de las Canarias. La Fiscalía Anticorrupción consideró allí extinguidos los fundamentos jurídicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) para ampliar los contratos de compra de mascarillas una vez que el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020 había quedado derogado. Además, el pago por adelantado de las mascarillas llevó a la intervención de la justicia y, por lo pronto, dimisión de la directora general de Recursos Económicos. En Andalucía queda aún mucho por aclarar.

Enlace relacionado ElPural.com 14/03/2023.