Imputado por homicidio el director de la residencia privada de Tomelloso donde murieron 76 ancianos en la primera ola (02/03/52021).
Sigue adelante la denuncia por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro que familiares de los mayores fallecidos presentaron contra José Manuel Sampedro por su gestión en el inicio de la pandemia.
- El juez ha llamado también a declarar como testigos a otras seis personas y nombra responsable civil a la Fundación Elder, titular del centro sociosanitario, ante eventuales indemnizaciones a las víctimas.
El director de la residencia de mayores Fundación Elder de Tomelloso, José Manuel Sampedro Lara, tendrá que declarar ante el juez en calidad de investigado por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro derivados de su gestión al frente del centro sociosanitario en el inicio de la pandemia de covid-19.
Así lo recoge el auto dictado por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tomelloso al que ha tenido acceso en exclusiva PeriódicoCLM, en el cual se acuerda la práctica de diligencias adicionales de investigación con el fin de determinar "la relevancia penal de las actuaciones" realizadas por Sampedro en su calidad de director de la residencia. De este modo, el que fuera también concejal del PP en el Ayuntamiento de Tomelloso -dimitió tras estallar este escándalo-, tendrá que acudir a declarar ante el juez el próximo 16 de abril.
Una imputación que se produce a raíz de la denuncia planteada por familiares de residentes fallecidos en el centro en el inicio de la pandemia, al considerar que se podría haber producido una actuación negligente por parte de quienes eran responsables de velar por la seguridad de los mayores.
Por ello este grupo de allegados de las víctimas que fallecieron entre los meses de febrero y mayo del año pasado, decidía hacer frente común y llevar a los tribunales su denuncia con el fin de que se esclarezca lo sucedido en la residencia y que se asuman responsabilidades.
Y es que, según la denuncia, en este centro se contabilizaron 76 muertes durante los tres primeros meses de la pandemia, de las cuales 15 en tan solo 6 días. Fuentes del Gobierno autonómico contabilizan los fallecidos en 74, mientras que en otra residencia que está al lado, de titularidad pública, solo habrían muerto ocho mayores.
Fechas en las que las residencias ya llevaban algún tiempo cerradas a las visitas, y aunque el virus ya corría por Elder la información que se ofrecía a las familias era "nula", llegándoles a asegurar que allí "covid cero".
Así lo relataba el pasado mes de diciembre en una entrevista concedida a PeriódicoCLM la hija de una de las personas fallecidas en esta residencia en aquella primera ola de la pandemia.
"Yo estaba tranquila, porque hablaba con el personal de la residencia y nos tranquilizaban", explicaba, antes de reconocer que no solo no se les ofrecía información sobre lo que ocurría tras las puertas del centro, sino tampoco sobre los cuidados que aquellos días estuvo recibiendo su madre.
Un contacto con el centro que se hacía más complicado con el paso de los días, puesto como relatan los familiares, o bien era imposible comunicar telefónicamente o bien cuando conseguían que alguien respondiera a la llamada, se limitaban a decir que el familiar "no tenía fiebre, que tenían mucho trabajo" y colgaban el teléfono.
Sin embargo, la situación real que se vivía en esta residencia de Tomelloso saltaba a los titulares de prensa cuando era el propio director del centro, José Manuel Sampedro, quien el 18 de marzo aparecía en un programa de televisión denunciando el supuesto "abandono" por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al centro -de titularidad privada, cabe recordar- que dirigía.
Aseguraba que estaban "completamente abatidos, destrozados psicológicamente", ante una situación "muy complicada" y que eran 14 los fallecidos, una cifra que "va aumentando", comentaba.
Reclamaba el ahora exconcejal del PP "ayuda urgente", al tiempo que aseguraba que "nadie" les estaba ayudando, que por su parte se había informado "en todo momento" a las autoridades, tanto a la Consejería de Bienestar Social como al Ayuntamiento -precisaba-, pero insistía "nadie nos escucha".
Por otra parte, aseguraba que se estaba informando a las familias por teléfono sobre la situación, "ayer por la tarde recibí 60 llamadas", pero "ninguna" de las autoridades, "nos sentimos abandonados", apostillaba.
Explicaba también que "desde el primer momento" en que se tuvo conocimiento del primer positivo, "cerramos la residencia, solo pueden entrar los trabajadores" y los residentes "están cada uno en su habitación".
Era el mismo José Manuel Sampedro que tan solo dos días antes, el 16 de marzo, aseguraba en las redes sociales que en el centro se estaba "trabajando con normalidad". "La furgoneta que hay en la puerta es del hospital, verificando que todos los residentes están bien y haciéndoles pruebas del covid-19. Se está haciendo en todos los centros", para a continuación facilitar un número de móvil al que podía llamar "cualquier familiar" que necesitara información. "Pero está todo bien!!!", concluía.
No obstante, en su testimonio en televisión declaraba que ese fin de semana, concretamente el sábado, se había vivido una situación terrorífica, con cuatro muertes seguidas, algo que antes no había ocurrido.
Pero no solo el propio Sampedro contradecía su propia versión en su vuelta a la televisión, puesto que el mismo miércoles 18 de marzo, desde el Ejecutivo regional salía el director general de Salud Pública, Juan José Camacho, a desmentir sus afirmaciones.
Camacho explicaba que las tres denuncias realizadas por Sampedro -el abandono por parte de la Junta, la ausencia de contactos con las autoridades sanitarias y la ausencia de pruebas ante el brote de coronavirus en la residencia- eran "falsas".
Así, detallaba que ese fin de semana desde la Gerencia de Área de Tomelloso se contactaba con la residencia Elder, siendo ese el momento en el que se informa de que hay un grupo de residentes con síntomas, ante lo que se ponen a su disposición, y el domingo se informa de varias muertes, por lo que el mismo director general contacta con Sampedro por teléfono.
"Me refiere una situación compleja, donde no hay equipos de protección individual para los trabajadores, siendo esta empresa de titularidad privada, con lo cual la responsabilidad de sus trabajadores recae sobre ellos", precisaba Camacho.
También le informa de que "no tiene médico y la situación es alarmante", por lo que desde el Sescam se envía un equipo médico y enfermera para realizar las primeras tareas de triaje y se ponen "las primeras medidas de control epidemiológico sobre la población residente".
Esa misma tarde -domingo 15 de marzo-, explica Camacho, "se envían otros tres equipos desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario con médicos y enfermeras que realizan triaje a los 75 pacientes que en esos momentos presentan síntomas".
Esa noche un equipo formado por un médico y una enfermera del Sescam permanecieron en el centro para atender a los residentes, y desde el día siguiente se refuerzan los servicios sanitarios con personal del Sescam.
Camacho explicaba también cómo el domingo se habían proporcionado por parte del Sescam equipos de protección individual EPI a los trabajadores de la residencia, que hasta el momento carecían de ellos.
Una situación que llevaba a la Junta de Comunidades a tomar las riendas de esta residencia de titularidad privada, para hacer frente al brote de coronavirus.
En el mes de junio, Sampedro -periodista de formación y sin experiencia previa a su llegada a Elder en el ámbito de la atención sociosanitaria- volvía a asumir la dirección del centro, ante el asombro de los familiares de los residentes fallecidos a causa del brote de covid-19.
Durante el verano, y tras ver que seguía sin esclarecerse lo sucedido aquellas semanas en la residencia de la Fundación Elder, un grupo de familias decidía acudir a los tribunales y denunciaba por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro tanto a Sampedro como a la Fundación.
Así, era el pasado 20 de noviembre cuando el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tomelloso dictaba un auto por el que acordaba incoar diligencias previas al apreciar que los hechos denunciados por los familiares podrían apuntar a la existencia de dichos delitos.
Para ello, tal y como informaba PeriódicoCLM entonces, se solicitaban por parte del juez diversos documentos.
Entre ellos, el magistrado reclamaba a los responsables del centro la remisión "a la mayor brevedad" de un informe sobre los protocolos, tanto sanitarios como laborales o de cualquier otra índole, aplicados en el centro durante ese mismo periodo, relacionados con la incidencia del virus.
Así, una vez analizados estos documentos, el juez ha decidido ahora continuar con la vía penal del proceso para investigar lo sucedido en esta residencia de mayores durante los primeros meses de la pandemia.
LA FUNDACIÓN, RESPONSABLE CIVIL
Antes de que el director de la residencia Elder acuda a declarar, también lo harán otras seis personas que han sido llamadas por el juez en calidad de testigos. Lo harán, según recoge al auto, el 9 de abril.
Tres de esos testigos realizaron labores de inspección o gestión, a raíz de la intervención de la residencia de ancianos por parte de la Consejería de Sanidad. Los otros tres testigos son trabajadores de la residencia de ancianos que realizaron su labor antes y durante la intervención del centro
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tanto la declaración de José Manuel Sampedro como la de los testigos se celebrarán a puerta cerrada y tendrán carácter reservado.
LA FUNDACIÓN, RESPONSABLE CIVIL
Asimismo, en este auto fechado el 23 de febrero, se da por personada en el procedimiento a la Fundación Elder -cuyo presidente desde 1995 es Ramón Sampedro, padre del director de la residencia investigado por el juez- "en calidad de responsable civil", por lo que debería responder ante eventuales indemnizaciones a las familias afectadas.
Ante esta resolución, que no es firme, cabe la posibilidad de interponer un recurso de reforma o un recurso de apelación.
Para las familias denunciantes supone "una alegría" la decisión del juzgado de seguir avanzando con la investigación y consideran que si se ha llamado a declarar como imputado al director, "es por algo, porque presuntamente hubiera podido cometer algún delito en su gestión frente al virus".
"Queremos que el peso de la ley caiga sobre los responsables", subrayan a este medio desde el entorno de las víctimas, al tiempo que animan a otras familias afectadas a sumarse a la causa, "a luchar por la memoria de nuestros seres queridos".
"Queremos llegar hasta el final para que todo el mundo sepa lo que ocurrió allí dentro", sentencian.
Enlace relacionado PeriódicoClM.es 01/03/2021.
