Vacunación y exclusión sanitaria, la deuda en la lucha contra la pandemia (11/04/2021).
Cuatro meses después de iniciarse el plan de vacunación, incluir a las personas migrantes sigue siendo la gran cuenta pendiente del Gobierno y las comunidades autónomas. Sin un plan homogéneo a nivel estatal, se profundiza la exclusión y se pone en riesgo la salud comunitaria.
La pandemia ha puesto frente al espejo a nuestro sistema sanitario y ha demostrado que la salud de cada persona depende de la salud de las demás. Sin embargo, a cuatro meses del inicio de la campaña de vacunación, Gobierno y autonomías evidencian una falta de voluntad política para garantizar a todas el mismo derecho a la sanidad.
Desde que el Real Decreto Ley 16/2012 de Mariano Rajoy fijó las bases de la exclusión sanitaria, perpetuadas en 2018 por el gobierno de Pedro Sánchez, miles de personas migrantes han sido expulsadas del sistema sanitario público. La Covid-19 no ha cambiado la decisión de mantenerlas relegadas. Como muestra, en la estrategia de vacunación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no se menciona a las personas reagrupadas ascendentes de comunitarias y solo se nombra en una ocasión a quienes están “en situación administrativa irregular”.
“Esto tiene que ver con muchos años de convertir a los centros de salud en lugares de exclusión y no en lugares de cuidados. Cuando tú has estado dando mensajes a los administrativos de este no tiene derecho, aquel tampoco, mensajes donde no importa la salud de la persona sino simplemente su situación administrativa, la consecuencia es que ahora se sigue practicando la misma exclusión. Y en una pandemia, nos afecta mucho más a todas”, explica Nacho Revuelta, médico del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) e integrante de la plataforma Yo Si Sanidad Universal.
Matilde, uruguaya, fallecía víctima de la Covid el pasado mes de enero a los 79 años. Médica investigadora jubilada, llevaba dos años en España, donde residen su hijo y su nieta, ambos de nacionalidad española. “Esta es la explicación breve. La realidad es que falleció después de dos años de serle denegada la asistencia sanitaria. Hemos dejado de ser pacientes, somos clientes y no solo no tenemos la razón, la culpa recae una y otra vez en el cliente-paciente. El primer pretexto fue que no se había empadronado a tiempo, luego que tenía un seguro de viaje (obligatorio), después que no era bastante. Siempre hay un plazo, un papel que falta, un trámite que no se ha hecho bien”, explicaba en facebook una familiar.
Muchas personas reagrupadas, mayores de 65 años, se encuentran en la misma situación. Obligadas a contratar un seguro privado o condenadas a la no atención. Algunas forman parte del Grupo de Afectados y Afectadas por el INSS y presentaron a finales de febrero una carta ante el Sermas advirtiendo de la necesidad de ser tenidas en cuenta. “Querríamos alertarles sobre la falta de acceso al sistema de salud de nuestro colectivo, solicitándoles que se asegure nuestro acceso a la vacunación frente a COVID-19, sin que este se vea imposibilitado por nuestra actual exclusión del sistema”. Continua sin respuesta.
En esas mismas fechas, Erika Cavero, española de origen peruano, comenzó a buscar una solución para sus padres reagrupados, de 76 años. En el Centro de Salud le dijeron que ellos no sabían nada, que hablase con su seguro privado, y en el seguro que la vacuna estaba en manos del Estado. Otra vez al centro y de nuevo que no podían hacer nada, pero se quedaban con sus datos para llamarla “si surgía algo”. Registró una queja.
Llamó al Instituto Nacional de la Seguridad Social, llenó un formulario en la web del Sermas y en pocos días le contestaron que la vacuna “estaba garantizada”. Le avisaron de su centro para derivarla al de Vacunación de General Oraa. “Después de media hora de discusión telefónica, la persona que me atendía accedió a hablar con un superior. Al rato me confirmaron que iban a vacunar a mis padres, que estuviera atenta a las fechas para los de su edad y volviera a llamar”, comenta. Sigue esperando.
Lo paradójico es que desde el 4 de marzo la Comunidad de Madrid, requerida por algunos profesionales médicos, ha reconocido el derecho a vacunarse de todas las personas con independencia de su situación administrativa. “Consultado con aseguramiento. Tras garantizar identificación, que entran en rango de edad y que van a permanecer el tiempo suficiente en la CAM se debe vacunar y registrar en RUV (ficha manual)”, respondía Gerencia vía email. El reconocimiento no se tradujo en una instrucción y, por ahora, la comunidad lo mantiene en ese marco de semi-secreto.
Lo sufre María Guido, que lleva tres semanas intentando vacunar a su madre de 78 años. También española de origen peruano, es vecina de Torrejón de Ardoz, donde ha hablado con las trabajadoras sociales del Centro de Salud Los Fresnos y del Ayuntamiento. Nadie sabe nada, no hay solución.
“Al no haber sido una instrucción por los cauces normativos habituales, en muchos centros de salud lo desconocen. Entonces a las personas que se acercan a preguntar por la vacunación de sus padres, les siguen diciendo que no tienen derecho. Ni lo saben los centros de salud ni las personas afectadas”, asegura Revuelta.
En las últimas semanas, Yo Si Sanidad Universal ha recibido una veintena de consultas de personas excluidas del sistema sanitario preocupadas por su vacunación. Algunas, como Rosa, después de llamar a muchas puertas, ha logrado que desde el centro de General Oraa le den cita para que en mayo sean vacunados sus progenitores.
Quienes han podido hacer valer su derecho son algunas de las personas migrantes que trabajan en los cuidados, el sector con mayor riesgo de contagios después del personal sanitario. Desde la Asociación Senda de Cuidados confirman que personal médico al tanto de la respuesta de la Gerencia, se puso en contacto con ellas para informarlas de que la CAM reconocía su derecho y citarlas para vacunarse.
Una situación similar se vive en la Comunidad Valenciana. Si bien las autoridades no han publicado ninguna instrucción para los centros de atención primaria, el 3 de marzo la directora general de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente de la Generalitat, María Llanos Cuenca, informaba de las vacunas a la Asociación València Acull.
“Se va a suministrar de forma gratuita a toda la población residente en la Comunitat Valenciana, con independencia de que sean o no migrantes, siendo incluidos en el grupo de prioridad que les corresponda según su situación”, respondía a la ONG. Y especificaba que las personas sin DNI o empadronamiento debían acercarse al centro de salud más cercano a su lugar de residencia “a efectos de tramitar su inclusión en el Sistema de Información Poblacional SIP”.
En València Acull conocían casos previos de exclusión de personas sin empadronar y solicitaron a la Consellería que diera instrucciones sobre la decisión. “Creo que no lo hacen porque esto no ha sido una práctica común y, ahora, ponerlo en marcha significa mover toda la burocracia administrativa para que se reconozca ese derecho”, explica Francisco Simón, del Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de la organización.
“Igual que han hecho campañas informativas con cuñas en la radio, anunciando las restricciones o los grupos de edad a vacunar, que hagan lo mismo. Una campaña potente informando a la gente que, con independencia de su situación administrativa, tiene derecho a vacunarse y si no tienen tarjeta sanitaria, pueden obtenerla en su centro de salud con el pasaporte”, reclama Simón. “Mientras no se diga que tienen derecho y que, además, no se les va a cobrar por ello, difícilmente se pueda llegar a todos”, asegura.
Por su parte, el coordinador de Médicos del Mundo Euskadi, Santos Arrieta, confirma que en conversaciones con autoridades de salud les han asegurado “que se va a atender a todo el mundo, pero –matiza– es cierto que no hay nada oficial”. Allí, la ecuación se repite: quien no tiene tarjeta sanitaria no se acerca al centro de salud, porque sabe que no le van a atender, o el personal administrativo entiende que no cabe el derecho, porque es su práctica habitual.
“Hay que poner el foco en el plano del reconocimiento del derecho y en el plano de la salud pública. En la medida que el proceso de vacunación avance en los rangos de edad, va a haber un número de personas que o bien no van a tener acceso o no van a contar con la información suficiente. Y por otro lado, están las barreras casi habituales que se producen desde el sistema, garantizar que la información llegue en tiempo y forma a los trabajadores sanitarios es difícil”, manifiesta Arrieta.
En tal sentido, afirma que la solución “sería tan fácil como reconocer el derecho a todas” y advierte que las diferencias de criterios entre autonomías puede hacer que la vacunación se convierta en una desigualdad más. “Hay muchas casuísticas, por ejemplo, las personas en tránsito. ¿Qué pasa con la vacunación de las que recién comienzan el proceso migratorio y tal vez piensan continuar viaje a otros países? ¿Cómo se va a abordar?”, pregunta.
“Debería haber un acuerdo estatal. Parece ser que en estas reuniones del Consejo Interterritorial ni se ha abordado hasta ahora. Al final estamos un poco a la buena voluntad de lo que quiera hacer la autonomía de turno”, corrobora Francisco Simón desde Valencia.
Catalunya y Andalucía
La Consejería de Salud y Familias de Andalucía publicó a principios de marzo un comunicado en el que dejaba claro que “el único requisito previo será que tengan su residencia legal en Andalucía”. Con esa frase el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, José María de Torres Medina, confirmaba que la Junta decidía excluir a miles de personas migrantes que, por ejemplo, han sido esenciales en los trabajos del campo.
Se estima que son unas cincuenta mil personas las que se quedarían sin vacunar solo en Andalucía. Unas quinientas mil en todo el Estado. “Nos preocupa que ninguna de las estrategias públicas de vacunación del Ejecutivo de Bonilla contemple planes de implementación específicos que atiendan a las distintas realidades de las personas en situación administrativa irregular”, cuestiona la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
“La igualdad en el acceso a la vacuna es una cuestión indispensable en una estrategia de salud pública que exige mecanismos y actuaciones proactivas que garanticen que todas las personas que habitan Andalucía serán vacunadas, sin tener en cuenta su situación documental y si tienen o no tarjeta sanitaria”, exige la APDH, que impulsa la campaña #TodasyTodosConVacuna.
Por su parte, el Departament de Salut de Catalunya ha habilitado recientemente un formulario de identificación para la vacunación de las personas desplazadas residentes sin tarjeta sanitaria individual (TSI) o documento identificativo para la cobertura sanitaria pública.
“El formulario levanta ciertas suspicacias y es normal que haya personas en situación administrativa irregular que no estén muy seguras dando sus datos. No alcanza con poner un formulario online. Hay que bajar a los barrios y hablar con las comunidades de migrantes, racializadas, afrodescendientes, culturales, lo que sea necesario”, refieren fuentes consultadas que, no obstante, admiten que “es mejor eso, que el no tener opción”.
Como recuerdan desde Yo Si Sanidad Universal, la pandemia ha dado una “oportunidad de oro” para mejorar el acceso al sistema sanitario. “Mantener la exclusión dentro de una pandemia es poco inteligente, poco útil para la salud pública y desde el punto de vista de los derechos humanos es insostenible, porque estamos hablando del derecho a la salud y del derecho a la vida”, define Nacho Revuelta.
“Más que nunca, aunque sea desde un punto de vista egoísta, a nadie le interesa tener un grupo de población excluida, que puede enfermar y transmitir la enfermedad”, explicita el portavoz de Yo Si Sanidad Universal. A cuatro meses de iniciarse el plan de vacunación, la vida de muchas personas en grupos de riesgo sigue desatendida y, a la luz de los hechos, no parece ser una preocupación inmediata del Gobierno y las autonomías.
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