Los familiares se preparan para plantar cara al nuevo modelo de residencias del Gobierno: "Es un fiasco" (04/07/2022).
La Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias convocará una manifestación el 17 de septiembre en Madrid para pedir "un cambio de talante y de postura".
- Critican que las ratios aprobadas son engañosas y muy reducidas, que no se ha limitado suficientemente el número de plazas en los centros y que el fin de las sujeciones llegará demasiado tarde.
- La ministra Ione Belarra se mostró "especialmente satisfecha" por lo acordado y la patronal aseguró que el nuevo modelo va a suponer "un incremento de precio muy importante".
"Papel mojado". "Decepción". "Vergüenza". Los familiares de los ancianos residentes en centros de mayores no dudan a la hora de poner adjetivos al nuevo modelo de residencias que este martes aprobaron el Gobierno y las comunidades autónomas después de varios meses de negociación. Critican que el documento final ha sufrido "numerosas amputaciones" desde que se elaboró el primero en septiembre de 2021. Por ejemplo, el nuevo modelo será menos exigente en cuanto a ratios de personal, en cuanto a inspecciones y en cuanto a número máximo de plazas. Y eso les ha enfadado. Tanto, que convocarán una gran manifestación en Madrid el 17 de septiembre para pedir "un cambio de talante y de postura".
El acuerdo es "un fiasco absoluto, más aún por encontrarnos en un momento histórico en el que parecía posible transformar el actual sistema de la dependencia, y caminar hacia un nuevo sistema residencial basado en la dignidad y el respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales", denuncia la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias (La Plataforma).
La andadura para alcanzar ese "nuevo sistema" comenzó más de un año después de que quedara demostrado que las residencias, tal y como estaban planteadas, no funcionaban. En un primer momento, como recuerda La Plataforma, los familiares tuvieron presencia y voz en las reuniones con el Ministerio de Derechos Sociales, el que ha comandado el acuerdo, algo que Paulino Campos, presidente de la Asociación de Usuarias e Familiares de Residencias (Rede) y uno de los portavoces de la Plataforma estatal, agradece. "Fue la primera vez que contaban con las familias en esto", señala.
Pero duró poco. "El Gobierno central, lamentablemente, se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas de los gobiernos autonómicos que, en definitiva, han intervenido, en buena parte de las ocasiones, como mera correa de transmisión de las patronales más importantes que operan en los servicios que comprende la Ley de Dependencia", señala el colectivo.
María José Carcelén, de la Coordinadora de Residencias 5+1 —organización catalana que forma parte de La Plataforma—, está convencida de que ha sido eso, la presión de la patronal, lo que ha conseguido descafeinar un acuerdo que, en inicio, sí les convencía. "Han desaparecido aspectos fundamentales del acuerdo inicial por presión de los empresarios y de las comunidades autónomas. Esto no va a resolver en absoluto el problema que existe en las residencias", critica.
El acuerdo, de hecho, se aprobó por un solo voto de diferencia. Los votos a favor fueron diez: los de la Extremadura —que había rechazado el anterior texto de acuerdo presentado en mayo—, Canarias, Navarra, Comunitat Valenciana, Asturias, La Rioja, Illes Balears, Cantabria, Aragón y Melilla. Los votos en contra, por su parte, nueve: los de Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta, Castilla-La Mancha —la única presidida por el PSOE que rechazó el documento—, País Vasco, Cataluña y Madrid. Esta última, en línea con la posición que ha mantenido durante toda la crisis del coronavirus, ya avanzó que se descolgará de lo consensuado y aplicará su propio modelo de atención residencial.
Tras la votación, la consejera madrileña de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, consideró "inasumible" el documento, "un texto prácticamente idéntico al presentado en la reunión del pasado mes de mayo y que fue retirado por el propio Ministerio ante la falta de consenso".
Por su parte, las patronales del sector pusieron en duda la viabilidad del acuerdo. Para el presidente de la Federación Empresarial de Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, por ejemplo, el documento "nace muerto" porque no está claro que sea "sostenible". "Queremos lo que no podemos, nos fijamos en un modelo nórdico que aplican los países más ricos de Europa", criticó. La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual, por su parte, aseguró que lo acordado va a suponer "un incremento de precio muy importante".
"No entendemos en qué se basan para decir eso", responde Carmen Martín, que pertenece a las organizaciones Marea de Residencias, Verdad y Justicia y Unión Residencias Leganés (URL). Porque para ellos, el acuerdo no cambia sustancialmente la situación que hay ahora en las residencias. "Nos parece un parche que no va a solucionar el problema tan grande que hay", critica.
No hay que hablar de ratios, hay que hablar de "presencias"
En primer lugar, porque no se exigen unas ratios que garanticen, como dicen todos las organizaciones consultadas, un cuidado digno de los usuarios. Según el acuerdo aprobado, consultado por infoLibre, a partir del 1 de enero de 2024 las residencias de mayores deberán tener una ratio de 0,31 cuidadores o gerocultores —lo que se considera "personal de atención directa de primer nivel"— por cada mayor dependiente. En las residencias para personas con discapacidad, por su parte, la ratio deberá ser de 0,42. Traducido: 31 o 42 cuidadores por cada 100 usuarios. El número se irá aumentando, según lo pactado, hasta llegar a 0,43 y 0,50, respectivamente, el 1 de enero de 2030.
Pero esto no es lo que establecía el primer documento. En aquel se exigía una ratio de 0,33 cuidadores o gerocultores en las residencias para mayores y de 0,42 en las dedicadas a personas con discapacidad desde el 1 de enero 2023. Ahora, la ratio de los primeros centros disminuye y además tendrán un año más de margen para adaptarse.
A las familias estos números ya les parecían pequeños, así que lo acordado les disgusta aun más. Como explica Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare, su propuesta era de 1,13 cuidadores por residente —es decir, 113 por cada 100. De ese modo, explica, nuestro país podría haberse acercado a las ratios de los países nórdicos, que se sitúan en 1 ó 1,2 gerocultores por residente —lo que se traduce en 100 ó 120 trabajadores por cada 100 usuarios.
Los números que planteaban, además, garantizarían una atención directa de cinco horas por residente al día —o 100 minutos por turno—, lo que actualmente se maneja en Alemania y poco más de las tres que están establecidas en Canadá. "Con las ratios del Ministerio, la atención va a ser de 69 minutos por turno al día", lamenta Vázquez Sarti.
Lo calculan así porque para las organizaciones de familiares, y para la de trabajadoras de Galicia (Traballadoras das Residencias de Galicia, Trega), lo importante, más que los números de ratio, son las presencias. El documento, según denuncia Sonia Jalda, presidenta de Trega, especifica el personal que debe estar contratado por el centro, pero no tiene en cuenta que una misma persona no trabaja ni las 24 horas del día, ni los siete días de la semana, ni los 365 días del año. Y que los gerocultores pueden tener bajas por enfermedad, por ejemplo.
De este modo, explica La Plataforma, los 31 cuidadores que se exigirán para cada 100 residentes a partir del 1 de enero de 2024 distarán mucho del trabajador por cada 3 residentes que dijo el Gobierno. Porque tienen que dividirse en turnos de mañana, tarde y noche, dice la organización, que concluye que lo acordado, en este sentido, no mejora nada. "Las presencias reales por turno son insuficientes para una atención digna y de calidad a los usuarios", lamenta Jalda.
Las residencias seguirán siendo demasiado grandes
El personal seguirá siendo insuficiente, por tanto, y las residencias demasiado grandes. Habrá un número máximo de plazas, sí, pero muy lejano del propuesto inicialmente. El pasado mes de diciembre, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 propuso que cada residencia debería tener, como mucho, 50 usuarios. Deberían, además, situarse en suelo urbano o contar con una buena red de conexiones con todo tipo de servicios por transporte público, en caso contrario. Este número de plazas, además, era aplicable a los centros que quisieran recibir la acreditación para dar servicio y a los que ya estaban en funcionamiento, que deberían adecuarse o bien dividiendo sus instalaciones o bien convirtiendo habitaciones de uso colectivo en individual.
"Ni nosotros, que éramos los más radicales, habíamos hecho una propuesta así. Las familias pusimos sobre la mesa un máximo de 60 plazas, así que nos dejaron boquiabiertos con esa cifra", reconoce Campos. Pero cuando se dio a conocer la propuesta "saltaron las alarmas del negocio", dice. Así, ya en el mes de mayo se habló de que los centros de nueva construcción tendrían que tener un máximo de 75 plazas para centros en zonas rurales, de 90 en zonas "de densidad intermedia" y de 120 para las residencias ubicadas en ciudades o espacios densamente poblados.
Así ha quedado dispuesto en el modelo aprobado, de forma que la limitación de plazas no afectará a las residencias ya en funcionamiento, sino a las que se abran en el futuro.
A juicio de las familias, estos números "no permiten considerar las residencias un hogar, sino un hotel", critica Carcelén. Y eso que el documento habla expresamente de que el objetivo del nuevo modelo de residencias lleve a cabo una "transición" que, entre otras cosas, haga de los centros para mayores espacios más "hogareños" y "confortables".
Pero es complicado también teniendo en cuenta que una gran parte de las habitaciones seguirán siendo de uso colectivo. En el primer documento propuesto se hablaba de que las personas residentes deberán disfrutar de espacios que respeten su intimidad, con baño propio y habitaciones personalizadas al máximo o compartidas con otros usuarios de manera permanente para garantizar un funcionamiento "tipo hogar". En el de mayo, por su parte, se mencionó que los centros nuevos deberían disponer de, al menos, "el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble".
¿Qué se especifica en el modelo aprobado? Lo mismo para los centros nuevos y lo siguiente para los que ya están en funcionamiento o en fase de construcción: un 10% de las plazas de titularidad pública o de titularidad privada con concierto en habitaciones de uso individual cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada; un 20% cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y un 25% cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas.
Para Trega, en cambio, lo necesario es que los centros tengan, como mucho, 80 plazas y, como poco, un 80% de las habitaciones de uso individual.
Servicios de inspección "suficientemente dotados"
Otro problema para las familias son las inspecciones. Instituciones como el Defensor del Pueblo ya aseguraron cuando pasó lo peor de la pandemia que uno de los problemas que habían convertido a las residencias en la zona cero de la crisis sanitaria había sido que los centros no funcionaban de manera adecuada y que, al haber pocas inspecciones, los problemas no se solucionaban. Así, el pasado mes de mayo, el organismo aseguró que era "urgente que las comunidades autómonas aumenten su capacidad inspectora, dado el gran número de residencias existente y los diferentes modelos de gestión".
Así se quiso también en el nuevo modelo, que en un principio estableció la obligatoriedad de un mínimo de un inspector por cada 30 centros. La cifra incluso se mejoró después, cuando se propuso que hubiera un inspector por cada 25. Pero el documento cambió en mayo. Y así se ha aprobado. Ya no hay alusión a números, solo se menciona que las comunidades deben contar con "servicios públicos de inspección suficientemente dotados". La razón esgrimida por el Gobierno para eliminar la cifra es que podía invadir competencias autonómicas, ya que son las comunidades quienes se encargan de prestar este servicio.
"Nosotras creemos que aquí también debería haber rarios. En Galicia por ejemplo hay seis inspectores para toda la comunidad e incluyen residencias de ancianos, centros de menores, centros de día, guarderías, centros de atención a dependientes y todo tipo de servicios sociales", critica Jalda.
¿Cómo es la situación en Europa? Como publicó infoLibre dentro de una serie de reportajes sobre el sector de las residencias de mayores en el continente elaborados por la organización periodística Investigate Europe, en algunos países no es mucho mejor. En Francia, por ejemplo, hay sólo 200 inspectores, demasiado pocos para los miles de centros del país. Solo en el norte de Italia, el inspector jefe de la autoridad sanitaria de Turín declaró ser el único que tenía que atender 400 residencias. En el caso de la Comunidad de Madrid, cerró 2021 con 27 técnicos destinados a inspeccionar los centros y servicios sociales de la región. Son solo cinco más que antes de la pandemia –en 2019 se situaba en 22–.
Las sujeciones se eliminarán... pero poco a poco
Otro de los aspectos que ha enfadado a las familias es el relativo a las sujeciones. El documento aprobado apuesta por eliminarlas, detallando que todos los usuarios de residencias "tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, y también libre de coerciones". De este modo, establece el documento, "los centros de atención residencial y centros de día deben tener un compromiso formal respecto a la atención libre de sujeciones y coerciones que se acreditará mediante la existencia de un Plan de atención libre de sujeciones que contemplará la supresión total y segura de las sujeciones siendo únicamente posible su utilización de manera excepcional".
Estas son, especifica, "situaciones [...] de urgente necesidad en las que exista un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad física de la persona usuaria, de las personas cuidadoras o de terceras personas y en las que previamente se haya constatado claramente el fracaso de otras medidas alternativas". La medida, además, "estará sometida a un procedimiento documentado que cuente con prescripción médica, supervisión técnica y con el consentimiento informado". Por último, deberá notificarse al Ministerio Fiscal.
¿Cuál es el problema para las familias? Que el Plan antisujeciones deberá ser aprobado por la Inspección antes del 30 de junio de 2025. Demasiado margen.
Una ministra "satisfecha" y una manifestación en Madrid
Aun así, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aseguró tras aprobar el nuevo modelo que se siente "especialmente satisfecha" de haber logrado "uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura". "Tras mucho tiempo de negociación y de trabajo, hemos aprobado un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia. Como todos los pactos importantes ha requerido muchas horas de diálogo pero finalmente lo hemos logrado de la mano de las comunidades autónomas", ha destacado Belarra.
Aun así, las familias ya se preparan para la manifestación que celebrarán en Madrid el 17 de septiembre. "Para mí es una decepción, un fiasco. El Ministerio había detectado muy bien los problemas pero no ha puesto soluciones nada acordes a solucionarlo. Además, presentan el acuerdo como una victoria cuando ha estado más cerca del fracaso", sentencia Campos, que añade que ahora tendrán que "recargar las baterías" para ver si, además, las comunidades adaptan la normativa, por escasa que sea.
Enlace relacionado InfoLibre.es 01/07/2022.
