Un instituto no aprecia acoso sobre una alumna que acabó internada en psiquiatría (08/06/2023).
El IES Cardenal Herrera Oria de Madrid asegura que no ve indicios suficientes de acoso sobre una alumna que sufre ansiedad, depresión y trastornos alimenticios tras denunciar agresiones sexuales y ciberbullying.
En diciembre de 2022 Sofía —nombre ficticio— comenzó a decir que no quería ir al instituto. Cursa 2º de la ESO en el IES Cardenal Herrera Oria, situado en el norte de Madrid. Cuenta Juan —también nombre ficticio—, su padre, que comenzó a perder peso llegando a los 39 kilos. Luego llegaron los pensamientos suicidas, los intentos autolíticos, las autolesiones. Un día fueron de urgencias al Hospital La Paz, donde, tras cuatro días ingresada, tomaron la determinación de trasladarla a la Clínica de salud mental Nuestra Señora de la Paz, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, donde permaneció un mes interna en el área de psiquiatría. A ella llega con “sintomatología ansiosa, depresiva y alimentaria”, tal y como se refleja en el informe de la clínica. Y es también en este lugar donde comienza a verbalizar el acoso escolar que se escondía tras su trastorno en la conducta. “A lo largo del ingreso explicita haber sufrido acoso escolar incluso con agresiones físicas, lo que modula su malestar anímico y su angustia ante la perspectiva de vuelta a centro educativo”, se lee en el informe.
“Estuvo un mes y dos días ingresada por depresión y ansiedad, con tres intentos de quitarse la vida. La segunda semana de terapia empieza a contar que ha sufrido daño y acoso y que sentía impotencia porque no podía contárselo a sus padres. Empezó a almacenar todo eso dentro de sí”, cuenta Juan a El Salto. Sofía salió de la clínica el 5 de mayo de 2023. Hace dos semanas explotó del todo y contó a una amiga por WhatsApp que, además de acoso, había sufrido una agresión sexual en el baño del instituto por parte de dos alumnos el 13 de octubre de 2022. También había sido víctima de ciberacoso; una semana después de la agresión le habían pedido fotos desnuda que después habían circulado entre los acosadores. Así se refleja en el atestado policial de la denuncia interpuesta por este padre y esta niña el pasado 16 de mayo.
Antes de esto, el 17 de abril, cuando la niña comenzó a verbalizar el acoso estando ingresada en la clínica, Juan acudió al instituto a transmitir lo sucedido. Se abre con ello un protocolo de acoso al que ha tenido acceso El Salto. El 27 de abril se reúnen director, jefe de estudios, tutor, orientador, dos profesores encargados de recabar información y el coordinador de bienestar. Concluyen que “no hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes”. Se decide prolongar las investigaciones con una próxima reunión el 11 de mayo. Juan asegura que no ha vuelto a tener noticias del centro.
Acoso en aumento
Pero Juan también recuerda que esta historia empieza antes del instituto, mucho antes. Sofía comenzó su escolarización en el CEIP Cardenal Herrera Oria, donde cursó Infantil y Primaria. Según relata su padre, en primero de Primaria sufrió algún episodio de acoso que el entorno consideró “cosa de niños”. En quinto y sexto sufrió agresiones, lanzamientos de la pelota a la cara e insultos, tal y como explica Juan. Agresiones que han conocido mucho después. “Ella no nos contaba nada y cuando pasa al instituto decidimos seguir en el mismo sitio. En primero de la ESO empezaron problemas graves, le abrieron la mochila y le quitaron sus cosas. Denuncié ante la tutora. Venía con moratones en las rodillas y en las muñecas que ella aseguraba que se había hecho jugando al vóley”, explica este padre, quien asegura que la tutora llegó a enviarle un correo electrónico diciendo que la niña se sentía muy triste y que la iba a sentar con otra compañera “y ya está, no se intentó llegar más a fondo”.
María José Fernández Pérez, presidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar (AMACAE), que ha acompañado este caso, se muestra muy sorprendida por la actuación del instituto. “No me puedo creer que no vean el acoso, con los informes que hay, y que cierren los ojos ante el abuso sexual...”, lamenta Fernández, quien avisa de que el camino que lleva el protocolo contra el acoso sufrido por Sofía es la “tónica general”: se abre el protocolo, luego se investiga y después se cierra sin más. “En un colegio cerraron el protocolo en tres días”, incide. “Mientras el colegio sea juez y parte, el protocolo te da la opción de mentir. El director que no quiera reconocer el acoso puede cerrarlo y ya está. Cuando los padres continúan por la vía de la justicia, esos protocolos llegan al juez, algunos con páginas sin rellenar. Otros los empiezan cuando el menor ha salido ya del centro y se enfrentan a una denuncia por la vía judicial”, expresa Fernández.
Y alerta: la situación es preocupante. “Ahora mismo llevamos más de 100 casos de manera presencial, un 30% más que el año pasado”. Fernández sitúa la pandemia como punto de inflexión. “De la pandemia para acá se ha incrementado mucho. El profesorado está sobrepasado y los niños manifiestan mayor agresividad, con más agresiones físicas. También ha aumentado el ciberbullying, muy sibilino, muy elaborado y muy dañino”, añade.
Según los datos del teléfono de ayuda a la infancia de la fundación ANAR, el 45,1% de los casos atendidos se refieren a la salud mental; y destaca entre ellos la conducta suicida, que se ha multiplicado por 34,8 en la última década y es ya el principal motivo de consulta. “El uso de la tecnología y el acceso a las redes sociales están implicados en todos estos fenómenos y los atraviesan y potencian de forma transversal”, reza el informe.
Sin apoyo
Mientras tanto, Sofía lleva sin acudir al colegio desde enero de 2023. Su familia se encuentra actualmente batallando para conseguir un apoyo escolar en su casa, cosa que tampoco está siendo fácil, explican. Con mucho esfuerzo han conseguido un curso de 50 horas de matemáticas. Este martes, el centro ha notificado a la familia que la menor debe de acudir de manera presencial a realizar sus exámenes, cuando acercarse a la institución va en contra de su proceso de recuperación, afirma su familia.
“Cuando mi hija salió de la clínica hablé con la inspectora de zona. A dos semanas de terminar el año he conseguido que a mi hija le manden deberes pero no tiene ningún apoyo. Hoy [el viernes 2 de junio] hemos conseguido que el profesor de matemáticas nos proponga que se conecte a las 9, pero a esa hora mi hija estaba dopada y metida en la cama. No ha recibido ninguna clase online nunca. El día 13 le van a hacer un curso de 50 minutos de matemáticas”, explica Juan, quien solo espera que, al menos, le concedan el cambio de centro que ha solicitado ante la Dirección de Área y pueda ir al instituto que ha elegido donde conoce a gente y tendrá más apoyo emocional.
Desde el instituto, con quien El Salto ha intentado contactar sin obtener respuesta, se amparan en que si Sofía no acude al centro por enfermedad “debe solicitar el servicio de apoyo educativo domiciliario (SAED)”. “Un servicio que tarda dos meses en activarse, es imposible”, explica Juan, quien no entiende que, con todo el sufrimiento que acumula su hija, ni siquiera se le faciliten las clases online. “La víctima ha tenido que apartarse del centro, el padre ha tenido que rogar para que pueda seguir estudiando en casa. Ha tenido que acudir a la Dirección de Área ¿Hay que llegar hasta esos límites? ¿Por qué se ha tardado en darle los deberes? Encima de ser víctima, está abandonada. Es tremendo”, apoya la presidenta de AMACAE.
Más casos
No es la primera vez que el colegio de Sofía es señalado por mala praxis frente al acoso. En julio de 2017, la directora del colegio dimitía después de que eldiario.es publicara la historia de dos alumnos que denunciaron bullying ante la inacción de la institución. Un mes después, la Comunidad de Madrid reconoció errores sucedidos en este centro.
En octubre de 2019, El Salto publicó la historia de Camila, quien recibió acoso racista por el alumnado en este centro y obtuvo una sentencia que condena a la Comunidad de Madrid por las deficiencias en la actuación. En la sentencia se recogía que ha existido un “funcionamiento anormal del servicio público, causante de un daño al perjudicado que no tiene el deber jurídico de soportar”.
Petra Ferreyra, madre de Camila, y portavoz de la plataforma contra el bullying Suspenso al Racismo, valora que en estos años poco ha cambiado la situación. “Entre 2017-2018 se destaparon más de cuatro protocolos cuando Camila se fue del centro. Desde entonces ha fallado la maquinaria para la prevención de estos problemas de convivencia. El hecho de no haber realizado charlas de prevención para resolver estos problemas en Primaria, ha llegado hasta Secundaria donde estos chavales, que no han recibido una llamada de atención, se han convertido en depredadores sexuales. La prevención es para evitar que los acosadores se conviertan en maltratadores. No se ha trabajado de fondo con los acosadores y esto es lo que ocurre”, expresa Ferreyra.
Ferreyra se muestra muy crítica con los protocolos de acoso, que considera “obsoletos” ya que desde la Consejería de Educación no se ha hecho un trabajo de campo para ver si están funcionando. Y se llega a extremos como el de Sofía. “Cuando se abren protocolos de acoso y la situación es tan terrible que el menor tiene un proceso de estrés postraumático que no puede ni acudir a clase ellos se escudan en que si no llevas al centro al menor no pueden comprobarlo, pero tendrían que tener en cuenta todos los informes que avalan la situación del menor, hacer una investigación interna, hablar con los acosadores. Parece que si el menor no está en el centro, muerto el perro se acabó la rabia”, expresa esta madre afectada.
El protocolo establece una secuencia básica de actuación que se desencadena después de la comunicación de los hechos. Tras esto vendrían las averiguaciones y la toma de información, una reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar y, por último, la intervención específica en caso de acoso que incluye un Plan de intervención del centro, “que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica”. Después, hay que realizar una comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el centro y luego a la Dirección de Área Territorial correspondiente. En la práctica, y según denuncia Ferreyra, estos protocolos están más centrados en señalar el perfil de la víctima, más que en analiza y atajar las actuaciones de los posibles acosadores.
Para esta madre afectada, estamos ante un problema a nivel sociedad. “Hay falta de recursos, falta de formación en el profesorado. No hay sensibilización en los centros, cumplen un proceso burocrático para cubrirse las espaldas cuando deberían de apoyar a la víctima. Hay un problema pero parece que a la administración no le interesa porque es necesario invertir en Educación para que se solucione”, zanja.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 07/06/2023.
