Anticorrupción se querella contra una exdirectora de Sanidad de Madrid por reducir sin justificación el número de camas de un nuevo hospital (19/12/2020).
135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales sin modificar el contrato por lo que la Administración abonó “mayores costes por servicios nunca prestados”. La Fiscalía calcula un “menoscabo” a las arcas públicas de 10 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Elena de Mingo, que fue directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid entre abril de 2008 y julio de 2011 —durante el Gobierno de Esperanza Aguirre— por reducir sin justificación el número de camas de un nuevo hospital, lo que habría supuesto un “menoscabo” a las arcas públicas regionales superior a 10 millones de euros. La iniciativa penal ya está tramitándose en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, según ha informado en un comunicado la Fiscalía General del Estado.
El contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del centro sanitario se modificó "de facto" una vez adjudicado y 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales, con lo que se redujo en idéntico número las camas hospitalarias. La cuestión es que esa modificación se hizo “eludiendo cualquier procedimiento administrativo” —lo que es una “ilegalidad radical”, a juicio de la Fiscalía— y sin restablecer el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración, que abonó “mayores costes por servicios nunca prestados”. Las adjudicatarias —Dragados, Bovis Lend Lease y Sufi— cobraron como si hubieran construido y equipado las 135 habitaciones dobles, lo que generó un “menoscabo” a los caudales públicos de la comunidad autónoma superior a los 10 millones de euros.
NOTA: Florentino Pérez vende un hospital público de Madrid a un fondo de inversión.
El hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda fue uno de los primeros que el Gobierno de la Comunidad de Madrid utilizó para implantar la fórmula llamada PFI en la que la construcción y la gestión de todo lo no sanitario del centro se adjudica a empresas privadas a cambio de un canon anual (en este caso prolongado durante 30 años).
Enlace relacionado ElDiario.es 18/12/2020.
