Trabajadoras de ayuda a domicilio ven positivamente el avance en sus reivindicaciones (13/12/2022).
A la espera de que se presente el decreto ley prometido por Yolanda Díaz, las empleadas de este servicio esencial consideran “histórico” el paso hacia una legislación que permita la evaluación de riesgo laborales que sufren en cada puesto de trabajo.
“Tuvimos una impresión buena porque el decreto ley está hecho y tuvieron en cuenta las aportaciones que desde las distintas plataformas hicimos y registramos”. Así de positiva se muestra Carmen de Diego, una de las portavoces de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Esta unión de asociaciones por todo el Estado lleva más de cuatro años reivindicando aspectos tan consolidados en otros trabajos como la evaluación de riesgos laborales en sus puestos de trabajo, el reconocimiento de las enfermedades laborales que sufren o la bajada de la edad de jubilación. Después de ir a Bruselas, tener reuniones con todos los agentes y manifestarse en la calle -las últimas movilizaciones este pasado mes de noviembre-, las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio parecen haber sido escuchadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
“La ministra, Yolanda Díaz, dijo que tiene la firme decisión de llevarlo al consejo de ministros y por eso aceptamos la reunión”, explica de Diego que relata las cuatro reuniones que tuvieron en 2020, la publicación del borrador del texto donde ellas registraron alegaciones y el paso definitivo que dará el ministerio antes de llevarlo al Consejo de Ministros, que será convocar a los grandes sindicatos. “No sabemos la fecha pero sabemos que llegará el real decreto”, confía. Para Carmen y sus compañeras —se calcula que cerca del 98% de las personas que desempeñan este trabajo son mujeres— se trata de una “alegría muy grande para nosotras”. “Que se pueda evaluar cada puesto de trabajo -comenta- y que esos riesgos se puedan relacionar con cada lesión y enfermedad que tenemos porque llevar a cabo esta enfermedad es importantísimo e histórico”.
De momento, lo que se sabe es que el Ministerio mostrará en el decreto ley una manera de que los inspectores accedan al domicilio de los usuarios, el centro de trabajo habitual en este sector, y pese a ser un espacio privado, puedan comprobar la situación de seguridad y riesgos laborales como otro espacio de trabajo más. “Si las trabajadoras sociales pueden entrar en las casas a hacer el informe de dependencia, se quedan con documentos tan personales como los informes médicos y no hay problema, ¿por qué lo hay en una inspección de riesgos laborales? Puede entrar hasta el del gas a leer el contador pero no puede hacerlo un técnico de riesgos laborales”, opinan y denuncian que la remunicipalización de los servicios también ayudaría en esa cuestión.
Se trata de algo reivindicado por las trabajadoras ya que sin esa evaluación, carecen de base para que se les reconozca las enfermedades laborales que sufren. De hecho, este reconocimiento, así como el de bajar la edad de jubilación por el esfuerzo y consecuencias que tiene en su salud las tareas de su trabajo, tendrán que ser abordadas desde la cartera de Seguridad Social. “Ellas son las invisibles de las invisibles”, subrayó Díaz a los medios después de la reunión, incidiendo en su compromiso personal de sacar la norma. Una norma a la que se opondrán, previsiblemente, las grandes empresas que prestan estos servicios, según las trabajadoras.
Derechos laborales y de los usuarios
Otras de las reivindicaciones que estas trabajadoras ponían sobre la mesa en su acampada de 2021 en Madrid o las demás movilizaciones son la sostenibilidad del sistema. además de reformar el sistema de Dependencia y reducir la lista de espera para acceder a este derecho, las trabajadoras piden que no se evalúe su profesión. Un trabajo que por la externalización de los servicios, sobre todo a nivel municipal, ha acabado siendo “un sistema de limpieza low cost” en lugar de poder dar la asistencia sociosanitaria que les reconoce su grado profesional y su formación. Esto unido a la precarización de sus condiciones laborales -inestabilidad, horas reducidas, salarios bajos- hace que no haya una llamada para que se incorporen nuevas profesionales. “Cuando hacen las prácticas, ven qué servicio en realidad quieren que hagan y lo dejan”, explican.
La propia de Diego resume perfectamente la realidad de estas trabajadoras, que ya rondan los 50 en su mayoría: “Somos mileuristas si llegas a la jornada completa, pero la mayoría hacen menos. Tenemos contratos con la jornada partida, por la mañana y la tarde, donde a veces tenemos que salir de casa solo para hacer un servicio de media hora. Tenemos contratos eventuales alargados por años. Muchas veces nos cambian el horario incluso en el mismo día. Y las cotizaciones, con la parcialidad de las jornadas, se resiente mucho a la hora de la jubilación”. Se espera que el decreto ley que pruebe Trabajo también incluya protocolos de actuación y formación para prevenir el acoso laboral y sexual en el entorno de trabajo, algo muy común para las auxiliares al trabajar de una manera aislada, ser mujeres y estar en espacios privados fundamentalmente.
Según inspección de Trabajo, en 2022, se han realizado 3.026 actuaciones en el ámbito de la dependencia, que han derivado en 489 infracciones y sanciones por 1,5 millones de euros, así como requerimientos a tres administraciones y 1.344 empresas.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 10/12/2022.
