Se intensifica la privatización de la sanidad andaluza (19/11/2021)
Continúa y se refuerza la privatización de la sanidad pública andaluza. Nada nuevo bajo el sol, en la provincia de Cádiz a las derivaciones de 18 especialidades a los hospitales privados de Pascual de El Puerto de Santa María, Villamartín y Sanlúcar de Barrameda, se une el hospital que tiene en la ciudad de Cádiz. Al mayor holding privado de Andalucía, José Manuel Pascual S.A. la Junta de Andalucía le vuelve a premiar, a pagar, lo que no invierte en los hospitales públicos. El juego público- privado se reproduce: deterioro dejando de aportar a los servicios públicos y ayudo con dinero público a los servicios privados.
Este traspaso de dinero público al sector privado tiene importantes consecuencias en el sistema público de salud empezando por la Atención Primaria que ha tenido que afrontar la pandemia sin los refuerzos necesarios para continuar con su labor asistencial y preventiva. La situación en los Centros de Salud ha sido conocida y sufrida por nuestra población con los abusos en consultas telefónicas y el aumento de las listas de espera también para la derivación a las diferentes especialidades. La actual Atención Primaria cada vez se parece más a los centros privados donde la prevención y promoción de la salud brillan por su ausencia. Lo mismo ocurre con las medidas de Salud Pública, Epidemiología y los Sistemas de Información, estos últimos privatizados por el gobierno actual.
Además, esta derivación de inversiones al sector privado y abandono de los servicios públicos hace que un sector de la población recurra a suscribir pólizas privadas cada vez más caras y selectivas con las personas mayores o con más patologías. La mayoría de la gente no tiene más remedio que atajar su atención a través de los servicios de urgencias.
Si hacemos un breve repaso histórico, hace ya tiempo que decíamos que la historia de la reforma sanitaria en Andalucía pareja a la del sistema sanitario en el Estado español; se produjo en un contexto de crisis política y de importantes luchas populares. Estos cambios se configuraron a partir de la promulgación de la Ley General de Sanidad (LGS) en el año 1986. Antes, Andalucía, consigue el máximo de transferencia de competencias, entre ellas la sanidad, que solo se había concedido a las llamadas nacionalidades históricas. Esto ocurrió, en gran medida, gracias a las multitudinarias manifestaciones de la población andaluza, el 4 de diciembre de 1977, reclamando las máximas competencias por parte del Estado. Un 4 de diciembre por ello considerado por un sector de la población andaluza como el día de Andalucía.
De esta forma, el sistema sanitario público en Andalucía ha sido construido durante décadas con mucho esfuerzo y preparación de sus profesionales, en diferentes niveles de atención, destacando la Atención Primaria. La preparación y especialización de sus profesionales sanitarios y la importancia que se le empezó a dar a la prevención y la promoción de la salud. Se desarrollan Programas de Salud como la a tención al embarazo, la salud infantil, el seguimiento de enfermedades crónicas, los programas de vacunaciones o la detección precoz del cáncer. Se reforzaron las actividades de Salud Pública ante epidemias y pandemias, entre otras. Se refuerza también la Atención hospitalaria y sus centros de especialidades para las funciones más específicas. Sin embargo, estos avances incuestionables han estado siendo atacados durante años por las privatizaciones y la insuficiente inversión en la sanidad pública.
Esto ha sido así porque la legislación sanitaria lo permitía empezando por la ya nombrada LGS de 1986. En su artículo 90, la ley permite los conciertos con terceros o con medios ajenos a las administraciones públicas; con estas palabras evasivas se refieren a los centros privados, lo cual no deja de ser significativo, cómo la ley evita la palabra privado en todo este articulado. Curioso que también dice que, previo al concierto, se tendrán en cuenta la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios. Condición que no se cumple como continuamente ha denunciado y reivindicado marea blanca: que los servicios sanitarios públicos en Andalucía están infrautilizados pudiéndose realizar turnos de mañana y tarde para consultas, procesos diagnósticos y quirúrgicos con el personal suficiente.
A la LGS le siguió el Informe Abril Martorell en el año 1991, que permitió financiar con dinero determinados servicios privados, la llamada externalización, y la introducción del pago en las prestaciones complementarias como el material ortoprotésico. Seis años después, el Gobierno de Aznar con el apoyo del PSOE y PNV aprueba la 15/97 para permitir la entrada de entidades privadas en la gestión de centros sanitarios públicos.
Las consecuencias de la ley 15/97 en centros hospitalarios públicos de gestión privada que se implantaron con rapidez, especialmente en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y especialmente en Cataluña, son bien conocidas por los casos de corrupción y los problemas de calidad y equidad que tiene estos centros pagados por el Estado, pero gestionados por empresas privadas. Hay que destacar que esta tendencia privatizadora ha sido promovida a nivel internacional, como muestran los informes del Banco Mundial en los años 1987 y 1993 y otros más recientes de la Unión Europea que abogan por la necesidad de adoptar criterios mercantiles en los servicios públicos de sanidad y otros sectores como el de la educación.
Pero los retrocesos que sufrimos no solo se refieren a los servicios de atención sanitaria sino también a los servicios de Salud Pública o al nulo avance en la promoción de la salud. Si consideramos la salud como el estado de bienestar físico, psíquico y social debemos interesarnos por sus causas más amplias como unas adecuadas condiciones económicas y sociales que impliquen cuidar y atender las necesidades de vivienda, energía, respeto al medio ambiente, o unos empleos dignos para todas. Vivir en un contexto de paz y seguridad y no rodeados de peligrosas bases militares o de industrias contaminantes. En definitiva, hablar de salud para nuestra población es hablar de Sanidad pública y de una sociedad pública que abra el camino hacia esas amplias aspiraciones de salud.
Para concluir debemos decir fuerte y claro que las privatizaciones solo traen un deterioro de la salud pública, esto es, de la salud de la población. Un deterioro de las condiciones laborales del personal que trabaja en los servicios sanitarios públicos, y aún más en los privados, y falta de personal que a su vez repercute en la calidad de la asistencia.
Solo luchando por la desprivatización podremos conseguir un servicio público de salud bien financiado, con suficiente personal y una gestión eficiente de los recursos de infraestructuras y profesionales. Solo luchando por la ddesprivatización podremos mejorar las condiciones laborales del personal y evitar que se vayan nuestros profesionales sanitarios andaluces. Profesionales que, debido a su formación en universidades y hospitales públicos andaluces, se los “rifan” en los países del norte de Europa, e incluso en zonas del norte del estado españo. Mientras, el Gobierno andaluz dice que no refuerzan las plantillas porque no hay profesionales para contratar.
Por todo ello, reclamamos para conseguir recuperar los servicios públicos de calidad y eficientes:
¡DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97!!
¡INVERSIÓN EN ANDALUCÍA PARA LA SANIDAD PÚBLICA!
¡REFUERZO DE PLANTILLA Y GESTIÓN EFICIENTE!
Para alcanzar estos objetivos son imprescindibles financiación, gestión y provisión públicas.
Enlace relacionado ElDiario.es (17/11/2021)
