Sanidad en Madrid: cómo cambiar el modelo de la comunidad que menos invierte en relación a su PIB (02/05/2021).
La comunidad que menos de su riqueza invierte en sanidad, la que menos porcentaje destina a atención primaria y la segunda en conciertos privados se enfrenta o no a un posible cambio de rumbo este 4M. Repasamos las propuestas de los colectivos sociales frente a las de los partidos políticos.
La comunidad que menos invierte en sanidad en relación a su PIB, con un escaso 3,7%. La segunda que menos gasta por habitante con una media de 1.304 euros al año, frente a los 1.873 de Euskadi. La región que menos destina a atención primaria, con un 11,2% del total del gasto. Y la tercera que menos dedica a remunerar al personal. Así es Madrid, según la estadística del gasto sanitario público elaborada por el Ministerio de Sanidad con datos de 2019. Al mismo tiempo, es junto a Cataluña la comunidad que más invierte en conciertos privados, según el informe anual de la fundación IDIS de 2020. La pandemia que estalló en 2020 ha dejado en evidencia las carencias de este sistema.
Tal y como recoge el informe del grupo ActuarCOVID, integrado por profesionales de la sanidad madrileña y elaborado con datos del Sistema Nacional para la Vigilancia del Centro Nacional de Epidemiología (SIVIES), Madrid ha sufrido un 50% más de exceso de mortalidad por covid-19. Además se han registrado un 31% más de personas contagiadas, un 97% más de ingresos en hospitales, y un 60% más de ingresos en UCI por esta enfermedad.
Con esta situación de partida, analizaremos cuáles son las demandas de los colectivos y movimientos sociales en defensa de la sanidad pública y universal así como las medidas que proponen las diferentes formaciones políticas en sus programas electorales. Y un spoiler: hay quien considera que la solución es seguir construyendo centros sanitarios obviando contratar el personal que sería necesario.
Atención Primaria: un giro al 'hospitalocentrismo'
Tal y como indican desde el Grupo Actuar COVID la atención primaria permitió diagnosticar y tratar a miles de pacientes covid-19, lo que redujo la presión hospitalaria. Sin embargo, mientras las puertas de los ambulatorios se abrían como esenciales para sofocar la pandemia, se destapaba la carestía previa que arrastraban y se ponía el acento en la ausencia de rastreadores, figura esencial para detectar el avance del virus. “Hay que considerar que la ratio de población por profesional era la más alta del Estado —aseguran desde este grupo de profesionales— llegando a superar en un 13% la media estatal en médicos y un 39% en el caso de los Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)”. Esta desigualdad fue reconocida por el Tribunal Superior de Justifica de Madrid (TSJM) que ha estimado la vulneración de derechos del personal sanitario madrileño, en una sentencia del pasado 23 de marzo.
“Necesitamos que la inversión en atención primaria se eleve hasta que sea un 25% del total del gasto sanitario. Es necesario aumentar infraestructuras, plantillas, mejorar las remuneraciones y su estabilidad, así como más medios para poder hacer de forma adecuada nuestro trabajo; medios tecnológicos y pruebas diagnósticas”, expresa Concha Herranz, médica de atención primaria perteneciente al colectivo AP Se Mueve. “Tenemos que llegar a los 12 minutos por consulta y a los 28 pacientes por día, cifras acordadas de forma internacional. En la actualidad hay planificados siete minutos por paciente y a veces no llegamos ni a dos. Y hay días que llegamos a atender a 60-70 pacientes”, explica.
En cuanto a la construcción de nuevos centros de salud, promesa que incluyen algunos programas, Herranz afirma que la propuesta está bien siempre y cuando “se doten con personal suficiente”. Destaca también el mal estado de algunos centros ya existentes “que son insalubres”, además del malestar emocional de las plantillas. “En estos 25 años del gobierno del Partido Popular no han creído que la atención primaria sea la base del sistema y han gestionado los recursos hacia la atención hospitalaria descuidando de forma flagrante la otra parte. Bienvenidos sean los proyectos que crean que la atención primaria es la base del sistema de salud”, sentencia.
Privatización del gasto público: revertir la situación
La era Aguirre dio el pistoletazo de salida a la privatización sanitaria en la construcción de hospitales con la cesión de suelo público para edificar siete centros bajo la modalidad PFI (Iniciativa de Financiación Privada), en los que la construcción y la explotación de los servicios no sanitarios pasaban a manos privadas y, posteriormente, cuatro hospitales bajo la modalidad PPP (Partenariado Público Privado) en los que la construcción, la explotación de los servicios no sanitarios y la gestión de la asistencia sanitaria pasaban íntegramente a manos privadas. Al mismo tiempo se recortaban más de 2.500 camas en los hospitales públicos.
En 2013 el juzgado número 4 de primera Instancia de la Comunidad de Madrid imputó a Manuel Lamela y Juan José Güemes, consejeros de Sanidad artífices de estas privatizaciones, así como a las empresas concesionarias Capio y Ribera Salud . A Lamela se le acusaba de diseñar la cláusula del 1% para desviar fondos para su partido. El PP madrileño habría desviado cerca de tres millones de euros de la construcción de hospitales y centros de salud a su formación valiéndose de esta cláusula que hacía pagar a las entidades concesionarias, acusación que se inserta dentro de la trama Púnica y por la que Esperanza Aguirre declaró en el banquillo en 2019.
“La Cámara de Cuentas de Madrid, en el informe de fiscalización de 2018, recoge una deuda de este tipo de hospitales de 722 millones y medio. Esta deuda no la han puesto en balance ni la recogen los presupuestos”, explica Carmen San José, integrante de Audita Sanidad, entidad que estima en más de un 49% el gasto público que se deposita en manos privadas según los datos de 2018. San José incide en que este tipo de hospitales no cumplen con los pliegos de contratación y exigen más dinero a las arcas públicas, lo que deja una deuda “desorbitada”.
“Se empezó por privatizar el call center y luego se instauró la libre elección y el área única. Luego llegaron los conciertos de hospitales y con la Fundación Jiménez Díaz. Ellos se han encargado de que no tengan listas de espera y de que, gracias a la libre elección, los madrileños puedan solicitarlos para ser operados en uno de estos centros y así mantener su negocio. Pero la privatización tiene que dar dinero a las empresas por dos vías: mermando la calidad asistencial del paciente y pagando menos salarios a los profesionales”, explica la integrante de Audita Sanidad.
“Al día siguiente de las elecciones lo que se puede hacer es eliminar todos estos conciertos que han detraído dinero público. Y también habría que revisar el dinero que se lleva la Fundación Jiménez Díaz”, avisa. “Nos sale a precio de oro la operación de unas cataratas en uno de estos hospitales”, alerta.
Revertir la exclusión sanitaria
Rajoy firmó el fin de la universalidad de la asistencia sanitaria con su Real Decreto 16/2012. En él dejaba fuera a colectivos en base a su cotización en la seguridad social, como los migrantes en situación irregular. El PSOE reformuló el Real Decreto en 2018 intentando restaurar la situación. Pero la nueva norma mantiene la exclusión sanitaria para algunos colectivos, como aquellos migrantes con un empadronamiento de menos de tres meses. Algunas comunidades autónomas están intentando revertir esta situación. No es el caso de la Comunidad de Madrid “donde se está dejando a estos colectivos sin cobertura y además se está incumpliendo la ley. Se están haciendo cosas como borrar del sistema a todas las personas que tras un año no consiguen permiso de residencia”, explica Nacho Revuelta, integrante de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal.
“La Comunidad de Madrid es una de las pocas que no ha aprobado ningún tipo de normativa de aplicación del Real Decreto. De esta manera, la gente no puede conocer cuáles son sus derechos. En los mostradores de los centros sanitarios la práctica está basada en mensajes verbales y hay una gran inseguridad jurídica”, explica Revuelta. “Por ejemplo, a las personas que consiguen permisos de residencia por motivos humanitarios se les excluye al entender que tienen obligación de tener un seguro, cuando esto no es así”, se queja.
Además avisa de que Madrid se salta incluso los mecanismos de flexibilización incluidos en la ley estatal. “Aquellas personas que llevan menos de tres meses con vulnerabilidad podrían tener acceso con un informe social. Sin embargo la CAM ha cortado esta vía y no permite atención sanitaria con este informe”.
Aún así la palabra “sanidad universal” aparecen en muchos programas electorales, incluido el del PP. “Creemos que la palabra universal se está utilizando en sentido muy diverso, los partidos de la derecha, algunos como el PP que impulsó la reforma sanitaria, hablan de sanidad universal pero se están refiriendo a una sanidad para quien pueda pagarla. La situación de pandemia ha demostrado que la sanidad es un bien colectivo, que dependemos los unos de los otros, no tiene sentido una salud que excluye a cientos de miles de personas. Universal es que todas las personas que necesiten ser atendidas lo sean. No nos podemos permitir que la gente enferme o muera porque no cotice”, sentencia.
Unidas Podemos y Más Madrid: revertir las privatizaciones
Los programas de Unidas Podemos y Más Madrid, aunque dispares en longitud, tienen similares puntos fuertes en materia de Atención Primaria, reversión de las privatizaciones y atención universal. El programa de Más Madrid es más detallado, con 229 medidas en materia de Salud, frente a las 22 propuestas de UP.
La formación morada arranca fuerte su apuesta prometiendo una subida de la inversión en materia sanitaria de mil millones de euros, siendo la única que se compromete en cifras a aumentar el gasto sanitario total. Ambas formaciones prometen una subida del porcentaje de gasto en atención primaria, hasta pasar a ser el 25% en el caso de UP y un 20% en el caso de MM. Además, MM detalla más y promete aumentar a 12 minutos por consulta la duración de los encuentros clínicos y un incremento de las plantillas en 800 médicos y médicas de familia, 175 pediatras y 900 enfermeras.
Ambos partidos expresan sus intenciones de comenzar un cambio de rumbo en la privatización. Así, Unidas Podemos en sus medidas 8 y 9 anuncia una reversión de las privatizaciones “comenzando por un exhaustivo control de los contratos y de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”, así como “explorar la reversión de los pliegos por incumplimiento en los hospitales de gestión privada”. MM por su parte habla de realizar “estudios de viabilidad y eficiencia de la progresiva internalización de los servicios externalizados” así como activar “las vías legales disponibles para recuperar el carácter público de los hospitales privatizados” y revisar “los contratos de los hospitales en régimen de concesión. (medidas 97, 98 y 99).
También las dos formaciones se comprometen a devolver el carácter universal a la sanidad, medida con la que abre Más Madrid su programa y de una manera clara deja patente que eliminará las “trabas administrativas y legales existentes para el cumplimiento íntegro de este derecho incluso en aquellos supuestos no contemplados en el RD 7/2018, instando al gobierno de la nación a su reformulación”. UP por su parte ofrece en su medida 2 una “cobertura sanitaria para toda la población residente en la Comunidad de Madrid, independientemente de su situación administrativa.”
PSOE: Reforzar la sanidad sin alusiones a revertir las privatizaciones
Sesenta y dos propuestas en materia sanitaria muestra el PSOE, arrancando con un 'Plan de choque contra el covid-19' en el que incluye, entre otras cosas, la realización de más de 200.000 pruebas semanales, reforzar las plantillas de atención primaria y la contratación de dos mil rastreadores, así como realizar más de 200.000 pruebas semanales (medidas de la 1 a la 14).
En cuanto a atención primaria, entre otras cosas, especifican que intentarán citas y atención presencial “en un plazo máximo de 48-72 horas de haberla solicitado” (medida 26), “dotación a las residencias de mayores y de personas con discapacidad de unos servicios de atención primaria adecuados” (medida 34) así como un 'Plan Renove de Centros de Salud' que consiste en “iniciar 30 nuevos centros de salud y dignificar los actuales” (medida 37).
En cuanto a la reversión de las privatizaciones sanitarias no se plasma ningún compromiso explícito en este área. Sí se promete la recapitalización de los hospitales con los fondos de la UE (medida 38) y la creación de más camas (medida 39) y en cuanto a la universalidad de la atención promete “reafirmar en la sanidad de Madrid los valores y principios del Sistema Nacional de Salud, garantizando la cobertura universal de la asistencia sanitaria”, sin alusiones a las excepciones que hoy mantiene el Real Decreto del Gobierno (medida 24).
PP y Cs, por la misma senda
El programa electoral de Ciudadanos arranca con una propuesta de acelerar la vacunación llevándola a cabo “24 horas al día, los 7 días de la semana. Sin importar si es festivo o fin de semana”. Después, en su punto 2 esboza doce medidas en materia sanitaria encaminadas a reforzar la atención primaria dotándola de mayor presupuesto (sin especificar cifras), consolidar la incorporación de los diez mil profesionales contratados para sofocar la pandemia (los conocidos como refuerzos covid) así como mejorar la precariedad y la temporalidad de los profesionales sanitarios.
Se apunta también la “revisión de todas las infraestructuras sanitarias” para acometer cambios en la siguiente legislatura. Nada se dice en su programa de revertir el sistema de privatizaciones ni la exclusión sanitaria.
Como nada dice el PP de revertir esta situación, sino más bien ahondar en ella. En un programa con 27 medidas en materia sanitaria, tras prometer el refuerzo de la atención primaria, fomentando la medicina a distancia o “telemedicina” para una atención primaria “más moderna” (medida 186 y 187) y una reducción de las listas de espera (medida 188), se promete la construcción de nuevos hospitales y la reforma de los centros de salud existentes.
Así, se promete una nueva “Red de Hospitales de Cuidados y Recuperación Funcional” así como un “Plan de Modernización de las Infraestructuras Hospitalarias” que, entre otras cosas, incluye la construcción de “un nuevo hospital La Paz”, y un “Plan de Infraestructuras en Atención Primaria” para reformar más de 21 centros (medidas 198 a 201). Nada se dice de la contratación de más personal sanitario para los nuevos centros, tal y como se gestó el nacimiento sin plantilla del Hospital Enfermera Isabel Zendal, ni del modo de gestión que se llevará en el interior o si se externalizará o no la construcción de los mismos.
Por otro lado, en la medida 185 hablan de una “sanidad pública universal” que “siga siendo gratuita”, eludiendo la exclusión sanitaria existente en la actualidad. Nada nuevo bajo el sol que ha calentado los últimos 25 años de esta comunidad y que puede apagarse o no el próximo 4 de mayo.
Enlace relacionado-y gráficos interactivos- ElSaltoDiario.com 02/05/2021.
